CNDH llama a comunicadores, sociedad y defensores de derechos humanos a alzar la voz y visibilizar el problema de violencia que enfrenta el gremio periodístico, y señala que es deber del Estado generar condiciones necesarias para el ejercicio periodístico.

CIUDAD DE MEXICO, 26 de agosto del 2017.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que ante el clima de miedo y preocupación que enfrenta el gremio periodístico por la violencia arraigada en distintas regiones del país y las agresiones en su contra, comunicadores, sociedad y defensores de derechos humanos deben alzar la voz, visibilizar el problema y demandar que se ponga fin al binomio corrupción-impunidad.

El ombudsman nacional destacó los esfuerzos de los informadores y medios de comunicación por articularse y organizarse; sin embargo, subrayó que las estrategias que se pongan en marcha no pueden sustituir el deber del Estado para generar condiciones necesarias para el ejercicio periodístico.

Al encabezar el Foro Regional sobre la Libertad de Expresión y el rol de los Comunicadores y Periodistas en México, en la Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario, González Pérez comentó que los informadores enfrentan deficiente protección, que les impide contar con las garantías de seguridad para su pleno desempeño.

Refirió que las agresiones a periodistas van en aumento, como lo muestran los registros de la Comisión Nacional, los cuales indican que del año 2000 a la fecha se tienen 129 homicidios de periodistas, 20 desapariciones de 2005 a la fecha y 51 atentados a medios de 2006 al día de hoy.

Detalló que el incremento en las agresiones a periodistas se refleja en el número de quejas presentadas ante la CNDH, que en 2014 recibió 96; 80 en 2015; 98 en 2016 y 63 en lo que va del presente año, cifras a las que deben añadirse los casos registrados por los demás organismos públicos de derechos humanos y aquéllos no denunciados.

Tras mencionar que las mujeres periodistas hoy en día también son víctimas de agresiones, señaló que el caso de Miroslava Breach Velducea es emblemático, porque evidencia la incapacidad de la autoridad para prevenir los homicidios y lo insuficiente de los mecanismos de prevención, como lo muestra el reciente homicidio de Cándido Ríos en Veracruz.

En este encuentro, organizado por la CNDH, la “Fundación Fernando Mora Gómez”, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, Luis Raúl González estableció contacto directo con el gremio periodístico de esta región del país, para conocer su sentir y las condiciones en que desarrolla su trabajo, así como las agresiones en su contra.

Destacó que la falta de adecuada procuración de justicia para identificar a los responsables e imponerles sanción genera impunidad que se traduce en patente para hostigar a los periodistas, con el fin de silenciar la libertad de expresión, y enfatizó que la CNDH y el gremio periodístico son un binomio que se necesita mutuamente, para difundir el quehacer del organismo nacional y para defender los derechos fundamentales de los informadores.

Ante este panorama, el ombudsman nacional se pronunció por una mayor capacitación de los cuerpos policiales, que los mecanismos de prevención sean transitorios y la articulación y compromiso de las autoridades, y anunció que la CNDH ha elaborado un protocolo de actuación que será puesto en práctica una vez que se reciban las observaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Convocó a las y los periodistas, así como a los distintos medios informativos a difundir el quehacer de la CNDH en materia de libertad de expresión, como la Recomendación General 24, así como el protocolo referido.

En su oportunidad, Fernando Antonio Mora Guillén, presidente de la Fundación “Fernando Mora Gómez”, señaló que no existe uniformidad en las acciones de los tres niveles de gobierno para proteger a los periodistas y garantizar la libertad de expresión. Explicó que 21 estados han derogado de sus códigos penales los delitos de calumnia, difamación e injuria, y 19 de ellos cuentan con una legislación para salvaguardar la integridad de los comunicadores.

Ante este panorama, señaló que se debe trabajar en la construcción de una conciencia social y cultura cívica que fomente el respeto a los derechos humanos, y sugirió que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, privilegie la implementación de acciones que permitan prevenir ataques a informadores.

Mario Álvarez Ledesma, coordinador general del Instituto de la Libertad de Expresión, indicó que cuando se atenta contra la vida de un periodista se afecta la base de la democracia, porque la libertad de expresión es una vía para que todos los integrantes de la sociedad puedan estar informados sobre lo que acontece en su entorno.

Enfatizó que los ataques a este gremio reflejan un problema estructural que se debe solucionar a través de la puesta en marcha de políticas públicas. Para que éstas funcionen, explicó, se requiere que sean objetivas, publicitadas, transparentes, medibles, además de que se implementen con la participación de periodistas y que cuenten con presupuesto suficiente.

A través de un mensaje videograbado, Antonio Navalón, periodista de Reporte Índigo, señaló que más allá de crear un marco legislativo de protección y fiscalías especiales para investigar las agresiones a los periodistas, es preciso combatir la impunidad y la corrupción que impiden el esclarecimiento de los homicidios de comunicadores.

Indicó que la existencia de instituciones como la CNDH demuestran que el mexicano no es un Estado fallido, pero, dijo, se deben redoblar esfuerzos para que la justicia impere en los casos de agresiones a comunicadores.

Puntualizó que no podrá detenerse la capacidad de la sociedad de comunicarse y denunciar lo que está mal hecho, y exigió a los distintos niveles de gobierno que cumplan con sus obligaciones y terminen con la impunidad.

Ricardo Duarte Jáquez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se sumó a la demanda de crear mecanismos y políticas que permitan garantizar el derecho humano a la libertad de expresión e información.