El país se ha ido transformando: ONU Mujeres

Por Gloria Análco/SemMéxico

CIUDAD DE MEXICO, 8 de diciembre del 2016.- Necesitamos muchos más hombres, 55 millones de mexicanos, diciéndole ¡no! al machismo y diciéndole ¡no! a la violencia hacia las mujeres.

Así lo afirmó Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, quien dijo que cuando ocupó ese cargo, en 2012, sólo el estado de Guerrero tenía tipificado el feminicidio, lo cual hizo en diciembre de 2010.

“Hoy ya lo tienen tipificado 31 estados en sus códigos penales, sólo falta Chihuahua”, dijo Güezmes.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció una iniciativa de ley para tipificar el feminicidio el pasado 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y fue la primera vez que un gobernador de esa entidad participaba en un evento con activistas contra la violencia hacia las mujeres.

Güezmes no sólo ha sido testigo presencial sobre la transformación que ha experimentado México en los últimos años para que las mujeres se signifiquen, sino que también ella ha jugado un papel fundamental en nuestro país en ese propósito como alta funcionaria de la ONU.

“Se ha ganado mucho terreno en estos últimos 10 años, desde que fue promulgada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el 1 de febrero de 2007”, precisó.

Resaltó la labor trascendental de las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre otras muchas, que están dando seguimiento y acompañamiento a las mujeres y también judicializando casos a nivel nacional, incluso, internacional.

El OCNF es una alianza constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 21 estados de la República mexicana y el Distrito Federal.

Güezmes apuntó que la LGAMVLV, que el año próximo cumplirá 10 años, ha sido emblemática no sólo para México, sino también para el mundo porque pone a todas las formas de violencia en contra de las mujeres en esa legislación.

“Si uno mira lo que ha pasado en México estos últimos 10 años, pueden apreciarse avances muy significativos. Los avances han sido muchos y muy importantes, ha sido increíble lo que se ha logrado con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, señaló.

Esa ley estableció las bases para la coordinación entre la federación, las entidades del país y los municipios, con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Tiene su antecedente en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés), que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979.

Estableció las bases con carácter de obligatoriedad para que los Estados miembros de la ONU reformaran las leyes con el fin de eliminar toda discriminación contra las mujeres, incluida la política con lo que se dio lugar a una mayor representatividad de las mujeres en el Congreso de la Unión.

Indicó Guezmes que la LGAMVLV abrió el camino para que el Estado mexicano estableciera el Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuya coordinación el Presidente Enrique Peña Nieto elevó a nivel ministerial, y también a la creación del Sistema Nacional de Violencia contra las Mujeres, el cual fue instalado el 20 de agosto de 2008.

A casi 10 años de la promulgación de esa Ley, que define la violencia feminicida y que por primera vez reconoció legalmente la violencia contra las mujeres, ambos sistemas están impulsando acciones que contribuyen a implementar políticas públicas para, según sea el caso, alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y combatir la violencia contra las mujeres.

Güezmes mencionó los diversos programas que ha diseñado el Gobierno Federal, emanados de ambos sistemas a favor de la igualdad de género y para erradicar la violencia contra las mujeres.

Especialmente se refirió a los Centros de Justicia para la Mujeres que, dijo, “desde ONU Mujeres valoramos mucho”, y obedecieron a la recomendación de la ONU de crear una ventanilla única donde las mujeres pudieran encontrar en un solo lugar todos los servicios que demandaran para hacer valer sus derechos humanos.

Actualmente, operan 31 Centros de Justicia en 23 estados del país y proporcionan servicios de atención psicológica, albergues temporales, ludoteca con expertos en desarrollo infantil, talleres de empoderamiento social y económico y ayuda para salir de los círculos de violencia.

Para Ana Güezmes ha sido una gran noticia que en esos centros se esté introduciendo el componente de empoderamiento económico, lo cual, dijo, “es fundamental para que las mujeres puedan salir más rápidamente de la violencia que padecen en manos, sobre todo, de sus parejas”.

Le pregunto si esos centros son únicos en el mundo, y señaló que hay en El Salvador, Perú y en otros países de la región, pero consideró que lo significativo del modelo mexicano es que son centros que se trabajan de la mano del Gobierno Federal y gobiernos estatales, sin importar qué partido político los encabece.

“Es una coinversión para que los centros funcionen, los cuales tienen estándares cada vez de mayor calidad para combatir la violencia contra las mujeres, y que ahora están incorporando el empoderamiento de las mujeres en lo económico”, recalcó.

Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres, dijo, significa además avanzar más rápidamente en la igualdad de género, en la erradicación de la pobreza y en el crecimiento económico inclusivo.

Indicó que los centros de Refugio son temporales, funcionan como una protección frente al riesgo y el peligro que enfrentan, pero lo que definitivamente necesitan las mujeres es lograr autonomía económica, brindarles oportunidades para desarrollar sus proyectos y lograr su independencia económica.

Actualmente, hay 72 refugios para mujeres que se encuentran en situación de violencia en las 32 entidades del país, con atención especializada, contra 29 que había en 2014.

La Representante de ONU Mujeres en México consideró que el machismo se ha ido desterrando entre las autoridades, y que prueba de ello es la existencia de políticas públicas como la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación, que promueve la inclusión laboral, igualdad salarial y de oportunidades de contratación para ambos sexos.

Asimismo, mencionó que el actual Gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes para hacer frente a este problema que ha adquirido dimensiones monumentales.

También comentó la construcción de los llamados “Cuartos rosa”, con lo cual se trata de evitar el hacinamiento y proteger a las niñas, así como el Seguro de Vida de Jefas de Familia.

Consideró que esos programas contribuyen a revertir la desigualdad que hay entre mujeres y hombres, y abre paso a que se sigan emprendiendo acciones afirmativas con mayor apoyo a las mujeres.

Un avance que calificó de “muy trascendental”, fue el rol que jugó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso específico de la sentencia por el asesinato de Mariana Lima, el cual derivó en una sentencia emblemática en 2015 para que los casos de asesinatos de mujeres sean investigados desde la perspectiva de género.

Por unanimidad, el máximo tribunal determinó que el caso contó con irregularidades en su investigación y ordenó reabrir el caso de la muerte de Mariana Lima Buendía, una mujer del Estado de México que, según sus familiares, fue asesinada por su esposo, quien es policía judicial de esa entidad.

Tras el fallecimiento de la mujer, el caso fue cerrado sólo con la declaración de su marido, quien aseguró que su esposa se había suicidado.

Al tener conocimiento de las irregularidades del proceso, la Suprema Corte dijo que siguiendo estándares internacionales, nacionales e incluso locales, y con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, en lo sucesivo “cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa del hecho”.

Ana Güezmes concluyó que a partir de ese precedente, el Poder Judicial debe aplicar esos estándares en todos los casos en que haya muertes de mujeres en forma violenta, “y esto lo vuelve histórico y trascendente”.