Pese a sus obligaciones legales en derechos humanos, protección del medio ambiente y cambio climático, los Estados no están implementando medidas efectivas para evitar los daños graves e irreversibles de esta técnica, como son las prohibiciones o moratorias de esta actividad.

CIUDAD DE MEXICO, 13 de noviembre del 2016.- Promovida fuertemente por Estados Unidos de Norteamérica, la explotación de hidrocarburos no convencionales, a través de la fractura hidráulica o fracking, ha buscado expandirse en distintos países del continente, a pesar de sus impactos sociales, culturales, ambientales y climáticos negativos que ya han sido sobradamente constatados.

Ante esto, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking pretende generar un debate y sensibilización sobre estas afectaciones y la irracionalidad de apostarle a la extracción de gas y petróleo mediante esta técnica, por medio de la publicación de este informe que desarrolla una línea de base del estado de avance de esta técnica en la región.

La Alianza Mexicana contra el Fracking y Fundar, Centro de Análisis e Investigación han participado de este esfuerzo. A través de estas páginas abordamos la situación en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México. En cada caso se analiza el contexto energético del país; las políticas públicas para promover y regular el fracking; los impactos sociales, ambientales y económicos ocasionados por esta técnica en la población, en sus derechos humanos y en los territorios; y las estrategias de incidencia, movilización y resistencia desplegadas en cada país.

El informe finaliza con una síntesis de conclusiones y recomendaciones a la luz del análisis y reflexión sobre los diferentes casos estudiados.

Nuestra exigencia por la prohibición del fracking no es un fin en sí mismo. Queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestra región, hacia uno que sea sostenible y socialmente más justo.

A las puertas de la entrada en vigor del Acuerdo de París América Latina y el mundo entero tienen la obligación de evitar un aumento de la temperatura global superior a los 2°C, para lo cual es imperativo el abandono de los combustibles fósiles.

Consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual en nuestra región, que nos pone en riesgo a todas y todos y en especial a las comunidades indígenas y campesinas. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking reproduce. Es eso lo que queremos cambiar.

Conclusiones

Entre las conclusiones del documento, se cita que “existe evidencia científica de los graves impactos ocasionados por el fracking de hidrocarburos no convencionales en diferentes elementos del ambiente, en la salud de las personas y en los medios de vida de las comunidades. La evidencia proviene principalmente de los países pioneros en la aplicación de esa técnica, aunque ya se han empezado a documentar casos de daños en nuestra región”.

“Esta técnica puede conllevar una grave contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la contaminación del suelo, emisiones fugitivas de metano que agravan el cambio climático y el riesgo de inducción de temblores, entre otros impactos”, se detalla.

Menciona que en cinco países de la región (México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina) ya existen políticas o normas que promueven y regulan las actividades del fracking, con diferente nivel de profundidad y detalle. A pesar de sus obligaciones legales en materia de derechos humanos, protección del medio ambiente y cambio climático, los Estados no están implementando medidas efectivas para evitar los daños graves e irreversibles que esta técnica implica, como son las prohibiciones o moratorias de esta actividad.

“Por el contrario, las normas nacionales se han modificado para abrir las puertas y facilitar el acceso de esta técnica a los territorios, como ocurrió en el caso de México, a través de la Reforma Energética de 2013, y de Argentina, por medio de la reforma a la ley de hidrocarburos en 2014”, agregó.

“El fracking está avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas e incluso Áreas Naturales Protegidas. Esto ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible”, abundó.

“En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento y contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos y mal manejo de los residuos. A pesar de estos impactos, el fracking avanza a ciegas en América Latina. Se está desarrollando sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que esta técnica puede ocasionar en la salud de las personas y el ambiente. Asimismo, los gobiernos de la región están optando por omitir estas evidencias sobre estos daños documentadas ampliamente por científicos y académicos de varios países del mundo donde ya se ha llevado a cabo esta práctica”, puntualizó.

De este modo, añadió, “las comunidades afectadas por el fracking han visto vulnerados sus derechos humanos fundamentales. Dentro de estos debemos considerar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la participación y control social y el derecho a la información, así como derechos a la salud, al agua y a un ambiente sano. Los contratos y proyectos relacionados con esta técnica, con muy pocas excepciones, son inaccesibles a la sociedad civil, infringiendo la publicidad y transparencia que deberían regir en temas de interés colectivo como este.

Además, el fracking es ineficiente e inviable económicamente en América Latina: la opción por la extracción de los hidrocarburos no convencionales es altamente costosa tanto para los Estados como para los habitantes de cada país. La inviabilidad económica del fracking se profundiza en un contexto de bajos precios del petróleo. Adicionalmente, la decisión política de avanzar con el fracking prolonga nuestra dependencia de los combustibles fósiles y posterga las políticas para el desarrollo de energías renovables justas y sostenibles en los países de la región, y la implementación de medidas para racionalizar el consumo energético.

De todas maneras, la utilización de esta técnica es contraria a los compromisos nacionales e internacionales de nuestros países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con ello se aumenta los impactos del calentamiento global y se reduce la capacidad de adaptación de los países y los territorios. De continuar moviéndonos bajo la misma concepción de desarrollo basada en la explotación de combustibles fósiles sin tener en cuenta los derechos humanos y las necesidades de las comunidades, la preservación de los territorios y el cambio climático será imposible conservar un planeta que no comprometa los bienes naturales y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking no pueden ni deben ser considerados como energías de transición, ni energías más limpias, ya que la emisión de GEI es muy alta, así como los daños y riesgos que generan para el ambiente y la salud de las personas.

Ante esto, muchas organizaciones sociales, pueblos indígenas, campesinos y organizaciones vecinales, entre otras, estamos desarrollando estrategias para generar información y promover el debate en tornoa esta técnica. Esto ha posibilitado diversas acciones públicas, así como la movilización de distintas comunidades y la declaración de más de 120 municipios y comunidades “libres de fracking” en nuestra región. Además, se dictaron resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros o licitaciones para la realización de operaciones con esta técnica en Brasil y Argentina.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, el Informe manifiesta que la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking insta a los gobiernos de nuestros países a:

La aplicación del principio de precaución como imperativo legal y ético de acción estatal, ante los riesgos y daños graves e irreversibles que ocasiona el fracking en la salud de las personas, el ambiente y el clima, y ante la falta de efectividad de las medidas de prevención y mitigación de sus daños. En aplicación del principio de precaución, los Estados deben prohibir el fracking en sus territorios.

En los casos en que las operaciones de fracking ya hayan generado daños a la salud de las personas o el ambiente, los Estados deben garantizar que las empresas infractoras se responsabilicen de los daños ocasionados y, prioritariamente, de la restauración de los ambientes afectados.

La realización de estudios científicos objetivos e independientes sobre los daños y riesgos del fracking en la salud, el ambiente y los procesos productivos, con un horizonte de largo plazo, para garantizar los derechos de las presentes y futuras generaciones. Los resultados de tales estudios deben ser divulgados con claridad y transparencia, garantizándose el ejercicio del derecho de acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones de la población.

Aprender y reflexionar sobre los procesos políticos, los estudios y las investigaciones sobre los que se han basado decenas de casos de prohibiciones y moratorias del fracking a nivel global en países, regiones y gobiernos locales1, evitando los errores y daños graves e irreversibles que ya ha ocasionado esta técnica en muchas comunidades y territorios.

Para consultar el Informe completo:

http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/InformeRegional.pdf