La senadora Martha Tagle, a nombre de varios legisladores, entre ellos Layda Sansores, propone iniciativa y señala que las decisiones políticas o jurídicas no deber ser afectadas por las creencias religiosas de los servidores públicos. “Todo servidor público tiene la obligación de cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias”, puntualiza. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 29 de marzo del 2016.- El Estado laico es fundamental para salvaguardar la libertad de conciencia, de pensamiento y de decisión, así como para garantizar que tanto la administración pública, como el diseño, elaboración e implementación de leyes, políticas y programas, respeten la diversidad y la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas y filosóficas. Así lo consideró la senadora independiente, Martha Angélica Tagle Martínez, al presentar una iniciativa para garantizar el principio de laicidad del Estado y el respeto a la diversidad de concepciones morales y religiosas de la sociedad, a nombre de varios legisladores, entre ellos la senadora campechana, Layda Sansores San Román. En la tribuna de la Cámara de Senadores, la legisladora enfatizó que las decisiones políticas o jurídicas no deber ser afectadas por las creencias religiosas de los servidores públicos. Precisó que laico no es sinónimo de ateo o antirreligioso, ya que esto supondría exigir al funcionario público renunciar a todo tipo de creencia religiosa y actuar como si ésta no tuviera importancia y dotara de sentido o significado a su existencia. En este contexto, mencionó Tagle Martínez, el reto es un marco legal eficaz, que contribuya a una ética del servicio público que genere confianza de la ciudadanía hacia el Estado, mediante la participación, la inclusión, el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de la igualdad. Por ello, presentó una iniciativa, que se turnó a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera, para incorporar este principio a las leyes federales de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Planteó que todo servidor público tenga la obligación de cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias; con la laicidad de la educación pública; con el carácter laico de la República; con el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley en materia de religión y libertad de conciencia. Además, abstenerse de discriminar o condicionar en el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por motivos de convicciones éticas, de conciencia o de religión; de favorecer, preferir, privilegiar o descalificar a alguna doctrina o asociación religiosa, o a alguna convicción ética o de conciencia, en el desempeño de sus funciones. A continuación, el texto completo de la iniciativa: Compañeras y compañeros legisladores: El trabajo coordinado entre el legislativo y la sociedad civil permite una mayor apertura para escuchar las voces ciudadanas, elemento fundamental para avanzar en la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía. Convencidos de que el legislativo tiene la obligación de ser un canal de comunicación con la ciudadanía, a nombre propio y de las Senadoras Dolores Padierna, Layda Sansores y del Senador Alejandro Encinas, presentamos una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en materia de laicidad en la función pública. Esta iniciativa nace como resultado de un proceso colectivo de diferentes organizaciones civiles entre ellas y que hoy se encuentran aquí, y además quiero agradecerle su presencia esta tarde a las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, el Foro Intereclesiástico Mexicano, Foro Cívico México Laico, Barra de Abogados, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y República Laica, además de la presencia de la Diputada federal, Karina Sánchez Ruiz, con quienes hemos venido trabajando este tema. La concepción del Estado laico ha sido uno de los postulados fundamentales de nuestra organización política y norma de convivencia indispensable para la sociedad mexicana. La conformación de la República en nuestro país está profundamente ligada a la separación del Estado de los asuntos de la Iglesia y al principio de igualdad de todas las personas ante la ley, establecidas claramente en la Constitución de 1857, en las Leyes de Reforma y retomadas en la Constitución Política vigente. El orden jurídico nacional, que ha evolucionado en un contexto global hacia la construcción de un régimen plenamente democrático, donde se reconozcan las libertades, exige una revisión minuciosa para establecer límites a la actuación de las autoridades y para dotar a la ciudadanía de instrumentos para disfrutar y ejercer sus derechos. El reto es un marco legal eficaz, que contribuya a una ética del servicio público que genere confianza de la ciudadanía hacia el Estado, mediante la participación, la inclusión, el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de la igualdad. En un entorno democrático, de pluralidad política y de diversidad de opiniones y creencias, un elemento esencial del Estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario a todas las personas. La igualdad formal debe traducirse en una vigilancia constante por parte del Estado para que no se practique discriminación alguna en contra de las personas, particularmente en relación a sus derechos y a su identidad, cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una convicción filosófica, o independientemente de su orientación sexual, su etnia, sus características físicas o cualquier otro elemento. En este sentido, cabe destacar la labor de las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, el Foro Intereclesiástico Mexicano y otras asociaciones religiosas, quienes han desarrollado la construcción de esta propuesta. Su tarea para fortalecer el Estado laico apunta a la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y las personas jóvenes, sin imposiciones ni dogmas. El Estado laico es fundamental para salvaguardar la libertad de conciencia, de pensamiento y de decisión, así como garantizar que tanto la administración pública como el diseño, elaboración e implementación de leyes, políticas y programas, respeten la diversidad y la pluralidad de convicciones religiosas, ateas, agnósticas y filosóficas. En un Estado laico, no hay ni debe de haber privilegios ni jerarquías, todas las personas valen lo mismo, todas deben de tener el mismo derecho a decidir sobre su vida, con la única limitante de que no afecte los derechos de las demás personas. La ética pública laica implica que las y los funcionarios públicos como representantes del Estado son responsables de garantizar postulados laicos consagrados en la Constitución: Igualdad, imparcialidad frente a cualquier doctrina o dogma; libertad de conciencia; de religión y convicciones éticas; la no discriminación; la protección a la diversidad y la pluralidad. Las decisiones políticas o jurídicas no deben ser afectadas por las creencias religiosas de los servidores públicos. Laico no es sinónimo de antirreligioso o ateo, ya que esto supondría exigir al funcionario público renunciar a todo tipo de creencia religiosa y actuar como si ésta no tuviera importancia y dotara de sentido o significado a su existencia, lo cual no ocurre, ni es lo que se espera de quienes laboran para el Estado. En ese sentido, presentamos esta iniciativa para garantizar el principio de laicidad del Estado, con el concepto del respeto a la diversidad de concepciones morales y religiosas de la sociedad.  Lo que se busca es reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que con fines de armonización con el resto de nuestra legislación se concrete mediante modificaciones al artículo 7 para definir acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho. Se adiciona una fracción en el sentido de sancionar violaciones sistemáticas o graves a los postulados constitucionales de la laicidad, que son la separación del Estado y las iglesias, a la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión de las personas, el carácter laico de los actos, ceremonias o documentos y comunicaciones oficiales, al carácter laico de la educación pública, de las leyes o reglamentos y de los programas públicos. Por otro lado, se propone adicionar la Ley Federal de  Responsabilidades Administrativas de los funcionarios públicos, que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones y en ese sentido resulta técnicamente adecuado hacerlo como nuevas fracciones, ya que así se han creado las obligaciones derivadas. Se integra la obligación positiva de cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias, con la laicidad de la educación pública, con el carácter laico de la República, con el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley en materia de religión y libertad de conciencia. Así pues, con esta iniciativa de reforma de ley que presentamos junto con las organizaciones de la sociedad civil, lo que estamos buscando es fortalecer el Estado de derecho y que todas las personas puedan tener garantías para gozar de los mismos derechos y oportunidades ante la ley. Es cuanto. Muchas gracias.