El presidente de la Comisión, Luis Raúl González, dio a conocer que desde el año 2000, han ocurrido 107 homicidios de periodistas; 20 periodistas están desaparecidos desde 2005; ha habido 47 atentados a medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010, se han recibido 488 quejas por agravios en la CNDH. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 31 de octubre del 2015.- Luego de señalar que están en la impunidad el 89 por ciento de las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación, que hace de México el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, propuso la creación de una Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que se denominará “Alerta 6” –por su referencia al artículo 6° constitucional—, a partir de enero próximo. Tras la referencia al elevado porcentaje de impunidad, de acuerdo con la Recomendación 20/2013 emitida por este organismo nacional, sobre Agravios a Periodistas en México y la Impunidad Imperante, el ombudsman nacional convocó a las instituciones públicas, medios de comunicación, organizaciones sociales y civiles, periodistas y defensores de derechos humanos, con el fin de conjuntar esfuerzos tendientes a la implementación de la “Alerta 6”. En el marco del acto conmemorativo del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que tuvo como sede el Polyforum Siqueiros, González Pérez enfatizó la necesidad de mantener y ampliar los contactos con la sociedad civil en todas las entidades del país, para el conocimiento de eventos de agresiones a periodistas. Acompañado en el presídium por la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Luis Fernando Perera Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, y Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH, subrayó que con dicha Alerta se identificarán situaciones urgentes y patrones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de instrumentar acciones de protección coordinadas, proponiendo políticas públicas para atender esos sucesos. “Para la atención inmediata de esos casos –dijo-, contaremos con las 16 oficinas foráneas que tiene la CNDH en toda la República, así como con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, a quienes estamos solicitando se incorporen a esta acción, en donde su personal podrá brindar apoyo, asistencia, orientación y, en su caso, la implementación de medidas cautelares que se requieran, a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de los periodistas agredidos”. También mencionó que se dará acompañamiento a las víctimas para la presentación de las denuncias correspondientes, así como para las solicitudes de incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Para ilustrar la gravedad del problema, “que a todos nos debe alarmar”, González Pérez manifestó que de acuerdo con los registros de la CNDH, desde el año 2000 a la fecha, han ocurrido 107 homicidios de periodistas; 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005; han ocurrido 47 atentados a medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010, se han recibido 488 quejas por agravios a periodistas en este organismo nacional. Explicó que los estados con mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas destacan Veracruz, con 14.9 por ciento; Tamaulipas, con 12.1; Guerrero y Chihuahua, 11.2 cada uno y Oaxaca, 9.3 por ciento. Puso en relieve como tipo de agresiones los medios indirectos para inhibir la libertad de expresión, como la utilización de tipos penales que se imputan a periodistas que documentan asuntos de interés público, así como detenciones arbitrarias, por responsables de ejercer labores de seguridad pública. “Las acciones antes descritas –añadió— son especialmente reprochables cuando se cometen en contra de quien, como parte de sus actividades periodísticas, documenta y difunde información. El hecho de que servidores públicos cuestionen la actividad y sometan a un periodista a actos de molestia y a detenciones arbitrarias, constituyen acciones que vulneran la libertad de expresión del comunicador y afectan el derecho a recibir información de la sociedad en su conjunto”. “Lamentablemente –aseguró— las agresiones contra periodistas, medios de comunicación y defensores se han vuelto una realidad cotidiana indignante”.