Sergio Augusto López Peña habla en exclusiva para Paginabierta.mx y expone que los casi 400 millones de pesos fueron triangulados entre el IEA y la Unacar para beneficiar al empresario Jorge Octavio Vázquez. El ex rector asegura que del monto del convenio con el IEA, la Unacar sólo se quedó con cerca de 16 millones de pesos, pero que el empresario regiomontano no cumplió con el contrato. Por Ronny Aguilar CIUDAD DEL CARMEN, Cam. 3 de noviembre del 2015.- El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) y empresas de Jorge Octavio Vázquez González triangularon un convenio por casi 400 millones de pesos, que pudieron haber sido usados en la campaña política a la alcaldía de Aguascalientes en 2013 del director general del IEA, Francisco Javier Chávez Rangel. Mucho se ha especulado sobre la demanda civil que hay del Instituto de Educación de Aguascalientes contra la Unacar, por incumplimiento de contrato IEA-Unacar, firmado el cuatro de agosto de 2011, por Francisco Javier Chávez y el entonces rector de la Unacar, Sergio Augusto López Peña. El convenio habla de equipamiento y conectividad para la conformación de las 645 aulas telemáticas, 732 aulas básicas, además de la entrega de 15 mil 601 laptops. Lo anterior como parte del programa “Habilidades Digitales para Todos (HDT)”. Los montos del convenio fueron por la cantidad de 399 millones 140 mil 343 pesos y los trabajos debería terminarlos la Unacar a finales de diciembre del 2012. De esto hace tres años, y en entrevista concedida a Paginabierta.mx, el rector actual de la universidad carmelita, José Antonio Ruz Hernández, poco quiso ventilar del caso y lo último que atinó a decir, durante el informe del ex gobernador Fernando Ortega Bernés, fue que se estaba deslindado de la demanda, que se subcontrató a empresas para los trabajos y que estas no los realizaron, que las mandaron a llamar y con esto, la universidad buscaría salirse del proceso, señalando como responsable a una empresa de Nuevo León. Mientras, gracias a una cortesía de Pagina 24, un diario de Aguascalientes, se hizo referencia de que el aún director general del IEA, Francisco Rangel, alegaba que interpuso una demanda penal contra quien resulte responsable. “Hemos iniciado el proceso penal, que va contra quien resulte responsable, no precisamente las autoridades que en aquel momento estuvieron al frente de la institución, sino que también es contra las actuales autoridades de la Unacar”, precisó. “Fue una triangulación” para beneficiar a un empresario Ahora, el entonces firmante del convenio como rector de la Unacar, Sergio Augusto López Peña, aceptó dar una entrevista a Paginabierta.mx y reveló que todo fue una triangulación de las partes, para que el IEA entregara sin licitar los trabajos por casi 400 millones de pesos al empresario regiomontano, Jorge Antonio Vázquez González. En primera instancia, el ex rector desmintió al director del IET y al rector de la Unacar, expresó que solo hay un proceso y que no ha finalizado, que es la demanda por incumpliendo que se encuentra en el Juzgado Quinto de lo Civil de Aguascalientes, por lo que no se puede abrir un nuevo caso y demandar a la Unacar penalmente, y la Unacar tampoco puede deslindarse, pues el convenio fue su responsabilidad. “Solo hay un proceso hasta donde yo sé, no ha finalizado, que es el que inició en marzo de 2013, un proceso civil, que tenga conocimiento, no ha tenido sentencia, yo inicié la defensa de la demanda”, indicó. Explicó que la defensa se fundamentó en un pago que la Unacar realizó a un empresario de Monterrey, Nuevo León, quien contaba con dos empresas, sin embargo, no cumplió a totalidad con los trabajos por los que le fue entregado el recurso. “Cumplió parcialmente con el contrato, él dejó de efectuar la obra, claro que el que había firmado el convenio era yo con el Instituto de Educación de Aguascalientes, pero nosotros solicitamos al juez que llamara a este empresario, es claro que nosotros teníamos que comprarle las computadoras a alguien y