Hay que rescatar al Estado de Enrique Peña Nieto y sus funcionarios, que lo han usado para sus fines particulares, y acabar con la corrupción e impunidad, con honestidad, justicia y apego a la legalidad.

CIUDAD DE MEXICO, 2 de septiembre del 2017.- En México, hace falta cambiar el actual régimen y establecer un orden político nuevo y democrático, con honestidad, justicia y con apego a la legalidad, que acabe con la corrupción y la impunidad, que sea bien administrado y garantice la gobernabilidad. Por eso Morena busca rescatar al Estado de quienes lo han utilizado para fines particulares, como los integrantes del actual gobierno de Enrique Peña Nieto, aseveró la diputada Rocío Nahle García.

“Los afiliados, simpatizantes, dirigentes y legisladores de Morena lo haremos de manera pacífica, legal y en forma democrática, para convertir a nuestro partido en el promotor del desarrollo político, económico, social y cultural de México, y ponerlo al servicio del pueblo para garantizar el progreso, la seguridad, la justicia y la felicidad”, subrayó.

En el marco de la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la actual LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena aseguró que ese instituto político continuará en la defensa del Proyecto Alternativo de Nación y por la verdadera transformación de nuestro país, a través de un movimiento pacífico.

“Nuestro trabajo y meta es hacer realidad el progreso con justicia para mitigar la desigualdad social que han llevado a México malas políticas públicas implementadas por gobiernos ineficaces, como el actual. Seguiremos actuando con una visión de Estado y defendiendo la soberanía nacional, porque con ella defendemos nuestra esencia, nuestra cultura, nuestras raíces y, sobre todo, nuestro territorio nacional”, puntualizó.

Ante el pleno legislativo, Nahle García recordó que la actual Legislatura es la primera en la que participa Morena como fuerza política nacional, y que sus 46 diputados trabajan en la construcción del cambio que la débil democracia mexicana requiere y para acabar con los excesos de una clase gobernante que ha abusado del poder.

Afirmó que con el inicio del sexto y último año de la administración de Peña Nieto, el Poder Legislativo está obligado a hacer un análisis y crítica del gobierno, ya que sería una irresponsabilidad cegarse ante la realidad caótica en que se encuentra nuestro país, sobre todo porque se le han permitido omisiones que han traído desgracia y pobreza al pueblo.

Peña Nieto, en forma histórica, cuenta con los índices más bajos de aceptación entre la ciudadanía. Es un hecho que entregará el poder presidencial con muy malos resultados en lo interno y lo externo”, afirmó la legisladora federal por Veracruz.

Reclamó que pese a que sólo falta un año para concluir el actual gobierno, Enrique Peña apenas ha cumplido algunos de los 266 compromisos que hizo al asumir la Presidencia de la República, y que firmó como candidato ante el notario público.

Al respecto, subrayó que entre las promesas no cumplidas destacan la construcción de carreteras y trenes rápidos, como el proyectado de Querétaro a la Ciudad de México, que fue cancelado en 2014 y cuya concesión se le quitó al Grupo HIGA, tras el escándalo de la llamada Casa Blanca.

También puertos, plantas de tratamiento de agua, el embovedamiento del río de los Remedios, construcción de presas, hospitales de especialidades, equipamiento de escuelas, sistemas de transportes y la Refinería de Hidalgo, así como garantizar seguridad pública en ciudades con altos índices de violencia.

“Varios de los cientos de compromisos firmados y reportados por la Oficina de la Presidencia como concluidos, presentaron retrasos o quedaron por debajo de las expectativas de calidad generadas para los ciudadanos a los que tenían que beneficiar, pues su calidad y utilizad no han sido las adecuadas”, indicó.

En ese contexto, la legisladora lamentó que prevalezca el estancamiento económico, la inseguridad, la falta de democracia y transparencia. Mención aparte, agregó, merece la corrupción y la impunidad, que se han enquistado severamente en esta administración.

“El gobierno federal no respeta las leyes ni las instituciones públicas, como es el caso de los sobornos de Odebrecht, OHL, HIGA y filiales. Ante ello, Morena presentó denuncias en las instancias correspondientes y, como respuesta, sólo hemos obtenido impunidad y encubrimiento para los actores principales que han cometido delitos severos en tráfico de influencias y peculado”, expresó.

A nombre de sus compañeros de bancada, también reclamó que el Ejecutivo Federal pretenda nombrar al procurador general de la República, Raúl Cervantes, como fiscal general de la Nación, cuando éste sólo ha servido para proteger a funcionarios cuestionados como el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien recibió un soborno de 10 millones de dólares del consorcio brasileño Odebrecht.

“No sólo en el ámbito electoral, ni por lo que haya ocurrido durante éste y el pasado gobierno, ya que hay indicios de que se inyectó dinero proveniente del soborno de esta empresa a la campaña del 2012”, aseveró.

Ante ello, apuntó, Morena busca replantear la ética de la política mexicana, pues se dejó avanzar la corrupción y se expuso a la sociedad hasta perder principios elementales de convivencia, paz y armonía.

“Los integrantes de Morena seguiremos creando y despertando conciencias para seguir siendo una fuerza política seria, viable, pujante, y con ello nos preparamos ya en la construcción de un gobierno honesto, austero y democrático que dará inicio en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador como líder nacional”, concluyó.