La Puya: “Crónica de una muerte anunciada”/El MP realiza allanamientos en la finca e instalaciones de la mina propiedad de la empresa Kappes Kassidy & Assocciates (KCA), de Estados Unidos de Norteamérica. Por Nelton Rivera “Estamos hablando de crónica de una muerte anunciada”. La frase, al escucharla de inmediato, nos lleva a pensar en una de las novelas del escritor Gabriel García Márquez, la crónica de un suceso que termina con un desenlace fatídico, que todo el mundo conoce y sabe que deberá llegar en cualquier momento. Esta frase fue con la que el abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), comenzó a narrar cómo esta mañana el Ministerio Público (MP) realizó tres allanamientos[1] dentro de la finca e instalaciones de la mina “El Tambor” Progreso VII Derevida, propiedad de la empresa de los Estados Unidos, Kappes Kassiday & Assocciates (KCA). Este lunes seis de junio de 2016, el MP constató que la empresa EXMINGUA-KCA continuó explotando de manera ilegal. “Esto nos confirma el carácter criminal de esta empresa, al no acatar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, lo más impactante es que el MP no ha solicitado aún las ordenes de captura nacionales e internacionales contra de los gerentes y empresarios socios. Nos encontramos con una verdadera estructura criminal que se dedica  al tráfico ilegal del patrimonio cultural que no declararon al Ministerio de Cultura y Deportes”. La fiscal Aura Marina López, en una conferencia de prensa realizada en el MP, describió que los delitos cometidos por los personeros de la mina podrían tener una pena de dos a cinco años de prisión, por la explotación ilegal de recursos naturales. Momentos antes, la secretaria general del MP, Mayra Véliz, anunció los detalles de los allanamientos por la continuidad de las operaciones de la empresa EXMINGUA, a pesar de la suspensión que la Corte de Constitucionalidad y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenaron meses atrás.[2] Las comunidades afectadas por la empresa llevan años denunciando la forma ilegal y violenta en que la empresa encargada de los trabajos de explotación EXMINGUA se instaló en los dos municipios del departamento de Guatemala. En San Pedro Ayampuc, por ejemplo, el pueblo maya Kaqchikel demandó el respeto a su territorio junto a las comunidades mestizas en el mismo municipio, y en San José del Golfo, el Estado simplemente protegió los intereses de los empresarios, hoy el MP confirmó el saqueo de varias piezas arqueológicas que pertenecen al pueblo Maya en esa región. “… las empresas mineras en Guatemala no respetan el ordenamiento jurídico nacional, y solo ven cómo explotar y robar la riqueza natural del país. Como CALAS, vamos a constituirnos como querellantes adhesivos en el proceso penal para buscar el castigo por los delitos cometidos por esta empresa y este es momento para que la nueva procuradora general de la nación busque el proceso administrativo para investigar y ordenar la caducidad en definitiva de los derechos mineros de esta empresa”. Todo esto está sucediendo a escasos 20 kilómetros de la ciudad capital, idéntico al mismo pueblo pequeño y aislado, como el pueblo de la novela de García Márquez en la costa del Caribe. En allanamiento de la Puya localizan piezas arqueológicas. Vía @Bvasquez_pl [1] Ministerio Público. https://twitter.com/MPguatemala/status/739900142963195904 [2] Conferencia de Prensa por allanamientos en mina “El Tambor” en San Pedro Ayampuc. Ministerio Público. https://twitter.com/MPguatemala/status/739893505544179712