Víctimas y ONG´s exigen que en la reforma a la Ley General de Víctimas, se tengan en cuenta la autonomía para la CEAV); plena participación de las víctimas en la designación y en la toma de decisiones; sanciones contra servidores públicos revictimizadores y suficiente presupuesto. CIUDAD DE MEXICO, 18 de octubre del 2016.- Los grupos de víctimas, las organizaciones y personas suscritas manifestaron su extrañamiento ante un conjunto de medidas adoptadas en el proyecto de dictamen de Ley General de Víctimas que se discute en el Senado de la República. Por ello, listaron a continuación los aspectos que desde su óptica resulta necesario incorporar en la reforma a la Ley General de Víctimas para que sea efectiva, y que en el debate legislativo se atiendan las reformas de manera urgente y desde una perspectiva humanitaria que atienda el drama en el cual se encuentran miles de víctimas.
- Autonomía de la CEAV
Una reforma que no garantice la máxima autonomía para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) será ilusoria. Por ello, debe eliminarse la “Junta de gobierno” que incluye el dictamen y sustituirse por el Consejo Directivo que propuso sociedad civil en la iniciativa presentada al Senado el 13 de abril de 2016, a saber, una asamblea conformada por víctimas, expertos en su atención de sociedad civil y la academia, con facultades para decidir sobre el programa anual de trabajo, las prioridades de ejercicio presupuestal y el informe anual de la persona titular de CEAV.
- Mecanismo de designación con consulta abierta y plural
No aceptamos la designación directa por parte del Ejecutivo, incluso con ratificación senatorial. Antes bien, demandamos la adopción de un mecanismo de designación semejante al de la CNDH en el cual el Senado realiza una consulta y convocatoria amplias y luego de un ejercicio de auscultación se determina quién se estima el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la CEAV, o bien, que el Ejecutivo proponga una terna al Senado, pero no sin antes haber realizado un ejercicio de consulta amplia, plural y abierta a las víctimas sobre los perfiles que se estiman idóneos, lo cual tendría que reiterarse en el Senado con respecto a la terna que envíe el Ejecutivo.
- Reconocimiento de los derechos de las personas víctimas de desplazamientos interno forzado como violación autónoma de múltiples derechos humanos
Reconocer la situación de desplazamiento interno forzado como un hecho victimizante dentro de la Ley, e incluir la definición propuesta por la sociedad civil en la iniciativa de reforma que deberá constar explícitamente en el artículo 6 de la Ley General de Víctimas.
- Exclusión de los comisionados de la actual CEAV y otros políticos y funcionarios de presidir la que habrá de ser la nueva CEAV
Si todo cambia, pero se mantienen los mismos perfiles, se estará simulando una vez más. Por ello exigimos que no se elimine el impedimento que actualmente figura en la Ley que excluye de la titularidad de CEAV a quienes hubieran sido servidores públicos o dirigentes partidistas durante los dos años previos a su designación.
- Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral SIN condicionamientos del Ejecutivo
Un fondo condicionado por el gobierno es una herramienta de intervención en los asuntos internos de la CEAV, así como una forma de anular su autonomía. Por ello, demandamos que la dotación presupuestaria al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que proviene del Presupuesto de Egresos de la Federación se conserve fija con el monto mínimo equivalente a 0.014% del Gasto Programable, sin condicionar ni reducir su entrega por parte del Ejecutivo.
- Reconocimiento pleno y recursos para peritajes e investigaciones independientes y de alta calidad para garantizar el acceso efectivo a la verdad y la justicia
La Ley debe reconocer plenamente el derecho de las víctimas a designar peritos independientes, nacionales y/o internacionales, así como su plena efectividad procesal, e indicar que cada año se destinará una cantidad importante de recursos para costear los servicios de peritos que pudieran requerir las víctimas, así como para la realización de peritajes independientes elaborados por personas expertas nacionales y extranjeras, así como materiales, instrumental y laboratorios basados en sociedad civil y/o instituciones educativas.
- Sanciones contra los servidores públicos omisos, revictimizadores o negligentes
Incluir el capítulo de sanciones administrativas y penales que se incluyó en la iniciativa de reforma presentada por grupos de víctimas y sociedad civil el 13 de abril de 2016, que contempla un conjunto de supuestos de omisión, negligencia y victimización secundaria que deben constituir faltas administrativas y delitos, cuando de ellas se desprende daño a la vida, integridad, salud, libertad o acceso efectiva a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Por los colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM) Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, A.C. (UDBC) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) Colectivo Colibrí Colectivo Familias de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba Colectivo Solecito de Veracruz Comité de Familiares de Personas Detenidas – Desaparecidas en México (COFADDEM-Alzando Voces) Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero Desaparecidos Justicia, A.C. – Querétaro Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos Documenta, A.C. Familiares en Búsqueda María Herrera Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ) Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Veracruz Grupo VIDA Torreón i(DH)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) Observatorio Ciudadano de los Procesos de Designación de los Servidores Públicos (DESIGNACIONES) Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche Red de Feministas Peninsulares Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana) Siempre Vivos, AC. – Chilapa, Gro. Taller de Desarrollo Comunitario, A.C. (TADECO) Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos – San Luis Potosí Zacatecanos por la Paz Víctimas y personas solidarias: Adela Cedillo, Universidad de Wisconsin-Madison Alejandra González Marín, Defensora de derechos humanos Argentina Casanova, Defensora de derechos humanos Brenda Ivonne Rangel Ortiz, Desaparecidos Justicia, A.C. – Querétaro Carolina Robledo Silvestre, Catedrática Conacyt del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Froylán Enciso, Profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE-Región Centro Jacobo Dayán, Defensor de derechos humanos Javier Sicilia Zardaín, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Jorge Verástegui González,Defensor de derechos humanos Leticia Calderón, Consultora de temas migratorios, Instituto José María Luis Mora Lucía de los Ángeles Díaz Henao, Colectivo Solecito de Veracruz María Antonieta Muñoz Roa, Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Veracruz María Guadalupe Aguilar, FUNDEJ – Jalisco Miguel Concha Malo, Defensor de derechos humanos Roberto Villanueva Guzmán, Defensor de derechos humanos Rossana Reguillo, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Sandra Serrano, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México Sergio Capito, Profesor-Investigador Universidad Autónoma de Baja California Silvano Cantú Martínez, Defensor de derechos humanos Silvia Élida Ortíz Solís, Grupo VIDA de Torreón, Coahuila Simón Hernández León, defensor de derechos humanos Zinia Capó, New York State University – Stony Brook
