Ante la CIDH, organizaciones civiles instan a seguir de cerca estos tratados internacionales de comercio y sus posibles consecuencias.

Por Daniel Sánchez

PANAMA, Pan. 7 de diciembre del 2016.- Ante las denuncias de organizaciones civiles sobre la afectación a los derechos humanos con la implementación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comprometió a discutir este y otros acuerdos regionales para monitorear su posible impacto en los derechos humanos.

En la audiencia “Situación de derechos humanos en el contexto de la implementación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en las Américas”, celebrada dentro del 159 periodo de sesiones de la CIDH, las agrupaciones manifestaron su preocupación por la protección que el Acuerdo da a los inversionistas, a través de disposiciones subjetivas, sobre las decisiones de los Estados para implementar políticas públicas, incluidas aquellas relacionadas con la protección de los derechos humanos.

Los representantes civiles manifestaron que las disposiciones del Acuerdo impedirían el pleno goce del derecho de los pueblos indígenas de la región al consentimiento previo, libre e informado de proyectos en sus territorios ancestrales.

Sostuvieron además que las disposiciones de resolución de conflictos del tratado afectarían los derechos a un juicio imparcial y al debido proceso en los Estados que se adhieran a él.

Adicionalmente, indicaron que las disposiciones del Acuerdo en materia de propiedad intelectual tendrían un impacto negativo en el derecho a la salud en la región, ya que priorizan la protección de patentes comerciales sobre las necesidades de tratamiento y prevención de enfermedades de los órganos salud pública de los Estados.

Instaron a la Comisión a seguir de cerca la relación entre la firma de tratados internacionales de comercio y sus posibles consecuencias para los derechos humanos.

La Comisión reconoció la importancia de discutir sobre este y otros acuerdos de alcance regional para monitorear su posible impacto en los derechos humanos en el hemisferio.

Ausencia de laicidad en Estados

En otra de las audiencias generales, denominada “Derechos humanos, Estado laico y morbimortalidad femenina en las Américas”, los solicitantes expresaron que su motivación para presentarse a la audiencia es la ausencia de laicidad por parte de los Estados, aun cuando constitucionalmente son laicos, se ven influidos por grupos anti-derechos. Esta situación conlleva a afectaciones a derechos a la vida y a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ.

Los solicitantes mostraron su preocupación de la brecha entre la laicidad y la influencia de los grupos anti-derechos o grupos fundamentalistas que obstaculizan el goce de derechos.

El comisionado José de Jesús Orozco Henríquez agradeció la solicitud de esta audiencia, al tiempo que recordaba que nadie tiene derecho de imponer sus propias concepciones morales a las otras personas.

Por su parte, el comisionado Paulo Vannuchi reconoció que el mundo vive una clara situación de regresión, debido a la presencia de algunos grupos intolerantes.

Tortura, violencia e impunidad

En la audiencia “Tortura, violencia institucional e impunidad en las Américas”, las organizaciones participantes informaron que la tortura y la violencia institucional a la que se ven sometidas las personas privadas de libertad, constituyen serios problemas que continúan estando presentes en la mayor parte de la región.

Informaron que el aislamiento, requisas vejatorias, hacinamiento, traslados gravosos, sobrepoblación, implementación de políticas represivas de control social, falta de infraestructura adecuada, entre otras problemáticas, son factores que inciden en la práctica de la tortura, violencia y malos tratos que enfrentan las personas privadas de la libertad.

Adicionalmente, agregaron que existiría ausencia y falencias en los registros de casos de torturas y hechos de violencia; persistiría la falta de colaboración de parte de las autoridades penitenciarias cuando se les requiere información sobre  estos casos; las investigaciones penales no se llevan a cabo con la diligencia necesaria y la inexistencia de sentencias judiciales condenatorias por delitos de tortura ha servido en ocasiones como argumento a las autoridades para negar la sistematicidad de dichas prácticas; no se realizarían exámenes médicos adecuados y oportunos, de acuerdo al Protocolo de Estambul, a personas que alegan ser víctimas de torturas; entre otros aspectos que consolidan la impunidad en este tipo de situaciones.

La CIDH agradeció la información aportada y reiteró su compromiso con esta temática, en el marco de los diversos mecanismos de la Comisión Interamericana.