Por Tlachinollan

En el marco del 163 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, don Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández espetó a la delegación mexicana encabezada por Roberto Campa, subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación: “qué es lo que está pasando con el estado mexicano? ¿Cuál es su preocupación de no llegar a la verdad? ¿A quién está encubriendo o cuál es el problema de por qué no sabemos absolutamente nada de nuestros hijos?… Yo veo a mis compañeros desesperados, enojados. A las madres desilusionadas por el gobierno, por tanta mentira. Yo no le veía caso venir (a Lima Perú). Viajar tantos kilómetros a otro país, para verles la cara y que no nos digan absolutamente nada. Que no tengan una respuesta y que no hayan hecho su trabajo. Desgraciadamente el Estado mexicano, para los 43 padres de familia, es un mentiroso.”

En su turno, doña Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, expresó con mucha contundencia: “El gobierno mexicano no ha utilizado la tecnología en la búsqueda de nuestros hijos. Dice que tiene 5 mil celulares que está analizando, que va despacio. Por eso nos lleva mentira tras mentira. Lo que hoy nos damos cuenta es que el gobierno mexicano no tiene interés en buscar a nuestros hijos. Porque son ellos los que se están cubriendo y no quieren que se sepa la verdad. Utilizó la tecnología para espiarnos a nosotros los padres de familia, como a mi compañero don Mario y a nuestros abogados. No les importan nuestros hijos, por eso dicen mentiras.

Gracias al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) supimos que el caminante esa noche del 26 coordinó las llamadas, y hasta el día de hoy no lo han identificado. El gobierno utiliza la tecnología para investigar a la gente, a los periodistas que levantan la voz. Por eso les digo delante de los comisionados, que nosotros los padres de familia no nos vamos a callar hasta dar con el paradero de nuestros hijos. Como dijo el comisionado Paolo: si el gobierno tiene buena tecnología para buscar al Chapo Guzmán, por qué para buscar a nuestros hijos no la ha utilizado, si ya llevamos más de 33 meses y no sabemos nada de ellos.”

En esta audiencia se hizo patente por parte de la representación legal de los padres y madres de los 43 estudiantes, que el gobierno mexicano ha ocultado información tanto al GIEI, como a la misma Comisión Interamericana. Lo peor es que las altas autoridades han protegido a funcionarios que actuaron ilegalmente en la investigación, como sucedió con Tomás Zerón de Lucio, ex director de la agencia de investigación criminal de la PGR.

Lo más indigno para el gobierno federal es su malignidad ventilada a nivel internacional, por espiar a los abogados que acompañan a los papás y mamás de los 43. Con extrema perversidad intervinieron sus celulares para extraer ilegalmente información. En lugar de abocarse a investigar a los personajes siniestros que tuvieron que ver con la desaparición de los 43 estudiantes, como el patrón o el caminante, dilapidan dinero para espiar telefónicamente a periodistas y a personas que defienden los derechos humanos.

La delegación del estado mexicano fue severamente cuestionada por los mismos comisionados y la presidenta de la CIDH, por su trabajo sucio y por su discurso falaz. Con justa razón don Mario y doña Cristina cuestionaron el actuar de las autoridades. Reiteraron su reclamo ante tanta indolencia y remarcaron su total desconfianza. Escuchar informes sin que hayan detenido a los policías de Huitzuco ni a los policías federales, como se acordó en el cronograma presentado por el mismo gobierno a la Comisión Interamericana, era escuchar palabras huecas, carentes de seriedad y faltos de verdad. Para los padres y madres es repudiable simular compromisos incumplidos y decir que el caso Ayotzinapa es de alta prioridad para el gobierno, cuando se encubre a los policías, militares y políticos de alto rango.

Las cúpulas del poder no están dispuestas a topar con la verdad. Valoran que políticamente es menos costoso aferrarse a la verdad histórica que desmontar las estructuras delincuenciales arraigadas en las instituciones. No hay voluntad para romper con ese pacto de impunidad que mantienen intocado entre las autoridades y el crimen organizado.

A 33 meses de la desaparición de los 43 estudiantes, son muy magros los avances en las 4 líneas de investigación que han demandado las madres y padres de familia. A cuenta gotas y a punta de golpes certeros dados a la verdad histórica, las mismas autoridades han tenido que aceptar que no son 7 sino 9 teléfonos celulares de los estudiantes, que estuvieron activos después de la medianoche del 26 de septiembre. También se ha podido demostrar que el quinto autobús si llegó hasta el palacio de justicia y que ahí fue interceptado por policías. Por lo mismo, es insostenible la versión oficial de que el autobús quedó fuera de la terminal donde los estudiantes lo destruyeron. Es imperdonable que las autoridades no hayan investigado los teléfonos de los estudiantes en los primeros meses de la tragedia. Su empecinamiento por la verdad histórica ha sido una tortura permanente para todas las familias que buscan a sus hijos. No solo desatendieron su exigencia, de no hacer pública una versión sin sustento científico, sino que se empeñaron en causarles más dolor, machacando que sus hijos fueron convertidos en cenizas.

Lo inaudito de la sesión fue el comentario que hizo el comisionado James Cavallaro sobre la remisión de una carta enviada por miembros del ex GIEI, donde comentan que en marzo de 2016 recibieron mensajes muy parecidos a los que se escriben en el informe titulado Gobierno espía. La campaña de desprestigio que se desplegó contra la mayoría de sus integrantes, no fue casual. Estuvo precedida del espionaje telefónico. Fue una acción planeada con el fin de manchar la trayectoria intachable de las expertas y expertos y poner en entredicho su calidad moral y su prestigio profesional. Esta impostura del gobierno resquebrajó una relación difícil y compleja con los 43 padres y madres de familia. La sesión concluyó con un duro cuestionamiento por parte de los miembros de la CIDH, ¿por qué el gobierno miente y espía?