teníamos que apoyarnos con alguien para que hiciera las instalaciones”, mencionó. López Peña dijo que se contrataron las empresas de Jorge Octavio Vázquez, las cuales cuentan con varias demandas a nivel nacional. Las empresas señaladas son Servicios Integrales en Computación RR S.A. de C.V.; Multiservicios Empresariales de Telecomunicaciones, S.A. de C.V, y la compañía contratada para la supervisión sería Prof Tech Servicios S.A. de C.V. En una primera instancia, mediáticamente se manejó por declaraciones del actual rector de la Unacar, Ruz Hernández, que las empresas tenían domicilio fiscal en el Distrito Federal y que sus representantes habían sido llamados a declarar. López Peña aclaró esta situación: “El empresario vive en Nuevo León, las empresas tienen domicilio en México, la otra empresa que está fue contratada para darle seguimiento al proyecto, también, por eso es que son tres empresas, pero son dos las de este señor y a ésta última se le pagó un 1 por ciento para verificar los cumplimientos del contrato”. Manifestó que aunque parezca incoherente, este empresario fue premiado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, aún a conciencia de los problemas legales en los que está involucrado con la Unacar y el instituto de Educación de Aguascalientes. Se prestó ex rector a juego sucio de IEA y empresario El ex rector reconoció que fue parte de una irregularidad, pues se prestó al juego sucio entre las empresas de Vázquez Gonzalez y el IEA, pues según él, el IEA y el empresario estaban amarrados en tratos económicos y políticos de campaña, sin embargo, era imposible otorgar los trabajos a las empresas de Jorge Vázquez, puesto que tenían que licitarse, aunque la ley exime de las licitaciones, cuando las obras se entregan a escuelas de nivel superior y fue así como se trianguló el recurso. “El Instituto de Educación nos depositó a nosotros cerca de los 400 millones de pesos, pero la relación ya estaba entre el Instituto de Educación de Aguascalientes y los empresarios, a nosotros nos usaron como el chivo expiatorio, como el sándwich”, agregó. “La relación entre la universidad y el Instituto nunca se dio, no hubo una relación, la relación era del IEA y el empresario, a nivel nacional, el artículo primero (de la Ley de Obras Públicas y Servicios) te permite una asignación directa, si es a una institución de educación superior y nos buscaron a nosotros para evitar la cuestión de la licitación y nos asignan el convenio, pero realmente el convenio es con el IEA y las empresas de este señor, y nosotros pagamos los platos rotos”, apuntó. Aseguró que sin el consentimiento de la rectoría, en ese momento a su mando, se hicieron los depósitos a las empresas de Jorge Vázquez, de la totalidad de los recursos a saldar y se iniciaron temporalmente los trabajos, subcontratando a una empresa, a la que posteriormente también defraudaría. “Sin mi consentimiento, el coordinador de Vinculación, José Luis Acuña, le solicita al director de Finanzas que hiciera un depósito por 193 millones 578 mil pesos y  otro por 183 millones 604 mil pesos  y el otro por los casi cuatro millones a la empresa encargada de verificar el cumplimiento y sin consultarme, manejando las claves, hace las transferencias”, aseveró. Declaró que la operación de servicios al IEA no se da en el 2011, ya que el convenio  se firma en agosto del 2011, pero que el equipamiento comenzó en enero del 2012 y fueron seis meses que se cumplió con un 40 por ciento de los trabajos pactados y en junio de 2012, se dejan de efectuar los trabajos. Dijo que de parte del IEA, jamás nadie se comunicó a la Unacar para reportar que los trabajos no se estaban realizando según lo acordado. “Nosotros nos enteramos hasta marzo del 2013 que no se estaban realizando los trabajos, cuando nos demandan legalmente”, asentó. Todo con fines electorales y políticos El ex rector señala que esto tiene un trasfondo político, pues cuando se dan las demandas, el director Francisco Javier Chávez dejó el cargo para