Campeche ocupa el tercer lugar entre los Estados más atrasados en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), según un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. En el Reporte de Hallazgos 2014 sobre los avances de la implementación y operación de la reforma penal en México, el CIDAC determinó que la entidad campechana, a octubre de 2014, sólo obtuvo 191 puntos de 1,000 posibles en el avance de la implementación, quedando sólo por encima de Baja California Sur, con 187.5, y Tlaxcala, con 145.5 puntos. Por Daniel Sánchez CAMPECHE, Cam. 23 de noviembre.- Campeche ocupa el tercer lugar entre los Estados más atrasados en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), según un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). En el Reporte de Hallazgos 2014 sobre los avances de la implementación y operación de la reforma penal en México, el CIDAC determinó que la entidad campechana, a octubre de 2014, sólo obtuvo 191 puntos de 1,000 posibles en el avance de la implementación, quedando sólo por encima de Baja California Sur, con 187.5, y Tlaxcala, con 145.5 puntos. Al evaluar la implementación del NSJPA en las 32 entidades federativas, el organismo civil encontró que los Estados con mayor avance son Chihuahua, Baja California y Guanajuato, con 672, 643 y 568.5 puntos. En su informe, el CIDAC reveló que durante el año 2014, Campeche tiene asignado por la Federación un subsidio de 20 millones 864 mil 778 pesos para, entre otras actividades, la adecuación y armonización normativa, la cual aún no ha sido concluida en el Congreso del Estado, a escasos 10 días de que entre en vigor el Nuevo Sistema de Justicia. “Más allá de los códigos procesales, los ordenamientos de justicia alternativa y las leyes de ejecución, es necesario que las legislaturas locales atiendan muchos otros asuntos de gran relevancia para una implementación exitosa y una operación de calidad, como son las leyes orgánicas de sus instituciones o las dotaciones presupuestales necesarias para la transformación del sistema de justicia”, expresó. Informó que Campeche se encuentra entre las 10 últimas entidades federativas del país, donde no opera el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y donde se ha planeado durante 77 meses, a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, la entrada en vigor. “Actualmente, hay 10 entidades federativas, en donde no opera el sistema penal acusatorio, ni bajo su código de procedimientos penales, ni bajo el nacional. Estas entidades son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sonora y Tlaxcala. En ellas, se ha estado planeando la entrada en vigor desde hace 77 meses, a partir de la fecha de la reforma constitucional de junio de 2008, y aún no han implementado este cambio en ninguna zona geográfica o grupo de delitos”, indicó. “El retraso que presentan estas entidades en la operación del nuevo sistema, es un claro ejemplo de los ritmos disímiles que existen a nivel nacional, pues por otra parte, existen entidades que presentan un avance significativo. Esta situación dificulta llevar a cabo una estimación de cuándo operará el nuevo sistema de justicia en todo el territorio nacional y para todos los delitos”, agregó. El Reporte también precisó que “como resultado de un proceso de negociación que se produjo, principalmente entre la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial Federal, se determinó que, para el ámbito federal, el comienzo de vigencia del Código y el sistema acusatorio se produzca de manera gradual y territorial” y que en Campeche será en la quinta etapa, hasta febrero de 2016. Ninguna entidad logra estándar de 2014 El CIDAC manifestó que “por segundo año consecutivo, se realizó un ordenamiento, con base en la metodología elaborada por CIDAC, de las entidades federativas en función del avance y calidad del proceso de implementación de la reforma penal, para conocer el lugar que ocupa cada una”. “En cuanto a la evaluación de las condiciones necesarias de implementación, se revisaron las acciones emprendidas por las entidades federativas para conocer y valorar en qué medida se están cumpliendo dichas condiciones, con el objetivo de que se puedan lograr mejores desempeños y resultados”, explicó. “Para 2013, se estableció un estándar de 530 puntos donde 1,000 era el máximo. Sin embargo, desde la conceptualización del estándar y el entendimiento de la implementación como un proceso de política pública sujeto a mejora continua, se estableció que este estándar de 530 debería de aumentar a 730”, asentó. Aclaró que “el lugar que ocupan las entidades federativas en el índice, no corresponde a la lógica de las entradas en vigor, ni de la operación total”. “Como ya se estableció en la Metodología de Evaluación de CIDAC, la valoración de condicionantes es multifactorial y su objetivo es reflejar las ventanas de oportunidad, en orden de crear habilitantes oportunos dentro de las instituciones y mejores resultados para los usuarios. Como se puede observar, a pesar de los esfuerzos realizados este año, ninguna entidad federativa logra el estándar establecido para el periodo y únicamente Chihuahua, Baja California y Guanajuato superaron el del año anterior”, apuntó. Riesgo de “viejas prácticas con nuevos nombres” Como conclusiones, el organismo civil subrayó que “estamos a menos de dos años para que el plazo establecido por la reforma constitucional de 2008 fenezca. A estas alturas, tenemos la certeza de que el proceso de reforma es irreversible y ahora lo relevante es asegurarse de que los cambios que se generen sean profundos y de calidad”. “El año 2014 será un punto de inflexión en el proceso de implementación del NSJP. La publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) implicó un cambio esencial, debido a que reemplaza a los 32 códigos procesales locales y al código procesal federal y logra la homologación de la procuración y la administración de justicia en el país. A esta lógica se suman la Ley Nacional de Justicia Alternativa y la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, de inminente expedición”, abundó. “La llegada de estas tres legislaciones nacionales finalmente establecerá el marco legal definitivo del NSJP proveyendo de certeza y de claridad al sistema, a favor tanto de los operadores como de los usuarios. Si bien estos cambios normativos son positivos, resultan insuficientes. De entrada, se plantea en el panorama un asunto de no poca importancia que es la inexistencia de planes específicamente diseñados para guiar la transición entre los códigos procesales vigentes”, resaltó. “En el panorama nacional, son incipientes las acciones encaminadas a la desactivación de los códigos procesales tradicionales y, en su caso, de los códigos locales de corte acusatorio. Para evitar replicar lo sucedido con códigos anteriores, la declaratoria de inicio de vigencia del CNPP debe partir de un conocimiento preciso de la situación de la entidad federativa de que se trate para garantizar una transición exitosa y, en lo posible, sin contratiempos”, recomendó. Además, añadió, “todavía es necesario que se armonicen toda una serie de leyes secundarias, tanto en el ámbito estatal, como en el federal. La publicación del CNPP obliga a revisar incluso la legislación ya modificada, para ajustarla a sus requerimientos. También apremia la necesidad de elaborar protocolos y manuales que permitan aterrizar en la gestión diaria de las instituciones los preceptos establecidos en las leyes nacionales”. “Por ende, armonización normativa tanto por los Congresos, como al interior de las instituciones, es la tarea impostergable. Una adecuada reorganización institucional alineada a la normatividad será el único vehículo que evite que los cambios se queden en el papel y se traduzcan en beneficios visibles para los usuarios del NSJP”, aseveró. Advirtió que dado que restan menos de dos años para junio de 2016, nos encontramos ante una etapa del proceso de implementación que se caracterizará por la rapidez de los cambios. En este contexto, se corre el riesgo de que, ante las prisas, terminemos con una implementación deficiente”. “Si partimos del hecho de que el mayor riesgo de la reforma penal es terminar teniendo viejas prácticas con nuevos nombres, lo esencial, a estas alturas, es atender los puntos críticos institucionales que garanticen que el cambio se construya sobre cimientos firmes. El mejoramiento del sistema de justicia no debe concluir el 18 de junio de 2016 y esa es la prioridad número uno”, finalizó.