El presidente de la Comisión, Luis Raúl González, participó en la Reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago, en la que propuso revisar la actual política pública de protección a periodistas, en la que un tema prioritario es erradicar la impunidad

CIUDAD DE MEXICO, 3 de junio del 2017.- Toda política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva, debe tomar en consideración la opinión de las víctimas y de los propios periodistas y defensores de derechos humanos, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, en el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conago.

González Pérez precisó que en la defensa y protección de periodistas y defensores de derechos humanos se requiere atender las causas de las amenazas y agresiones que se llevan a cabo; así como establecer acciones que den resultados de fondo, que acaben con la impunidad que desafortunadamente se ha generalizado.

Un primer paso, puntualizó el ombudsman nacional, sería reconocer, desde el más alto nivel político, la importante labor que realizan los periodistas y defensores de derechos humanos, así como la necesidad de proteger el libre desarrollo de esas actividades que son simiente de la democratización de la vida nacional.

Del mismo modo, el presidente de la CNDH sugirió que sería muy útil que se tomaran en consideración las opiniones que instancias especializadas como el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han formulado. Al final de su exposición, González Pérez hizo entrega de los 11 temas convergentes propuestos por dicho Consejo, con quienes sostuvo por la mañana una reunión, en la que se coincidió en la importancia de los temas convergentes.

Luis Raúl González también pidió que ante la violencia contra periodistas y comunicadores –que es una forma de censura y un desafío para la justicia que la sociedad reclama— deben articularse y coordinarse esfuerzos y capacidades para su abatimiento y prevención, con un compromiso real, eficiencia, pertinencia y dignidad.

Se pronunció en favor de generar una política pública integral de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que propicie un entorno adecuado para el desarrollo de sus labores y permita una protección real, digna y pertinente de los mismos, bajo estándares que den los mismos recursos y posibilidades de atención a todos los periodistas y defensores, con independencia de su lugar de residencia, género, origen étnico, preferencia u orientación sexual o ámbito en que lleven a cabo sus actividades.

Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acompañará los trabajos que desde la sociedad civil, la academia y, principalmente, a iniciativa de los propios periodistas, comunicadores y medios se generan para lograr espacios de reflexión en que de manera objetiva, informada y plural se analice la problemática actual en materia de violencia y agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Tras señalar que la violencia contra periodistas y comunicadores no es nueva en el país, agregó que no por ello debemos resignarnos o aceptar que exista, ya que en menos de cinco meses se han cometido homicidios que equivalen casi a 5 por ciento del total registrado en los últimos 17 años y se ha presentado aumento de 300 por ciento en el número de casos respecto de 2016.

Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Miguel Ángel Mancera, presidente de la Conago, así como titulares de los Ejecutivos estatales, González Pérez propuso revisar la política pública de protección a periodistas, centrada en preservar la integridad y la vida de las personas, ante la insuficiencia de resultados.

“Es preciso –sentenció— incorporar la prevención como un elemento esencial de estas políticas públicas, lo cual pasa necesariamente por asumir el combate a la impunidad como un objetivo prioritario de las mismas, cuestión que, además, es la única medida cuyo cumplimiento incumbe exclusivamente a las autoridades”.

Demandó que en cada uno de los casos en que se ha atentado contra la vida o integridad física de periodistas y comunicadores se realicen investigaciones prontas, objetivas, integrales y eficaces, que permitan determinar las responsabilidades correspondientes y que los responsables reciban la sanción que en derecho proceda.

Precisó que las autoridades deben presentar a la sociedad un informe pormenorizado sobre el avance de las investigaciones, y aunque algunos expedientes hayan superado los plazos lógicos para una investigación, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas debe hacerse efectivo.

El ombudsman nacional puntualizó que las investigaciones deben realizarse bajo protocolos que pongan en el centro de las mismas la violación a la libertad de expresión y contemplen una perspectiva de género cuando se requiera. Además, dijo, debe realizarse una estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para combatir las agresiones a periodistas, sin excluir alguna hipótesis, ya que en todos los casos debe abordarse y agotarse como línea central la actividad profesional de las víctimas.

También hizo hincapié en que en la integración de las fiscalías especializadas y en todas las instancias que conozcan de agresiones contra periodistas se cuente con perfiles idóneos y una capacitación adecuada que permita a los servidores públicos tener la sensibilidad y conocimientos para atender este tipo de casos.

Explicó que la federalización de delitos que permite asumir al fuero federal la competencia de los relacionados con la libertad de expresión del fuero local, cuando haya lugar, no releva a las autoridades estatales de la obligación de luchar contra la impunidad de esos crímenes.

“Por el contrario –añadió—, les demanda también un esfuerzo en la tarea de dotar a sus órganos de procuración de justicia y a sus jueces de mayores y mejores garantías de funcionamiento, incluyendo mayor autonomía, recursos y fortalecimiento técnico. Es preciso consolidar y afinar los mecanismos y esquemas de colaboración entre la Federación y los Estados para la atención de estos casos”.

González Pérez reiteró que cuando se ataca a un periodista o comunicador, la afectación trasciende de las víctimas directas a la sociedad en su conjunto, toda vez que al vulnerar la libertad de expresión también se violentan los derechos a la libertad de pensamiento e información, y se debilitan los fundamentos de nuestro entorno democrático.