DestacadosLocalLey y medidas de Austeridad Republicana, propone la Diputada Taje Rosales para Campeche

Ronny Aguilar06/11/2019

 

Por Anonimonius

CAMPECHE, Cam., a 6 de noviembre de 2019.- “Están cerca los tiempos en que el Congreso del Estado recibe del titular del Poder Ejecutivo las Leyes de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el 2020. Es el momento de fijar postura, de apostar por la austeridad y el ahorro, con la convicción de que “Por el bien de todos…”, primero la Salud, la Educación, el Medio Ambiente, la Seguridad, el Turismo y el Desarrollo Económico, Social y Rural”, afirmó la legisladora de Morena, Sofía Taje Rosales.

Durante el punto de Asuntos Generales de la décimo primera sesión del Congreso Local, declaró que es el momento de rechazar privilegios y fantocherías, como fondos de ahorro, sobresueldos, promoción de imagen y aparatos de seguridad personales, las pensiones de exgobernadores, exrectores y exmagistrados, y los onerosos vuelos en aeronaves oficiales.

Apuntó que ya no son los tiempos en que la corrupción y la impunidad se paseaban por las calles de la mano del desgobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, en que se hacía alarde de obras monumentales, que no lo son y que quedaron inconclusas.

“Ahora, Carlos Miguel Aysa tiene que dar una “vuelta de tuerca” y desmarcarse de un régimen profundamente injusto para la sociedad campechana, aunque haya sido parte de él. Es hora de que el gobierno cumpla con las expectativas del pueblo campechano, no se puede seguir incumpliendo una obligación inaplazable: Dejar de derrochar en lo superfluo y reactivar la economía maltrecha del estado”, precisó.

La congresista enlistó una serie de demandas a tomar en cuenta: PRIMERO, Propongo vender las aeronaves oficiales que no sean usadas en protección civil y seguridad pública. En específico, el jet Sabreliner, el avión Piper Seneca V y una de las avionetas Cessna 206.

SEGUNDO: Eliminar el decreto que otorga una pensión mensual bruta de 84 mil 514 pesos al exgobernador Carlos Pérez Cámara y reducirla al 50 por ciento, al igual que las de los demás exgobernadores, exrectores de universidades e Instituto Campechano y ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

TERCERO: Eliminar los Fondos de Ahorro, los gastos de servicios médicos mayores y de gestión social que persistan en los tres Poderes del Estado.

CUARTO: Acabar con los fideicomisos que ejerzan recursos públicos estatales y federales, como los constituidos con la banca privada para el Nuevo Puente de la Unidad, que han manejado, al menos, dos mil 200 millones de pesos, sin rendir cuentas al pueblo campechano.

QUINTO: Eliminar las direcciones adjuntas, de existir, en las dependencias estatales y municipales.

SEXTO: Eliminar escoltas y camionetas blindadas a gobernadores y exgobernadores, fiscales y exfiscales, secretarios de Gobierno y exsecretarios de Gobierno, secretarios y exsecretarios de Seguridad Pública, presidentes municipales y expresidentes municipales, y directores y ex directores de Seguridad Pública municipales.

SÉPTIMO: Eliminar el gasto en Servicios de Arrendamientos, que ascendieron en 2018 a 240.4 millones, y hasta septiembre del 2019, a 126 millones de pesos, ya que el estado cuenta entre su patrimonio, con terrenos e inmuebles que podrían servir para construir y habilitar oficinas, como la Casa de los Gobernadores y la segunda planta de la Biblioteca estatal.

OCTAVO: Eliminar los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos. En la administración estatal, se cuenta con especialistas que pueden hacer el trabajo contratado. En 2018, representaron un gasto de 524.2 millones y hasta ahora, 214.2 millones de pesos.

NOVENO: Reducir en un 90 por ciento los Servicios de Comunicación Social y Publicidad, que incluya la eliminación de voceros y personal de comunicación social en las secretarías y dependencias estatales. En 2018, se derrocharon 571.5 millones por este concepto y en nueve meses del 2019, ya van 226 millones de pesos.

DÉCIMO: Reformar la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado y los Municipios del Estado de Campeche, para que los ingresos excedentes no sean destinados al gasto corriente, sino a pagar la deuda y a la inversión en obras públicas y proyectos productivos, con la supervisión y autorización del Congreso.

DÉCIMO PRIMERO: Reducir en un 50 por ciento el salario de los altos funcionarios, que sea un privilegio servir a los campechanos, y reducir la nómina estatal, a través de la real cancelación de plazas, pues el 7.6 por ciento de la población está ocupada en el gobierno y la meta es de 3.8 por ciento, según la agrupación México ¿Cómo Vamos?

DÉCIMO SEGUNDO: Reducir en un 50 por ciento el pago a los regidores y síndicos, presidente municipal, secretario y directores de los Ayuntamientos del Estado de Campeche, porque sus remuneraciones se han vuelto verdaderamente insultantes para un pueblo empobrecido.

Y para dar el ejemplo: DÉCIMO TERCERO: Consolidar las remuneraciones a los diputados locales en 20 veces el salario mínimo, sin ingresos adicionales, como los fondos de ahorro, los privilegios a los coordinadores de fracciones parlamentarias, los bonos por pertenecer a la mesa directiva o a la presidencia de las comisiones legislativas principales.

“NO más “gobierno rico con pueblo pobre, por todo esto, presento la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana del Estado de Campeche, para reformar el artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como para derogar el Decreto 343, aprobado por la LV Legislatura de este Congreso”, finalizó.

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