Por: Redacción

CAMPECHE, Cam., a 30 de abril de 2019.- Ante la pasividad de los legisladores del Congreso del Estado y su desconocimiento en leyes, y dado que no habían legislado en materia de abuso sexual infantil, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Juan Antonio Renedo Dorantes, presentó una iniciativa para que se reforme el artículo 169 del Código Penal del Estado y se sancione este delito de 6 a 13 años de prisión.

Explicó que en el Código Penal del Estado, en cuanto al delito de abuso sexual, no se da una debida protección a los menores de edad, con discapacidad, estado físico o mental, según su edad si así lo requiera, no obstante, dijo que en múltiples documentos en materia de derechos humanos así lo establece, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de los Niños, y la Ley General del Niño y Adolescente.

“En este sentido, que se establezcan términos generales, que el estado vigilará y cumplirá sobre el interés superior del niño, que se dicten medidas legislativas adecuadas para el normal desarrollo de los niños, así como para su protección de toda violencia, incluso la sexual, cuyos actos deben ser debidamente castigados; en ese sentido, que al artículo 169 del Código Penal del Estado se le debe derogar la fracción quinta, solamente que se refiere a los menores en general y no contempla a los menores con discapacidad, ni a las personas con discapacidad que así lo requiera”, indicó.

“Se debe de reformar el segundo párrafo de ese artículo para que en estos casos no se persiga solamente por querella de partes, que se haga por oficio, también se deben de sancionar con mayor seguridad los casos en los menores que no comprendan el significado del acto que se le hace, o que aun con su consentimiento, se les obliga hacerlo, para que se les aplique una sanción más severa, que no se deje a la decisión del órgano jurisdiccional y en los casos que haya una relación entre el sujeto activo y  la víctima, quede a su criterio”, dijo.

“Que se le destituya o suspenda de los derechos, profesión u oficio, sino que haya la pérdida de la patria potestad de los progenitories o de los tutores en el caso de que hayan sido los abusadores, desde luego, cuando haya violencia en este tipo de delitos también, que haya una mitad más, en cuanto al mínimo o al máximo en cuanto a la penalidad que se les da”, agregó.

Precisó que al inicio del año hubo 5 quejas y 7 legajos a los que le están dando seguimiento, y que en el año pasado en general, hubo 35 legajos en donde se beneficiaron a 2 mil infantes.

“Lo que se busca es que se proteja los derechos de los menores con discapacidad, no se puede quedar al criterio de un juez, es lo que establece la ley, si la parte interesada no está de acuerdo, hay los recursos legales para ver”, finalizó.