#SeguridadSinGuerra señala que los desvíos de gobiernos estatales y municipales (como sucedió en Campeche en 2015) de los recursos destinados a la profesionalización de las policías, ha contribuido a que la seguridad pública quede en manos de las Fuerzas Armadas/El uso indiscriminado del Ejército y la Marina ha llevado a que se sumen otras crisis, como la violencia y las violaciones a derechos humanos.
CIUDAD DE MEXICO, 28 de marzo del 2017.- En el marco de la discusión de la Ley de Seguridad Interior, el Colectivo #SeguridadSinGuerra exigió mejorar las condiciones de las policías estatales y municipales, con el fin de dar una respuesta efectiva y duradera al problema de la inseguridad.
En conferencia de prensa, Denise Dresser, Juan Francisco Torres Landa, María Elena Morera y Luis Fernández insistieron en la necesidad de detener la militarización y recordaron que “aunque en las dos últimas administraciones se ha argumentado que las Fuerzas Armadas están en las calles, porque las policías están rebasadas, la realidad es que los gobiernos estatales y municipales han retrasado deliberadamente su profesionalización, ya sea por falta de voluntad política o porque se benefician de actos de corrupción ligados al mal manejo de los recursos.
En cifras publicadas por el IMCO: “Tan sólo en la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) generó 443 Promociones de Responsabilidad Administrativa sancionatoria como resultado de 147 auditorías a recursos federales destinados a la seguridad pública”.
Y la historia se repite en todos los niveles de gobierno. “A nivel federal, la ASF detectó opacidad en el manejo presupuestal de la Gendarmería Nacional, un cuerpo de seguridad al que se le destinaron dos mil 842 millones de pesos; a nivel estatal, la ASF reportó gastos no comprobables y simulación de obras que tan sólo para el estado de Sonora alcanzan los 108 millones de pesos; a nivel local, por su parte, la ASF descubrió que los gobiernos malgastan el subsidio para la seguridad que reciben de la Federación, pues lo dedican a actividades ajenas a la persecución del delito –como demuestra el caso de Veracruz”.
Para el colectivo #SeguridadSinGuerra, la crisis de inseguridad, violencia y violaciones a los Derechos Humanos se debe en gran parte a la irresponsabilidad y negligencia con la que ediles y gobernadores han actuado.
“A pesar de su irresponsabilidad y negligencia, los vemos muy activos participando en la discusión sobre la inconstitucional regularización de las Fuerzas Armadas en la ejecución de tareas de seguridad pública”, dijo Juan Francisco Torres Landa de México Unido contra la Delincuencia A.C.
“Pero ese mismo ímpetu no lo vemos a la hora de cumplir sus obligaciones de proveer seguridad a los ciudadanos, ni a la hora de rendir cuentas sobre cómo gastan las ingentes cantidades de dinero que se han destinado para la profesionalización de las policías”, afirmó. La salida fácil es llamar al Ejército y, peor aún, para hacer mal uso de él.
“Es tiempo de que nuestros gobiernos asuman su responsabilidad y dejen de ser omisos con los compromisos que ellos mismos adquirieron”, pidió Maria Elena Morera, de Causa en Común, cuando se refirió precisamente a los insuficientes resultados alcanzados por el Sistema Nacional de Seguridad, debido a la falta de acciones que sustenten las promesas.
“Se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles para poder retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las calles”, concluyó Luis Fernández, miembro del Colectivo, quien además añadió: “cualquier ruta de salida requiere de la aplicación de fuertes contrapesos legislativos y judiciales a la actuación excepcional de las Fuerzas Armadas, así como de la existencia de mecanismos de responsabilidad de los gobiernos civiles. No obstante, todo plan requiere, ante todo, de un compromiso contundente por acabar con la corrupción”.
