PRI, PAN y PVEM defendieron intereses de televisoras y radiodifusoras comerciales, bajo el falso argumento de que los Lineamientos del IFT amenazan la libertad de expresión, señaló el diputado federal por Morena, Virgilio Caballero Pedraza.

CIUDAD DE MEXICO, 28 de abril del 2017.- Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) son una clara violación a las conquistas de la sociedad en materia de derechos de las audiencias y demuestran hasta qué puntos el PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados responden a las exigencias de las televisoras y radiodifusoras comerciales antes que al interés público, aseveró el diputado Virgilio Caballero Pedraza, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena.

Al presentar la postura de esta bancada sobre los cambios a la LFTR, manifestó que la iniciativa del diputado panista Federico Döring, quien también promovió la Ley Televisa en 2006, sólo atiende los caprichos de los concesionarios del ramo, bajo el falaz argumento de que los Lineamientos Generales para la Defensa de las Audiencias, emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) amenazan la libertad de expresión y permiten la censura previa.

“Morena vota en contra de este dictamen, porque no responde a las necesidades de la ciudadanía y protege a los grandes concesionarios por encima de los derechos de las audiencias. Morena no será comparsa de lo que muchos expertos ya han bautizado como una segunda edición de la Ley Televisa”, recalcó.

En la máxima tribuna del país, aseguró que esa iniciativa no busca resguardar la libertad de expresión, sino que elimina las atribuciones que la misma Cámara de Diputados le otorgó al IFT hace tres años para que, entre otras cosas, garantizara los derechos de las audiencias. Agregó que como esto no les gustó a las televisoras y radiodifusoras comerciales, éstas exigieron a los diputados federales del PRI, PAN y PVEM que defendieran sus intereses.

“¿De qué manera puede defenderse que exigir a los concesionarios que distingan en sus transmisiones la ‘publicidad’ de la programación, para evitar engañar a la ciudadanía, puede interpretarse como una amenaza a la libertad de expresión? Claramente de ninguna”, puntualizó el también secretario de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Caballero Pedraza externó que era conveniente esperar el resultado de las sentencias de las controversias constitucionales –del Ejecutivo Federal y de la mesa directiva del Senado, a cargo del Partido Verde Ecologista– por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber si los Lineamientos amenazan los derechos consagrados en la Carta Magna.

En ese contexto, reclamó que el dictamen de dicha Comisión no tomó en cuenta las opiniones de los académicos, expertos en la materia, defensores de las audiencias y organizaciones civiles. “Cuando los defensores de esta propuesta nos dicen que han escuchado un ‘pronunciamiento unánime de la sociedad’, se refieren sólo a las voces que son afines a las televisoras como la CIRT o los comunicadores de Televisa o TV Azteca”.

Asimismo, destacó que los cambios a la fracción IV del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión eliminan la obligación de distinguir entre publicidad y el contenido del programa, dejando la redacción a la voluntad de los concesionarios.

“En lo que respecta a la distinción entre información noticiosa y opinión, que tramposamente ha sido utilizado para quitarle las facultades de vigilancia al IFT, sostenemos que la obligación de distinguir entre una y otra puede generar una polémica legítima. Sin embargo, es fundamental mantener la obligación de no presentar opiniones como si se tratara de información noticiosa”.

Antes de los posicionamientos de las fracciones parlamentarias, el diputado Ángel Hernández de la Piedra presentó una moción suspensiva al dictamen basada en que la adenda del mismo fue dada a conocer únicamente a la Junta Directiva de la Comisión de Radio y Televisión, de los cuales sólo siete integrantes la avalaron.

El legislador capitalino se quejó de la premura, opacidad e ilegalidad con que aprobaron las reformas. “Este parche ni siquiera cuenta con la mayoría de los votos de los miembros de la Comisión como ordena el reglamento para las modificaciones a los dictámenes, lo cual significa una violación flagrante a los derechos de los diputados integrantes de la Comisión que votaron el dictamen original”.

Posteriormente, durante la discusión del dictamen, el legislador Renato Molina Arias insistió en que los defensores de la iniciativa engañan a la ciudadanía con el pretexto de salvaguardar libertad de expresión.

“Eso es falso, no se trata de resguardar la libertad de expresión, sino de quitarle facultades al propio órgano regulador que fue aprobado por el Poder Legislativo hace apenas 3 años. Se trata de evitar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda emitir los lineamientos en materia de derechos de las audiencias”.

Tras la votación del dictamen en lo general, los diputados Virgilio Caballero Pedraza, Juan Romero Tenorio, Norma Xóchitl Hernández Colín y Ángel Hernández de la Piedra presentaron reservas a los Artículos 15, 17, 19, 228, 256, 259, 297 y 311 del dictamen de la LFTR.

En su momento, los diputados Virgilio Caballero, Ángel Hernández de la Piedra y Araceli Damián González, protestaron cada uno desde su curul sobre el proceso legislativo del dictamen ante el pleno camaral.