El abogado Sergio Antonio Reyes anuncia el asesoramiento a los integrantes del Comité de Resistencia contra las Presas en el río Usumacinta, para que se cumpla con la ley ambiental y se consulte a los pobladores. BOCA DEL CERRO, TENOSIQUE, Tab. 10 de febrero del 2016.- El abogado Sergio Antonio Reyes Ramos señaló que el gobierno federal tiene que cumplir disposiciones legales, nacionales e internacionales, para iniciar la construcción de infraestructura hidroeléctrica en el Usumacinta. El profesionista del Derecho dijo que lo primero, es dar a conocer públicamente la información de impacto ambiental que exigen los artículos 34 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y desde luego la consulta a los pueblos indígenas de la zona, que ordena el artículo 2° de la Constitución de la República. “Sin embargo, los proyectos hidroeléctricos sobre el Usumacinta afectan ya diversos derechos humanos de la población, pues por reiterados (desde 1965 se amaga con ello) generan incertidumbre e inestabilidad ante la indiferencia de las autoridades locales que no exigen una definición a las instancias federales, de tal modo que los tabasqueños y chiapanecos de las zonas amenazadas de inundación ( rio arriba) o desecamiento (rio abajo) de Boca del Cerro, están prácticamente indefensos y sus derechos fundamentales a un medio ambiente saludable, a la seguridad jurídica, a la información, participación y consulta en proyectos de desarrollo e infraestructura están siendo vulnerados”, puntualizó. Reyes Ramos hizo un recorrido con María del Carmen May Jiménez, del Comité de Resistencia contra las Presas en el Usumacinta, quien seria de las directamente afectadas -pues vive en las cercanías del Puente Boca del Cerro- y “enfatizamos que el gobierno federal está obligado a dar a conocer a la población dichos proyectos, que inclusive, son información mínima que debe estar disponible, tanto en los portales de CFE, como de Conagua, por lo que les proporcionaremos asesoría jurídica para obtenerlos y también para hacer valer disposiciones en la materia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y Protocolo de San Salvador”. “Hasta ahora, del Cañón del Usumacinta para arriba (hasta los límites con Chiapas) es una Área Natural Protegida creada, mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de septiembre de 2008, cuyo programa de manejo de agua publicado en junio de 2015 no contempla infraestructura de presas o represas que alterarían el ecosistema y a numerosas especies de flora y fauna que tienen ahí un refugio. Por eso vamos a apoyarlos jurídicamente. Que de una vez se defina el asunto y así promover los recursos y acciones incluso ante instancias internacionales, antes de que inicie cualquier construcción”, recordó. “En 1989, ante una situación similar, recorrí la zona hasta el Petén. En aquel entonces las protestas campesinas en Guatemala estaban fuertes. Entonces se pretendía hacer dos presas de aquel lado y una grande en Tenosique. La fuerte presión social logró que el gobierno local de ese departamento se pronunciara también en contra. Y todos los proyectos fueron trasladados para el lado mexicano de la frontera. Allá solamente se hizo una mini-presa en un afluente del Usumacinta. “Las presas del Usumacinta son un viejo proyecto que data de las décadas de los sesenta. Primero se habló de una tipo Malpaso o la Angostura y luego de varias de menor tamaño. Intermitentemente se anuncia su reactivación. En 2012, todos los candidatos presidenciales se manifestaron a favor de construirla. “Empero, la actual construcción de espigones rio abajo del cañón ha despertado nuevamente el temor en las comunidades tabasqueñas y una fuerte oposición en las comunidades indígenas chiapanecas, pero hasta ahora ninguna reacción de los alcaldes o diputados de Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta, Centla o del gobierno de Tabasco”.