DestacadosLocalGobierno de México violenta convenio 169 de la OIT

Ronny Aguilar11/12/2019

 

 

Por Anonimonius

CAMPECHE, Cam., a 11 de diciembre de 2019.- El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) afirmó que ven con preocupación que el proceso consultivo para la edificación del Tren Maya no cumple los principios marcados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obligan a realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, no sólo enunciativamente, sino en los hechos

En el documento “Consulta Indígena sobre el megaproyecto Tren Maya incumple convenio 169 de la OIT; violaciones podrían judicializarse”, la organización expresó que habiendo documentado lo sucedido en las Asambleas Regionales realizadas el 30 de noviembre en Quintana Roo y Campeche, dos de los 5 estados afectados por el megaproyecto, la consulta constituye una violación a los derechos de las comunidades del pueblo maya, quienes mediante demandas de amparo podrían promover su judicialización.

“El gobierno mexicano NO está buscando el consentimiento previo de los pueblos originarios, sobre la ejecución del megaproyecto del Tren Maya, sino únicamente “conocer sus opiniones”, de acuerdo con la información oficial hecha pública y a lo explicado durante las Asambleas Regionales de carácter informativo del 29 y 30 de noviembre”, argumentó.

Destacó que esto implica una violación a la libre determinación del pueblo maya, en razón de su aceptación o rechazo a un proyecto, obra o actividad dentro de su territorio o en un área de influencia suficiente para afectarle.

Añadió que la Consulta Indígena incumple el principio de “informada”, porque toda vez que la información disponible, a manera de datos sobre el proyecto, sus componentes y montos de inversión, no ha permitido ni el análisis, ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre los territorios y la vida de las comunidades indígenas.

“La información ofrecida por la autoridad a cargo, en las 15 Asambleas Regionales, se limitó a caracterizar de manera general el proyecto ferroviaro y a recalcar sus beneficios promocionales, en completa ausencia de estudios de impacto”, precisó.

“No se informó a las autoridades comunitarias que el megaproyecto no ha sido sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), para conocer las afectaciones, no sólo por la colocación de vías del ferrocarril sino además por el impacto de las 18 estaciones y los “polos de desarrollo” programados”, agregó.

El Consejo apuntó que fue nula la información sobre los “polos de desarrollo”, que es como nombran a las más de siete ciudades de 50 mil habitantes que el gobierno y el capital privado buscan crear en la Península de Yucatán, causales históricos del despojo de tierras comunitarias, del aumento de la demanda de servicios y sus costos de acceso, de la inseguridad y del desplazamiento forzado de personas y pueblos.

Externó que en materia ambiental, tampoco se informó que el Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) pretende que el proyecto completo sea evaluado por partes y no de forma integral e incluso, busca quedar exento de la evaluación ambiental en algunos tramos o sustituir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por un Informe Preventivo.

Manifestó que a pesar de que la propiedad de la tierra es un elemento fundamental para el desarrollo del megaproyecto, fue insuficiente la información vertida sobre los mecanismos Fibra, a través de los cuales Fonatur Tren Maya pretende que los ejidos aporten la tierra para la inversión inmobiliaria y la construcción de los polos de desarrollo que conlleva este megaproyecto.  La información disponible ha sido trivial y escasa, enfocada a convencer a los ejidos de que participen en las Fibras.

“La Consulta Indígena incumplió los principios de “libre”, “informada” y  “culturalmente adecuada“, al convocar como representantes de la comunidad sólo a las autoridades agrarias y locales, para presentarles el proyecto en las Asambleas Regionales informativas del 29 y 30 de noviembre, lo que inhibió la asistencia del resto de la comunidad, limitando su derecho.  Conforme al estándar internacional, son las propias comunidades las que deben designar y asignar sus representaciones para este tipo de ejercicios”, mencionó.

La agrupación puntualizó que sin consentimiento de las comunidades, el gobierno mexicano de manera unilateral endosó a las autoridades agrarias y locales que asistieron a las 15 Asambleas informativas, la responsabilidad de transmitir a sus comunidades lo que escucharon y observaron sobre el proyecto presentado por el Fonatur, el 29 y 30 de noviembre.

Detalló que de este modo, a través de una segunda etapa de la Consulta Indígena, a la que denominaron “Etapa deliberativa”, que abarca del 1 al 13 de diciembre, las autoridades agrarias y locales transmitieron en sus asambleas lo que alcanzaron a retener en su memoria, apoyándose en el material impreso que les fue entregado.

“La Consulta Indígena incumple el principio de culturalmente adecuada desde su organización, pues el Protocolo correspondiente fue diseñado por autoridades de gobierno, más no por las comunidades conforme a sus necesidades, formas de organización y deliberación, presuponiendo que son entes homogéneos, sin diferencias y particularidades. Esta acción, violenta nuevamente el derecho de libre determinación de los pueblos originarios”, continuó.

Asentó que las Asambleas informativas se realizaron en los sitios designados por el gobierno mexicano, en fechas y horarios elegidos por las autoridades federales, no por las comunidades, ni de acuerdo con sus necesidades, como lo establece el 169 de la OIT.

Indicó que otro aspecto fue el hecho de que aun cuando las Asambleas informativas contaron con un traductor o traductora, en varios casos se limitó a la lectura de los folletos sobre el proyecto y el protocolo de la Consulta Indígena; otros, en donde la traducción pretendió ser simultánea fue vaga, sin asegurar una interpretación adecuada de la información.

“Las Asambleas informativas no facilitaron el diálogo para que los asistentes pudieran analizar y discutir sobre el proyecto Tren Maya, más bien se condujeron para que las autoridades comunitarias plantearan sus problemáticas canalizando sus necesidades históricas a la llegada del tren. En pocos casos exigieron resolución y la atención a necesidades reales, antes de pensar en un tren”, finalizó.

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