Artículo 19 exige que cese la violencia contra la reportera Guadalupe Lizárraga y señala que este tipo de actos de las autoridades se vuelve una medida para inhibir el ejercicio periodístico y es cada vez más frecuente. Tan solo en el primer semestre de 2016, documentó 11 agresiones.

CIUDAD DE MEXICO, 19 de noviembre del 2016.- La organización Artículo 19 denunció que Guadalupe Lizárraga, reportera de Los Angeles Press, fue víctima de acoso por parte de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), el 11 de noviembre de 2016, mientras se encontraba en un viaje de trabajo en la ciudad de Mexicali, Baja California.

La agrupación manifestó que la periodista estaba en la ciudad de Mexicali en un encuentro de activistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos, con el objetivo de impulsar la creación de una Comisión Internacional de Justicia y Verdad en México.

“Tras su presentación, se aproximaron a ella dos agentes de la PGR, que portaban identificaciones oficiales, le pidieron que los acompañara al Ministerio Público, “para hacerle unas preguntas por sus versiones publicadas sobre el caso Wallace”, que desde el  31 de mayo de 2014, Lizárraga publicó en una serie de ocho reportajes”, indicó.

“A partir de entonces y de acuerdo con la reportera, fue que comenzó a ser acosada y denostada en redes sociales por usuarios desconocidos (los cuales le mandaban imágenes pornográficas) y por la misma Miranda de Wallace”, puntualizó.

Al momento de ser intervenida por los agentes de la PGR, la comunicadora se negó a acompañarlos. Los funcionarios intentaron entregarle una notificación para declarar, y que también la periodista se negó a recibir, ya que su domicilio se encuentra en California, Estados Unidos, y su nombre estaba mal escrito.

De manera similar y de acuerdo con Proceso, la periodista Anabel Hernández también denunció represalias e intimidación en su contra por un reportaje, en el que pone en duda la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el secuestro y posterior asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda.

Además, Hernández dijo que la Unidad Antisecuestros de la PGR abrió en su contra la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 a partir de dicha publicación.

“Siguiendo con el caso de Guadalupe Lizárraga, nos encontramos con que también fue amenazada en 2011, a partir de una investigación que publicó sobre feminicidios en Ciudad Juárez. En ese momento, entró en contacto con la Embajada de España y con la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, la cual le recomendó no cruzar a México en cinco años. La periodista regresó por primera vez al país en agosto de este año y por segunda vez, este noviembre”, indicó.

“Quiero ejercer mi libertad de prensa y de tránsito a México con plena garantía constitucional, porque el Estado de derecho sólo puede reconstruirse haciendo valer nuestros derechos y libertades como ciudadanos, y en nuestro caso como periodistas. Ya basta de someternos al silencio profesional por miedo”, dijo la periodista en conversación con Artículo 19, quien al día de hoy,  no tiene claro el delito que le imputan, pues sigue sin recibir de manera formal notificaciones sobre dicha investigación.

Es importante aclarar que la periodista no reside en el estado de Baja California y durante el incidente ella se encontraba en un evento en la Universidad Autónoma de Baja California, por lo que las autoridades no sólo violaron el debido proceso, sino también, la autonomía de la universidad.

La agrupación civil exigió a la Procuraduría General de la República que cese la violencia institucional en forma de acoso administrativo en contra de la periodista.

“Instamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue posibles actos de violencia institucional en contra de Guadalupe Lizárraga y más periodistas. Este tipo de actos de hostigamiento por parte de las autoridades se vuelven una medida para inhibir el ejercicio periodístico y es cada vez más frecuente. Tal solo el primer semestre de 2016, Artículo 19 documentó 11 agresiones de este tipo contra periodistas”, agregó.

Finalmente, exigió al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación que lleven a cabo las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de Lizárraga, para que ella pueda seguir con su labor periodística, particularmente cuando se encuentre documentando y trabajando en México.