El senador Manuel Bartlett Díaz señala que la Ley de Seguridad Interior, que se analiza en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, es en realidad la militarización de México y denuncia un grave intento de aprobarla vía “fast-track”.

CIUDAD DE MEXICO, 11 de enero del 2017.- Al iniciar la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el senador Manuel Bartlett Díaz solicitó la palabra para denunciar la intención de aprobar en “privado” un dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que encamine a México hacia una militarización.

“Se prepara ya abiertamente la militarización del país. sin ninguna participación de ningún tipo, no es de carácter privado si este país va hacia un régimen policiaco militar, o no”, denunció.

Sobre la reunión que tuvo lugar el día de ayer, martes 10 de enero, donde se presentaron las iniciativas del PRI y PAN en la materia, el legislador de izquierda dijo que se le impidió hacer uso de la voz, con el pretexto de que habría una sesión posterior, a la cual no fue convocado.

El senador exhibió que “la sesión de ayer se anunció como el inicio de un proceso y con la participación de la opinión pública nacional, sin embargo, el esquema solo fue la presentación de iniciativas a favor de la militarización del país”.

Bartlett Díaz manifestó que en el boletín oficial emitido por el Senado de la República. se menciona que “al término de la reunión, se estableció otra, con carácter privado, donde estuvieron representantes de las cámaras de Diputados y Senadores”, por lo que alertó de la gravedad de que un tema que trastocará la vida nacional, sea discutido en “privado” por los integrantes del denominado Pacto por México.

De forma enérgica, el coordinador de la Bancada PT-Morena en el Senado cuestionó a los legisladores su actitud de dar una respuesta inmediata al “regaño” del secretario General Salvador Cienfuegos, quien ordenó que inmediatamente se le diera este pasaporte –Ley de Seguridad Interior- a permanecer en las calles de México, haciendo labores de policía prohibidas en la Constitución.

“Diputados y senadores ¿Vamos a hacer lo que el General Cienfuegos ordene? ¿A la velocidad que Cienfuegos ordene? ¡Tengamos la dignidad, el valor y el nacionalismo de impedir la militarización!”, reclamó Manuel Bartlett.

En 4 años, duplicado el despliegue militar

Ayer, en el Senado de la República inició el análisis de las iniciativas propuestas para expedir la Ley de Seguridad Interior, las cuales buscan regular la integración, organización, funcionamiento y control de las autoridades encargadas de ésta, con la finalidad de dar certeza jurídica a la labor de las Fuerzas Armadas y seguridad a los ciudadanos.

En estos trabajos, que fueron moderados por el presidente del Senado, Pablo Escudero; el diputado César Camacho Quiroz, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió que la falta de normatividad en la materia “no sólo suele poner en aprietos a las Fuerzas Armadas, sino que resta seguridad jurídica a los ciudadanos”.

Reconoció que actualmente existe la solidez constitucional y normativa para fundamentar el quehacer de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, pero es una obligación jurídica, política y ética darles certeza jurídica y regularizar su actuación.

En este sentido, el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, subrayó que la participación de las Fuerzas Armadas ha sido constante desde el año 2006: sustituyeron parcial o totalmente la responsabilidad civil, estatal y municipal. En consecuencia, se perdió el propósito de construir capacidades institucionales civiles y se generó un perverso incentivo: no invertir en capacidades propias si las Fuerzas Armadas hacen esas tareas. Eso es lo que hay que corregir.

En 2012 había 75 bases militares mixtas de seguridad pública, con mil 680 efectivos militares desplegados; para 2016. son 142, con tres mil 386 elementos permanentes; en cuatro años se duplicó el despliegue militar, precisó.

Añadió que las Fuerzas Armadas no se pueden ir, porque no hay quien las sustituya; lo deseable es que sean sustituidas por fuerzas de naturaleza civil, confiables y competentes. Con policías mal pagados, no se podrá estabilizar al país en términos de violencia, advirtió.

A su vez, el senador Miguel Barbosa Huerta, del PRD, destacó que “la sociedad mexicana se encuentra atrapada entre el asedio de los grupos de la delincuencia organizada, la ineficacia y corrupción de muchas de sus corporaciones policíacas y la actuación sin un marco legal claro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”.

Consideró que la regulación debe establecer la normatividad para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles; y contemplar, como condición previa para su aplicación, la constatación de la insuficiencia de las fuerzas civiles de seguridad para enfrentar y atender una amenaza a la seguridad interior.

“La discusión y emisión de una Ley de Seguridad Interior –asentó– debe partir de la situación política que atraviesa el país y reconocer que el Ejército y la Marina se encuentran actualmente en las calles realizando funciones de seguridad pública”.