EspecialesPolíticaGabinete de “Alito”, sin equidad de género, ni respeto a derechos humanos

admin17/11/2015

16ali Con el nombramiento en la Secretaría de Administración, el ilegítimo Alejandro Moreno demostró su clara filiación al grupo del ex gobernador Jorge Carlos Hurtado y su desprecio por los profesionistas carmelitas, contrario a lo que pregona consuetudinariamente. Por Daniel Sánchez Con el nombramiento de Gustavo Manuel Ortiz González como secretario de Administración e Innovación Gubernamental, a principios de noviembre, el gabinete estatal del ilegítimo y espurio Alejandro Moreno Cárdenas confirmó su falta de equidad de género y de vocación de respeto a los derechos humanos, su clara filiación al grupo del ex gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez y su desprecio por los profesionistas carmelitas –al colocar a sólo dos-, contrario a lo que pregona consuetudinariamente. De las 21 principales dependencias, incluidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, sólo dos titulares son mujeres, la secretaria estatal de Finanzas, América del Carmen Azar Pérez, y la de Pesca y Acuacultura, Dulce María Cervera Zetina –una de los dos políticos del municipio del Carmen incluidos-, ya que se frustró la llegada a la Secretaría de Administración de la ex alcaldesa de Campeche, Ana Martha Escalante Castillo, y la de Rocío Abreu Artiñano -otra carmelita- a la de Medio Ambiente o a la de Desarrollo Social y Humano. Adicional a esto, se anuló la posición ganada por el género femenino en uno de los tres Poderes del Estado, en los últimos seis años, al imponer “Alito” al ex líder del Congreso estatal, ex secretario de Gobierno, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos y malogrado ex candidato a la presidencia municipal de Campeche, Carlos Felipe Ortega Rubio. Ortega Rubio no es el único político rescatado por Moreno Cárdenas de la incursión del equipo de Hurtado Valdez en la administración del priísta Enrique Peña Nieto, en la que sus integrantes ocuparon cargos de tercer nivel, pues se trajo al ex secretario de Gobierno, Ricardo Medina Farfán, a quien nombró secretario de Educación, para que con su trato suave, pero con mano dura, aplique la Reforma Educativa a los maestros campechanos. También regresó al gabinete estatal el ex secretario de Seguridad Pública y ex aspirante a la alcaldía de Palizada, Carlos Miguel Aysa González, quien ahora funge como secretario de Gobierno y quien utiliza ahora el Facebook para dar a conocer sus “pensamientos filosóficos”, con los que pretende disfrazar su formación militarizada, muy conocida por los elementos policiacos y de Vialidad dela antes Coordinación y ahora Secretaría de Seguridad Pública. El otro rescatado de la Comisión Nacional de Seguridad, donde fungió últimamente como titular del Organo Interno de Control, fue el ex procurador general de Justicia y actual fiscal general del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, quien tiene en su haber varios casos en su contra, tanto en Campeche, como en Guerrero, donde fue subprocurador y procurador de Justicia del gobierno del innombrable represor guerrerense, Angel Aguirre Rivero. Cuando ocupó estos cargos en Guerrero, en 2012, enfrentó la protesta de peritos y policías ministeriales de la Procuraduría, hasta su renuncia, en mayo de ese año, pero también lo alcanzó su mal desempeño en Campeche con el caso del ex agente de la Policía Federal de Caminos, Daniel García Pérez, quien le atribuye haberlo inculpado como secuestrador del constructor Arturo Salvador Pérez, con un proceso jurídico lleno de irregularidades, en 2004, con falsedad de declaraciones, con testigos falsos, falsificación de firmas y documentación. García Pérez, originario de Copala, Guerrero, dijo que estuvo preso cinco años, pero que fue sentenciado a 77 años de prisión, y por su encarcelamiento, su madre murió de depresión. Este es el modo de operar de Herrera Campos, quien ahora mantiene en prisión preventiva de cuatro meses al líder campesino de Lerma, Pedro Celestino May Can, abusando del nuevo sistema de justicia penal. Para completar el equipo hurtadista, el ex secretario de Gobierno y ex subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, ahora ocupa la Secretaría de Seguridad Pública e intenta frenar la ola de inseguridad desatada en el estado de Campeche con retenes de revisión de policías estatales, muchos de los cuales no funcionan, sólo cuando los visita su jefe en las principales carreteras de la entidad. Todos ellos, Ricardo Medina como secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa como titular de Seguridad Pública, Juan Manuel Herrera como