Campaña para evidenciar la utilidad de la transparencia judicial Por Gabriela Ramírez SemMéxico CIUDAD DE MEXICO, 17 de octubre del 2016.- Por más de dos años, una mujer no ha visto a su hijo, luego de que un juez resolviera que no cumple con el rol de madre tradicional. Una mujer con discapacidad no ha podido tener justicia luego de sufrir dos violaciones. Una mujer indígena  ha tenido que demostrar que ha sido víctima de violencia sexual. Otra mujer ha sido criminalizada al sufrir un aborto espontáneo porque un juez segura que todas las mujeres tenemos el instinto de preservar la vida. Éstos casos forman parte de una campaña denominada “Es Justo que Sepas de Justicia” que han impulsado las organizaciones EQUIS Justicia para las Mujeres, Apis Sureste de Yucatán, Así Legal, Cepiadet, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, Prosede y Unasse, con la finalidad de evidenciar la utilidad de la transparencia judicial en sentencias como una herramienta fundamental para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres. Este trabajo deriva de un análisis de sentencias en los que autoridades judiciales replican estereotipos que limitan el acceso de las mujeres a la justicia. “Dimos a conocer una serie de mensajes cargados de prejuicios, naturalización y tolerancia hacia la violencia que vivimos las mujeres, exigencia de comportamientos apropiados para mujeres en base a estereotipos de género, así como, omisiones al debido proceso en que incurren diversas autoridades”, señala un comunicado emitido por las organizaciones. A través del hashtag #MiSentenciaDice se difundieron mensajes como: “que las víctimas de violencia sexual somos las responsables de ofrecer pruebas”, “que por ser mujer mi instinto natural es preservar la vida”, “que no puedo denunciar una agresión sexual por tener discapacidad”, “que debo tomar terapia para adecuarme al rol de madre tradicional mexicana”, que fueron encontrados en documentos judiciales. El objetivo de definir estos mensajes y de exigir la transparencia judicial es que la sociedad conozca bajo qué argumentos las y los jueces imparten justicia y que les permita exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones al derecho de igualdad y nos discriminación. Las historias “Las víctimas de violencia sexual deben son responsables de presentar pruebas” señala la sentencia de una mujer indígena de Oaxaca por el delito de homicidio calificado. El hermano de su esposo llegó a su casa e intentó violarla. Justo en ese momento llegó su esposo y al ver lo que sucedía, mató a su hermano. Ambos fueron juzgados por el delito de homicidio. La autoridad judicial omitió juzgar con perspectiva de género. No consideró los hechos violentos de los que fue víctima Laura,  por el contrario, cuando ella alega que su cuñado intentó violarla, el juez le impuso la carga de probarlo, cuando la investigación de un delito es responsabilidad del Ministerio Público. “Por ser mujer mi instinto es preservar la vida”, decía la sentencia de una mujer de Veracruz, una tarde sintió un fuerte dolor abdominal. Acudió a la Cruz Roja y mientras la atendieron, entró al baño. Ahí se dio cuenta de que estaba embarazada, ya que dio a luz a un producto que perdió la vida y ella quedó inconsciente. Fue sometida a un proceso judicial en donde se le trató de fincar responsabilidad penal por homicidio doloso. Finalmente, fue liberada por falta de pruebas. Una indígena con discapacidad psico-social, madre de dos niños y en situación de pobreza extrema, a ella, el juez que conoció su caso se refirió a ella como una persona “retrasada mental”. El lenguaje utilizado por el juez tiene graves implicaciones porque sugiere que la diversidad funcional de la víctima fue causal para la consumación de los hechos, y hace distintas conjeturas sobre su capacidad de pensar y su vida sexual. Silvia es una mujer de nacionalidad española. El juez determinó quitarle a Silvia la guarda y custodia de su hijo, basándose en que ella no ha cumplido con su “rol tradicional de madre”. Además, ordenó a Silvia a asistir a terapia psicológica para que pudiera ofrecer a su hijo cariño y amor conforme a las costumbres mexicanas y para que “acepte los roles tradicionales de género”, para que así pueda “acertar” como madre en la formación y educación de su hijo. Un grupo de 80 personas presentó un amparo colectivo por discriminación por orientación sexual en la Constitución y el Código de Familia de Yucatán en lo referente al matrimonio y concubinato. El Juez desechó la demanda porque los demandantes no demostraron ser el grupo afectado, es decir no demostraron su homosexualidad. Dicha determinación viola los principios de igualdad y no discriminación al restringir el acceso al matrimonio y concubinato solo a personas heterosexuales.