La organización Artículo 19 señala también que la impunidad en las agresiones previas a Cándido Ríos Vázquez derivó en su homicidio.

CIUDAD DE MEXICO, 23 de agosto de 2017.- La organización civil Artículo 19 confirmó que el periodista Cándido Ríos Vázquez fue asesinado junto con otras dos personas, la tarde de ayer 22 de agosto, en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

De acuerdo con la agrupación, Ríos Vázquez, conocido como “El Pabuche”, fue fundador del medio La Voz de Hueyapan y llevaba más de una década laborando como reportero para el medio Diario Acayucan. Cubría de forma relevante temas de corrupción y política, así como denuncias ciudadanas en su localidad.

Varios periodistas y corresponsales de la región, a quienes se mantiene en anonimato, manifestaron que Ríos Vázquez publicaba sobre causas de justicia social y era una voz crítica de la región de Acayucan por sus continuos señalamientos e indagatorias acerca de vínculos corruptos y desvío de recursos por parte de funcionarios en obras públicas locales.

En un video grabado por el propio periodista previo a su asesinato señaló: “Nos acribillan (…) a sabiendas que nuestras armas no disparan balas, disparan verdades (…). Por los delitos de hablar con la verdad (…), tratando de abrirle los ojos a mi gente. Las verdades no ofenden, simplemente incomodan”.

Al momento de la publicación de esta alerta, no se tienen detalles sobre el número ni la identidad de los perpetradores materiales.

Derivado de amenazas recibidas por su cobertura periodística, Cándido Ríos Vázquez decidió incorporarse al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), desde 2013.

De acuerdo con fuentes periodísticas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, afirmó en una conferencia de prensa, que el periodista contaba con medidas de seguridad, entre ellas, cámaras de vigilancia en su vivienda, chapas de seguridad y un botón de pánico.

El funcionario federal descartó, sin fundamentos, que el asesinato de Ríos Vázquez estuviese vinculado a la actividad periodística, a pesar de que aún no se han llevado a cabo las investigaciones del crimen, ni se han agotado las diligencias necesarias de manera exhaustiva.

“La ‘protección’ fue recibida por las denuncias públicas y periodísticas en contra del ex alcalde Gaspar Gómez Jiménez, quien lo amenazó de muerte en diversas ocasiones, por los señalamientos que Ríos Vázquez hacía en este medio”, menciona Diario Acayucan, en un boletín emitido el día del asesinato.

En efecto, Gaspar Gómez ha sido señalado como sospechoso de la desaparición del regidor Leovigildo Ciau Medina en 2010. Fuentes consultadas por Artículo que decidieron permanecer anónimas corroboraron que Ríos Vázquez encaminó buena parte de su investigación periodística al tráfico de influencias del ex alcalde en el Congreso local, por ejemplo, la protección brindada a Gaspar Gómez por parte del diputado Jorge Carvallo. De acuerdo al periodista, este tipo de influencias frenaron el desafuero contra Gaspar Gómez y por ende, su sometimiento a un proceso judicial.

En el ámbito local y de acuerdo a información oficial pública difundida por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) del estado de Veracruz, esta institución “le brindaba asesoría legal, a través de nuestra Dirección Jurídica respecto a la denuncia presentada en el año 2012 ante la entonces Procuraduría General del Estado de Veracruz, con número de investigación ACA/793/2012”.

A pesar de la existencia de dicha denuncia por delitos relacionados con amenazas de muerte contra del periodista, ni la entonces procuraduría, ni la actual Fiscalía General del Estado de Veracruz emprendieron a cabo investigaciones que ayudasen a sancionar a los responsables. Esta impunidad está estrechamente relacionada con el riesgo que enfrentó el periodista desde 2012 y que desgraciadamente culminan con su asesinato.

Noveno periodista asesinado en 2017

De acuerdo a la documentación de Artículo 19, Ríos Vázquez es el noveno periodista asesinado en México en lo que va de 2017. Después del asesinato del periodista Cecilio Pineda, en Guerrero, el pasado mes de marzo, Cándido se ha convertido en el segundo periodista asesinado, a pesar de haber contado en algún momento con medidas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Estos asesinatos reflejan la problemática estructural de casos en los que autoridades, tanto locales, como federales, conocen de agresiones previas sin combatir la impunidad, ni actuar en contra de los perpetradores directos, ni intelectuales de las agresiones.

En un segundo plano, ponen de relieve las fallas del sistema de protección en México y la falta de medidas adecuadas que logren salvaguardar de manera efectiva la integridad de periodistas, en los casos en los que las autoridades tienen plena información de la situación de riesgo en la que se encuentran.

En este tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que: “…los Estados tienen la obligación de adoptar medidas especiales de prevención y protección de los periodistas sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión.” (Sentencia Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Para 194)

El actuar oportuno y efectivo de las autoridades del Estado Mexicano tanto locales como federales pudo prevenir el asesinato de otro periodista y con ello evitar también la privación del derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos relevantes de corrupción y política.

No obstante que desde 2015 se firmó en Veracruz un convenio para generar un sistema de alerta temprana para prevenir agresiones contra periodistas y permitir la libertad de expresión entre autoridades estatales y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las agresiones persisten.

Más agresiones a la prensa en Veracruz

De acuerdo con el Informe Semestral de 2017 de Artículo 19, Veracruz figura como el estado con más agresiones contra la prensa, junto con la Ciudad de México. En total se registraron 28 agresiones de enero a junio de este año; esto en un contexto nacional donde se registran 1.5 agresiones por día.

Cabe destacar que desde que Miguel Ángel Yunes Linares asumió la gubernatura de Veracruz, tres periodistas han sido asesinados. Además de Ríos, los otros periodistas son Ricardo Monlui, asesinado el 19 de marzo, y Edwin Rivera, asesinado el 9 de julio.

Por lo anterior, Artículo 19 exigió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que se revise de manera exhaustiva y diligente su proceder ante las investigaciones iniciadas con anterioridad por las amenazas proferidas contra Cándido Ríos.

En este sentido, destacó, resulta relevante que se inicien los procedimientos administrativos y penales correspondientes a efecto de que se determinen las responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía que con sus omisiones, generaron impunidad e incentivaron la escalada de violencia contra el periodista, misma que culminó en el ataque letal cometido ayer.

La organización también exhortó a la FEADLE a que en función de su obligación constitucional establecida en el artículo 73, fracción XXI, así como en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atraiga la investigación del asesinato de Ríos Vázquez y que efectúe una investigación diligente, técnica, objetiva, exhaustiva e imparcial que tome en cuenta la labor periodística como línea principal de investigación. Esta investigación debe garantizar los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño para su familia.

De la misma manera, Artículo 19 demandó al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob a que elabore un informe público sobre las medidas provistas, así como las acciones que se emprendieron para disminuir el riesgo del periodista Cándido Ríos Vázquez y haga una revisión exhaustiva de los procesos y medidas implementadas que coadyuve a evitar la repetición de agresiones a periodistas incorporados al mecanismo.

Desde Artículo 19, “mantenemos la convicción de que las medidas de protección o seguridad por sí solas no son suficientes para frenar la ola de violencia contra la prensa. Mientras dichas medidas no sean acompañadas de una investigación diligente, los perpetradores tienen la posibilidad de incrementar las agresiones, llegando incluso a la violencia letal”.