Por: Redacción
CAMPECHE, Cam., a 15 de agosto de 2019.- El clero insiste en inmiscuirse en temas sociales que vulneran los derechos humanos de las mujeres. El vocero de la diócesis de Campeche, Gerardo Casillas, en conferencia de prensa, cuestionó la legislación que permite que mujeres violadas no tengan la necesidad de denunciar para luego abortar.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia avaló la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, la cual expresa un interés plausible en atender de manera integral a las personas que han sido víctimas de violencia familiar o sexual.
“Y en el caso concreto del tratamiento específico a casos de violación sexual, se menciona entre las atenciones médicas el aborto. Según esta norma vigente, los hospitales públicos están obligados a practicar el aborto cuando la mujer, bajo protesta de decir verdad, manifieste que fue agredida sexualmente, sin necesidad de que la víctima denuncie previamente el delito ante el Ministerio Público y, en el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud del aborto la realizará el padre y/o la madre, o tutor”, dijo.
“Así también, el personal de Salud no está obligado a verificar el dicho de la solicitante y se elimina el requisito de la autorización previa de la autoridad competente”, señaló.
“Son dos las preocupaciones principales del Episcopado Mexicano, respecto a esta norma. La primera es que esta norma contemple la práctica del aborto sin que sea necesario denunciar primero la violación ante el Ministerio Público, poniendo en riesgo a las niñas y mujeres violentadas a ser presionadas a abortar por su agresor, quien podría quedar impune al no ser obligatoria la denuncia de la víctima o la notificación del personal sanitario”, expresó.
“La segunda es que no podemos dejar de mencionar que considerar el aborto como “tratamiento” ante un caso de violación es un error y no es una solución moralmente aceptable. Lo decimos con claridad: el respeto al derecho a la vida no puede ser vulnerado por las circunstancias en que un ser humano fue concebido. La defensa de la vida de un recién concebido no es un asunto de dogmas religiosos, sino de derechos humanos”, alegó.
“Los Obispos de México queremos sumarnos a la defensa y cuidado de las mujeres que han vivido la dolorosa experiencia de una agresión sexual. Ponemos nuestras instituciones de apoyo a la mujer y a la familia a su disposición para que sepan que tenemos ayuda para ellas”, manifestó.
“Pero también reafirmamos que el aborto provocado, que consiste en la eliminación de un ser humano en las primeras etapas de su desarrollo, no es la solución ni puede ser éticamente aceptado ni promovido por un estado o sistema de salud que se diga respetuoso de los derechos humanos”, sentenció.
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