Las 2 dependencias que reciben el mayor número de recomendaciones por violaciones a derechos humanos son integrantes del Consejo Estatal de Víctimas.

Por Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. 30 de enero del 2017.- Autoridades de seguridad pública y procuración de justicia resultaron ser juez y parte en las reparaciones del daño por violaciones a derechos humanos a las víctimas, ya que para que se pueda realizar una reparación es necesario que así resuelva el Consejo Estatal de Víctimas, en donde se encuentran como miembros.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública acaparan la mayoría de violaciones a derechos humanos cada año.

Alvar Guadalupe López Méndez, titular de la Unidad de Atención y Asistencia a Víctimas del Delito, en entrevista hoy en la Fiscalía del Estado, dio a conocer que en 2016, se atendieron 700 casos relacionados con víctimas en el estado, tres casos pudieran ser reparados en los daños, uno de esos en relación al Hospital General y dos más en torno a la Fiscalía y la Secretaria de Seguridad.

De igual forma, dio a conocer que ya existe el Fondo de Atención a Víctimas del Estado, pero señaló que esta información está fuera de su competencia, por lo que desconoce cuántos recursos hay y cómo se están aplicando, pero es un hecho que ya existe.

El funcionario estatal manifestó que es necesario que la ciudadanía se acerque como víctima para recibir información jurídica, acompañamiento y se pueda buscar una reparación del daño.

Mencionó que cuando reciben a la posible víctima, le dan una atención oportuna y conforme a derecho y le dan un formulario y asesoría jurídica que requiera, lo mismo que sucede en un proceso legal, ya que ahora la víctima de un delito también debe recibir asesoría jurídica.

Explicó que ahora los que resultaran exonerados de un proceso, tendrán el derecho a reclamar al Estado las violaciones a derecho cometidas en su contra por un proceso inadecuado en su persona y tendría que reparárseles el daño.

El Instituto de Acceso a la Justicia del Estado, que forma parte del edificio de la Defensoría de Oficio, ubicado en el fraccionamiento Fracciorama 2000, está facultado para conocer el hecho y dar asesoría jurídica en cada caso, buscando la reparación del daño ocasionado.

“En 2016, contamos 700 casos, en donde dimos asesoría, acompañamos a las víctimas, acompañamos a las fiscalías, al Centro de Justicia para las Mujeres, casos en el sistema de justicia mixtos”, de estos casos, tres están por resolverse si se pagarán los daños ocasionados por el Estado o no, indicó.

Declaró que todos los casos pasan a un Consejo Estatal de Víctimas, que es aquí donde radica el problema de la impartición de justicia para violaciones a derechos humanos, y es que para que el daño se pueda reparar, deben ser los principales violentadores de derechos los que lo deben de aprobar, como la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

“Hay un Consejo Estatal de Víctimas, que es el que sesiona para dar a conocer los hechos y poder hacer una posible reparación del daño, este Consejo lo compone la Junta de Gobierno del Instituto de Acceso a la Justicia y se convierte en el Consejo Estatal de Víctimas, integrado por la secretaria de Finanzas, el fiscal General del Estado y el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, el secretario de Seguridad Pública, entre las 11 autoridades que son parte de este Consejo”, agregó.

“Ellos sesionan y se establece la posible reparación del daño, cuál es el daño y en qué proporción se le debe de pagar”, abundó.

“A nosotros no nos corresponde determinar eso, no lo sabemos si son o no juez y parte, pero la Junta se conforma por ellos y no pueden en un momento determinado, hacer de menos a la recomendación de derechos humanos, que deben acatar esto”, finalizó.