Coordenada
Por Lupita Ramos
El 3 y 4 de mayo de 2006, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, se realizó un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
El objetivo era reprimir la protesta de quienes se oponían al proyecto para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en el municipio de Atenco.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se enfrentó con policías del estado de México por un conflicto vecinal, debido a la instalación de vendedores de plantas y flores en un mercado municipal.
En el primer enfrentamiento, los policías quedaron en desventaja ante los vecinos de Atenco, pero al día siguiente regresaron, apoyados por la Policía Federal y helicópteros e implementaron un violento operativo que derivó en detenciones y denuncias de violaciones graves a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe la denuncia en abril de 2008, por las violaciones a los derechos humanos cometidas en tales operativos policiacos.
El 27 de septiembre de 2016 llega el caso a la Corte IDH, quien asegura que la detención de las 11 mujeres que presentaron la denuncia fue ilegal y arbitraria y considera:
“Acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica”, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las 11 mujeres, y de violación en el caso de siete de ellas.
Los actos, que calificó como tortura de distinto tipo, fueron cometidos por agentes estatales. El Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable. Determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.
De las 11 mujeres que presentaron el caso ante la CIDH, algunas eran periodistas y estudiantes que fueron a cubrir las protestas, una es médica y fue a atender a los heridos, otras estaban de compras en el mercado de Texcoco, algunas simplemente iban caminando por la calle.
De acuerdo a la CIDH, las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal de ellas y de sus familiares, a la vida privada, la autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.
Las mujeres no sólo fueron abusadas, sino que estuvieron entre ocho días y hasta dos años y ocho meses presas, acusadas por distintos delitos.
El Estado mexicano no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana y por ello consideró pertinente que el caso pase a la Corte.
San Salvador de Atenco es sinónimo de los excesos de las autoridades en México. Las mujeres de Atenco, son sinónimo de resistencia y denuncia de la violencia machista y misógina presente en las violaciones a sus derechos humanos.
Las mujeres de Atenco son las mujeres de la dignidad.
@lupitaramosponce
