El Frente Unido de la Sociedad Civil por los Derechos de los Animales hizo un enérgico llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC), para que en uso de sus atribuciones legales, impida el acceso de los menores al evento “Gran Corrida de Lujo”, a celebrarse el sábado 28 de febrero, en Seybaplaya, Campeche. Por Ronny Aguilar CAMPECHE, Cam. 27 de febrero del 2015.- El Frente Unido de la Sociedad Civil por los Derechos de los Animales hizo un enérgico llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC), para que en uso de sus atribuciones legales, impida el acceso de los menores al evento “Gran Corrida de Lujo”, a celebrarse el sábado 28 de febrero, en Seybaplaya, Campeche. “Recordemos que el pasado 18 mayo del 2014, el joven forcado, Eduardo del Villar, de 26 años, falleció durante la corrida de toros en el último día de la Feria de Seybaplaya. Este trágico acontecimiento fue observado por una infinidad de menores de edad, a quienes se permitió el acceso, no obstante, los antecedentes de peticiones a las autoridades competentes para hacer cumplir la ley”, expresó- “No existe ningún ordenamiento, normativa o ley que permita que los menores observen la ejecución sangrienta de un ser humano. Por el contrario, existe una abultada fundamentación jurídica que pretende prevenir que la niñez observe estos acontecimientos. La infancia, tiene derecho a un desarrollo psicoemocional adecuado y los servidores públicos están obligados a cumplir con este derecho, en razón del principio universal del interés superior de la infancia, pero sobre todo, en razón de un mínimo sentido de responsabilidad con la niñez”, puntualizó. La activista señaló que alarma que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC), no haya asumido una posición más firme y protagónica para garantizar el desarrollo de la niñez en un ambiente libre de violencia. “Esta inacción es aún más grave, ya que la CDHEC tiene antecedentes de la conducta irregular, con la cual se celebran estos eventos, como lo demuestra la denuncia que hicimos ante esta instancia el 14 de diciembre del 2011, por la evisceración pública de los toros sacrificados en las corridas de esta ciudad capital; o las copias de las cartas dirigidas a José Luis Arjona Rosado (Champotón), Víctor Hugo Baltazar Rodríguez (Calkiní), Enrique Iván González López (Carmen) y Daniel Edilberto Calán Canul (Tenabo), para que conforme al artículo 27 de la Ley de Protección a los Animales, se prohibiera el acceso de menores a corridas de toros, misivas que ameritaron la apertura de legajos de gestión dentro del Programa Especial en Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad]”, detalló. “Finalmente, la carta del 13 de mayo de 2013, dirigida a Aa Patricia Lara, con copia para Adriana Hernández, Ana Martha Escalante Castillo, Evelia Rivera Arriaga y Yleana Guadalupe López Barrera, por el evento “Corrida de toros de la escuela Tauro Maya”, celebrada el 18 de Mayo de 2013, en San Francisco Kobén, donde se pretendía que menores de edad intervinieran en el ruedo, situación que derivó en la emisión de medidas cautelares para el Ayuntamiento de Campeche y la Procuraduría del Menor. De haber cumplido a cabalidad la CDHEC, el Sistema DIF y la SMAAS, con su alta responsabilidad, los menores seybanos no hubieran visto el trágico espectáculo donde falleció el joven Eduardo del Villar en el año 2014”, advirtió. “Desconocemos los resultados de la investigación, que debió iniciar la hoy Fiscalía del Estado y las actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en relación a la presunta negligencia del presidente municipal de Champotón, José Luis Arjona Rosado, y del presidente de la Junta de Seybaplaya, Dagoberto Carballo Salazar, por el fallecimiento del joven forcado que sufrió una cornada y cuya agonía duró horas, ya que ni el coso, ni los servicios municipales, estaban preparados para atender una eventualidad semejante, ni siquiera estaban capacitados para trasladarlo de forma expedita a un hospital y evitar su desangramiento”, puntualizó. Sin embargo, confió en que la Comisión de Derechos Humanos del Estado hará cumplir los valores y principios fundados en la Constitución Política Mexicana (Art. 4) “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. En la Carta Universal de los Derechos Humanos (Art. 25) “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”. Y en tratados internacionales ratificados por México, como la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, (Art. 17, inciso E) “Los Estados partes (…) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18”; (Art. 19) “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”; y (Art. 31, numeral 2) “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.” “Las poblaciones rurales del Estado requieren servicios públicos de calidad, opciones de cultura basados en la plástica, el cine o la literatura y no procaces y mórbidos pasatiempos más acordes a la edad del hierro. Como ha dicho recientemente Leonardo Anselmi, autor intelectual de la abolición de las corridas en Barcelona: “La política de pan y toros es muy vieja (…), darle al pueblo una diversión basada en el embrutecimiento a cambio de no darle las medidas que realmente necesita no es nuevo, esto viene desde Roma””, puntualizó. La anuencia de la titular del SMAAS Por otra parte, la Procuraduría estatal del Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, se deslindó de la denuncia de Pro Animal Campeche. “Si recibí la denuncia, recuerden ustedes que la aplicación de la ley nos obliga y nos limita, qu+e hicimos nosotros, nosotros hablamos con la presidencia municipal, le dimos vista a derechos humanos, que es un tema de esta naturaleza y le dimos vista a la Secretaría de Seguridad Pública, son las instancias encargadas de ver que se cumpla con esta situación y vamos a estar pendientes de esta situación”, expresó.