La dependencia federal asegura que no se trata de un ecocidio o devastación ambiental y exonera al Fonatur por el desmonte.
CIUDAD DE MEXICO, D.F. 28 de enero del 2016.- En un intento por minimizar la destrucción del manglar del Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) afirmó que no se trata de un ecocidio o una devastación ambiental y que no encontró indicios de daño, ni responsabilidad ambiental atribuible al Fonatur. La dependencia federal informó los resultados preliminares de una serie de trabajos de gabinete y campo realizados al proyecto Malecón Tajamar y manifestó que “el desmonte del pasado 16 de enero, se ejecutó al amparo de autorizaciones válidas y vigentes otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”. “Hasta el momento, la evidencia recabada sobre un presunto daño es indicativa de responsabilidad ambiental a la empresa BI & DI REAL ESTATE DE MÉXICO S.A. DE C.V., por realizar acciones de desmonte de vegetación forestal, sin contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni con Estudio Técnico Justificativo, ni con proyectos ejecutivos validados por la Sermarnat”, indicó. “Para la construcción de los proyectos en los diversos lotes del predio, se deberán obtener nuevas autorizaciones de la Semarnat, al amparo de la legislación hoy vigente y en congruencia con las demás disposiciones estatales y municipales”, agregó. La Profepa dijo que ha realizado inspecciones permanentes al proyecto y continúa profundizando en la revisión de los términos y condicionantes de las autorizaciones otorgadas por la Semarnat al proyecto Malecón Tajamar Cancún. Sin embargo, precisó que las acciones de chapeo y desmonte realizadas por Fonatur se hicieron con base en los protocolos correspondientes. Anunció que emplazará y ordenará al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que concluya el programa de rescate de la fauna silvestre observada en la inspección efectuada el pasado 26 de enero. Asimismo, continuará con los procedimientos para determinar la responsabilidad ambiental y administrativa de la empresa BI & DI REAL ESTATE DE MÉXICO S.A. DE C.V., y mantendrá su coadyuvancia con la Procuraduría General de la República (PGR) para la determinación de la responsabilidad penal que corresponda, por delitos contra la biodiversidad.
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