procurador y Jorge Argáez como subsecretario de Seguridad Pública, fueron quienes solaparon y protegieron al grupo de vándalos del célebre “Potoco” y su compañía de seguridad privada, contratados por el constructor Eduardo Escalante Escalante y su familia para desalojar a los pobladores, destruir las viviendas y desaparecer al pueblo maya de San Antonio Ebulá, el 13 de agosto de 2009. Durante la administración de Jorge Carlos Hurtado y estos cuatro funcionarios, entre 2003 y 2009, fue cuando se registró la mayor ola de violencia del crimen organizado en Campeche, al aparecer naromenudistas ejecutados, decapitados y en fosas clandestinas en Ciudad del Carmen, enfrentamientos a balazos también en la Isla, como la captura en 2007 de una célula de “Los Zetas”, encabezados por Nabor Vargas García, alias “El Débora”, quien ya tenía varios secuestros en su haber, como el del dirigente de la sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Luis Gerardo Pérez Sánchez. En ese tiempo, aunque atribuido a otro grupo delincuencial, e presentó el plagio del nieto del ex alcalde Leovigildo Gómez -cuya familia se ha enriquecido con negocios y tierras adquiridas al amparo del poder-, el ahora secretario de la Contraloría, Joaquín Sánchez Gómez, quien luego de ser rescatado por la policía estatal de Chiapas, en un camino cercano a Palenque, tuvo que andar con custodia permanente de los agentes de la Policía Judicial del Estado. De ahí que con este equipo, no extrañen el retorno de la persecución a balazos y secuestro de petroleros en Ciudad del Carmen, el horrible feminicidio en el cementerio de Isla Aguada, la represión a los ex trabajadores de la empresa Oceanografía, la detención de campesinos acusados de invasión de unas tierras que ocupan desde hace casi 20 años, la aparición de una pareja ejecutada en el periférico “Pedro Sáinz de Baranda” y la detención arbitraria de Pedro Celestino May, líder de la colonia en ciernes “Tierra y Justicia”, en Lerma, en los primeros 45 días de desgobierno de “Alito”. El resto del gabinete Sobre el resto del gabinete, hay muy poco que decir. Armando Toledo Jamit, de Desarrollo Rural, es un buen intencionado empresario agrícola, sin ninguna experiencia en la administración pública. Roberto Alcalá Ferráez, quien ya exhibió que no cuenta con una agenda ambiental, incluido el tema de moda: los transgénicos. Dos más del hurtadismo, el ex y de nuevo secretario de Salud, Alvaro Arceo Ortiz, y el de Planeación, Ramón Arredondo Anguiano. No podía faltar el pago de facturas a la familia Escalante, con Gabriel Escalante Castillo en la Coordinación de Asesores, y Ana Martha Escalante en la delegación de la Sedatu, para cuidar los intereses de los empresarios constructores y los grandes terratenientes del sur en los terrenos nacionales convertidos en propiedad privada por escrituras apócrifas expedidas por notarios públicos deshonestos. Un tránsfuga de varios sexenios, pero con el mérito de haber sido el padre putativo de Alejandro Moreno en la política campechana, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, el ex alcalde y ex director de CAPAE y Conagua, Edilberto Buenfil Montalvo, quien ahora se dice engañado por las empresas constructoras en la construcción del megadrenaje, cuando fue quien debió estar pendiente desde la Conagua y fue quien recibió las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la obra. El inefable ex director de Difusión Cultural de la UAC y usurpador del cargo al que aspira permanentemente el poeta Enrique Pino Castilla, Delio Carrillo Pérez, quien se ostenta en redes sociales como promotor cultural, fotógrafo, ambientalista por convicción y defensor del patrimonio cultural, y hace falta de su Premio San Francisco de Campeche 2012, tan devaluado después de premiarse a un corresponsal de Televisa, al “decano” del periodismo de “textoservidores” y a un modisto y locutor local. Entre los que no tienen ningún ápice de experiencia, destacan Jorge Chanona en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, quien recientemente fue enviado por el ilegítimo a “apapachar” a su nueva-vieja adquisición en Calkiní, el alcalde Emiliano Canul Aké; y Jorge Manos Esparragoza en la Secretaría de Turismo y José Domingo Berzunza Espínola en la de Desarrollo Económico. Finalmente, está donde siempre ha estado Luis Enrique Mena Calderón, secretario de Trabajo y Previsión Social; el ex rector de la Unacar, Eduardo del Carmen Reyes Sánchez –el otro del municipio del Carmen-, en la de Desarrollo Energético y Sustentable, y en Protección Civil, el ex dirigente del PRI, Gonzalo Brito Herrera.

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