Unos 700 guatemaltecos desplazados de la aldea San Andrés, en Laguna Larga, municipio de La Libertad, Petén, acampa en la raya fronteriza de Guatemala con Candelaria, a la altura del poblado El Desengaño.

CANDELARIA, Cam. 6 de junio del 2017.- Organizaciones civiles de México y Guatemala declararon una emergencia humanitaria y de refugio, ante la comunidad desplazada del departamento de Petén, en la República de Guatemala, que se encuentra acampada en la raya fronteriza con el municipio de Candelaria, muy cerca del poblado El Desengaño.

En un comunicado, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, la Red de Organizaciones Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos frontera Guatemala-México, el Movimiento de Resistencia Civil de Candelaria, el Equipo Indignación, La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, entre otras, manifestaron que el dos de junio, cerca de 700 personas de la comunidad de San Andrés, en Laguna Larga, municipio de La Libertad en Petén, Guatemala, fueron desplazadas de manera forzada de sus tierras.

Los guatemaltecos se retiraron de su aldea, tras el anuncio de un desalojo masivo y el desplazamiento de más de mil efectivos de la Policía Nacional y del ejército de Guatemala. Las personas no tuvieron otro camino posible que caminar hacia la frontera con México, a la altura del municipio de Candelaria, Campeche, a donde llegaron hacia la tarde de ese día, a siete kilómetros del El Desengaño.

“Hasta el momento, nos reportan que entre estas 700 personas se encuentran principalmente niños, niñas, mujeres y adultos mayores, quienes se encuentran en una situación de emergencia humanitaria, tras haber recorrido en plena época de lluvias varios kilómetros de selva para llegar al poblado más próximo ubicado ya en lado mexicano”, indicaron.

“Se reporta una situación de crisis médico-humanitaria, con niños y niñas que presentan enfermedades gastrointestinales y cutáneas, alojados en 35 carpas en mal estado y sin suficientes alimentos y medicinas”, agregaron.

“A pesar de lo anterior, las autoridades federales presentes impiden a las personas acudir al poblado más próximo, bajo amenaza de deportarles. El lunes, nos reportan de un menor con fractura de brazo que no puede ser atendido por el temor provocado por las mismas autoridades en la zona”, puntualizaron.

Mencionaron que en una primera visita por parte de organizaciones locales al ejido El Desengaño, donde se encuentran varadas hasta ahora en la línea fronteriza, representantes de la comunidad desplazada señalan que fueron recibidos por una comitiva del gobierno de México y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes ya sabían que llegarían a ese lugar; sin embargo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les han intimidado y amenazado durante este fin de semana, que si continúan su camino en México serán detenidos y deportados inmediatamente a Guatemala.

Por su parte, el comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, al momento de pedir personalmente la debida atención de la situación, señaló que el gobierno mexicano no comprará problemas de extranjeros, en lo que suponemos una referencia a que la postura del gobierno federal será negar la condición de refugiadas para estas personas.

Como organizaciones de la sociedad civil, preocupa una respuesta igualmente de violación a los derechos humanos para las personas desplazadas, siendo que vienen huyendo para salvar su vida e integridad desde Guatemala, violación al derecho de asilo y principio de no devolución, compromisos que ambos gobiernos están obligados a cumplir por ser mandatos de Naciones Unidas.

De parte del gobierno de Guatemala, de acuerdo a un artículo de Prensa Libre, el desalojo se fundamenta en “una orden de desalojo emitida por un juzgado de Petén, (donde) el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) argumenta como pretexto la conservación de la biosfera, pero se niega y entorpece cualquier proceso o alternativa que resuelva el reconocimiento de la población que habita dentro de la Laguna Larga, la Sierra Lacandona y la Laguna del Tigre”.[1]

Ante lo anterior, se hizo un llamado a la sociedad en general, organizaciones civiles, colectivos y medios de comunicación para que difundan esta situación a efecto de recabar víveres y artículos de primera necesidad que puedan ser trasladados al Albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, desde donde serán trasladados al terreno donde se encuentran en campamento las familias desplazadas.

Finalmente, las agrupaciones instaron y exigieron a los gobiernos de México y Guatemala, que se reúnen el cinco y seis de junio, en ciudad Guatemala, que coloquen esta emergencia como punto fundamental de su agenda, y garanticen plenamente los derechos humanos de las población  desplazada de  sus tierras en Laguna Larga, Petén, Guatemala y refugiada en Campeche, territorio mexicano, cumpliendo con sus obligaciones en materia de asilo, refugio y protección internacional de acuerdo a los tratados y leyes en la materia.

“Así también, respetando los compromisos asumidos ante Naciones Unidas en relación con los Desplazamientos Forzosos, donde claramente se mandata que los desplazamientos no deben generar personas sin hogar o vulnerables a la violación de otros derechos”, expusieron.

“Al gobierno de Guatemala, instamos y exigimos que  respete y resuelva en base a las diligencias judiciales que se han interpuesto; entable cuanto antes un diálogo abierto y honesto con la población desplazada y sus representantes, que sean respetados sus derechos humanos y se les permita la inmediata recuperación de sus tierras y de su único patrimonio, la tierra donde cultivan sus alimentos y resuelven sus necesidades básicas, derechos constitucionales que el Estado de Guatemala ha incumplido”, concluyeron.