ser candidato a la alcaldía de Aguascalientes, y dejó entrever que los recursos quizá se usaron con ese fin, pretendiendo terminar los trabajos una vez conseguida la victoria electoral, no se dio, ganó el panista Juan Antonio Martín del Campo, quien será alcalde hasta el 2016. “Esto sale a la luz, porque el director del IEA se lanza como candidato del PRI, y lo empiezan a golpear y sale a la luz esto y empiezan a exigir cumplimiento, éste era un recurso federal de la administración de Felipe Calderón, si me explico de dónde viene todo y porqué”, expuso. “Por ley, tal vez estamos haciendo algo ilícito, porque subcontratamos, pero realmente se compraron los equipos, tenemos que comprarle a alguien y se hace un contrato para la compra de los equipos, hay un contrato del IEA con la Unacar y hay dos contratos por los trabajos y la supervisión”, abundó. “Se usó a la Unacar totalmente, se usó a la ley en el artículo primero, que habla de la asignación directa para evitar la licitación, si hubiera habido licitación, quizá no les hubiera tocado a las empresas y eso fue lo que se evitó”, insistió. A la Unacar, sólo le quedaron 16 millones de pesos De esto, la Universidad carmelita se beneficiaría con un 4 por ciento de los 399 millones 140 mil 343 pesos del contrato, algo cercano a los 16 millones de pesos y ahora posee una demanda por la totalidad y los trabajos a resarcir. El ex rector se justificó: “Se traduce en 16 millones de pesos y bueno, me costó a mí la salida, el descrédito, las declaraciones de que yo soy el beneficiado, que yo estaba coludido con los empresarios”. “Según ellos, yo tuve una utilidad, cuando la situación mía era difícil, yo me dediqué a los jóvenes, yo me formé aquí en Carmen, yo lo hice con mi esfuerzo, ni siquiera somos de clase media, salí de abajo y llegué al máximo puesto, hoy nuevamente la sociedad vuelve a confiar en mí, pero si siento que realmente no se ha actuado de parte de la universidad contra los empresarios, mi salida fue para que investigaran, para que no perjudique yo la investigación, pero no se actuó contra los empresarios, sigue todo en la opacidad”, denunció. Asimismo, subrayó que de esto, todos sabían cómo estaban los manejos. Paginabierta.mx publicó de una reunión en Aguascalientes en diciembre pasado, entre autoridades de ambos estados. Sergio Augusto López sostuvo que él estuvo en aquella reunión, que lo invitó el ex gobernador Fernando Ortega Bernés; estuvo el secretario de Educación, José Martin Farías Maldonado, y el rector actual, José Antonio Ruz, y un empresario más, afectado por las empresas de Jorge Vázquez, una subcontratación más en el caso. “A mí me invitaron a esa reunión por el gobierno del Estado, porque hay otro empresario afectado, quien realmente vendió los equipos, a éste que nosotros le pagamos, no fue a comprar los equipos a Asia, subcontrató a otro empresario y esos son los trabajos que se hicieron, pero le quedó a deber 120 millones de pesos, todos los aparatos que se compraron están en un recinto oficial”, añadió. “De hecho, el llamado que le hiso el secretario de Gobierno y el secretario de Educación, que estaba por instrucciones de Ortega Bernés, era para conciliar con este tercer empresario por un monto entre 40 y 80 millones de pesos, y el empresario equipaba y se quitaba la demanda en Aguascalientes, pero era perjudicar a la Unacar, po que tendría que desembolsar y no se aceptó”, asentó. Solo queda acotar en este sentido que los intereses de las autoridades no es llegar al fondo de los malos manejos, sino el remedio, ya que el trasfondo de la utilización de recurso afecta intereses políticos, en su momento, el ex mandatario Fernando Ortega se rehusó a declarar sobre el tema e incluso, hizo uso de sus guaruras para evitar ser cuestionado, en el evento de inauguración de la escuela primaria “Justo Sierra Méndez”. López Peña comentó no tener a la mano el nombre de la tercera empresa subcontratada, pero que tiene una demanda contra Jorge Vázquez por 120 millones de pesos.