Edwin Trejo Gutiérrez, abogado de Pedro Celestino May Can, anunció que este miércoles, primero levantarán una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y luego, presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 29 de septiembre del 2015.- Edwin Trejo Gutiérrez, abogado defensor del líder campesino Pedro Celestino May Can, informó que este miércoles, levantará primero una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y luego una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por la detención ilegal de su cliente. Trejo Gutiérrez señaló que mañana por la mañana, acudirán ante la Comisión de Derechos Humanos a interponer una queja por la detención ilegal de Pedro Celestino May, y posteriormente será en la Fiscalía donde interpondrán la querella para que inicie una investigación de los hechos y se determine el grado de  responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron. “Es una denuncia de hechos que está íntimamente relacionada con lo sucedido el día 23 de septiembre pasado, a efecto de que el Ministerio Público inicie la investigación correspondiente y determine el grado de responsabilidad  de todas las personas que intervinieron en la detención de don Pedro y sus hijos y de igual forma, una queja ante el órgano interno de control de la Fiscalía, para que inicie una investigación de los servidores públicos que intervinieron en la integración de la carpeta de investigación”, expresó. El abogado manifestó que en este caso, el Ministerio Público debe iniciar la investigación y en el momento que ejercitara acción penal en contra de los presuntos responsables, uno de los derechos que tienen las victimas es la reparación del daño, para ello, durante la integración de la carpeta, se tendrán que aportar los datos de prueba que acredite la afectación del estado psicoemocional de Celestino May y las demás víctimas de la detención. En este sentido, es necesario señalar que a pesar de que ya está vigente el cacaraqueado nuevo sistema de justicia de penal, no se ha creado el Fondo de Atención a Víctimas, que mandata la Ley estatal de Víctimas. “Los servidores públicos tienen una responsabilidad en cuanto a la reparación del daño, en cuanto a los hechos, llegarán ante un juez de juicio oral, independientemente de que la Ley de Víictimas estén en funciones en el estado, al ser servidores públicos los que presumiblemente participaron en estos hechos, la Fiscalía tiene corresponsabilidad en la reparación del daño, el Estado mismo, haya o no la aplicación de la Ley de Víctimas”, detalló. El delito, se reitera, será la privación ilegal de la libertad, pero el Ministerio Público establecerá  la calificación legal de los delitos que pudieran haberse cometido. Según el litigante, ellos como victimas ponen en conocimiento al Ministerio Público los hechos que vivieron y sufrieron desde su detención, con lo que está obligado constitucionalmente a determinar si hubo la comisión de uno o diversos delitos, entre los cuales se podría encontrar la tortura, pues a base de la fuerza, se obligó al detenido a firmar confesiones, que nunca redactó y de hechos falsos.