La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos denunció que con el caso de despojo a la defensora de derechos humanos, Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, se pretende la legitimación de la ilegalidad en tribunales locales y federales en el derecho humano a la vivienda. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 12 de febrero del 2015.- La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos señaló que “la descomposición por la que atraviesan las instituciones del Estado es total” y denunció que con el caso de despojo a la defensora de derechos humanos, Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, se pretende la legitimación de la ilegalidad en tribunales locales y federales en el derecho humano a la vivienda. “Este hecho es grave, no sólo en la particularidad del caso, sino en la trascendencia que tiene al asentar precedentes en el sistema de justicia en nuestro país; en el que un acto ilegal y violatorio de garantías, puede ser consumado, aun siendo del conocimiento del órgano de control de constitucionalidad y legalidad, como lo es el Tribunal Colegiado, provocando así ilegitimidad y falta de credibilidad en el actuar del poder judicial local y federal”, advirtió. “Esta situación en los tribunales tiene que pasar por el escrutinio del pueblo mexicano. La descomposición por la que atraviesan las instituciones del Estado es total; empezando por funcionarios de primer nivel del ejecutivo federal, asociados a conflictos de interés, nepotismo, tráfico de influencias, corrupción, crímenes de lesa humanidad; hasta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos integrantes ganan poco más de 18 mil pesos diarios, mientras el salario mínimo promedio en el país no pasa de los 70 pesos”, puntualizó. La organización civil manifestó que “en México, se promueve un discurso jurídico de mayor protección a derechos humanos, no obstante al encontrarnos en un Estado de Derecho burgués, la realidad institucional se contrapone a la materialización de los mismos, en que el acceso a la justicia se ve menguado por formalismos y tecnicismos, que son en la mayoría de los casos favorables a quienes cuentan con los recursos económicos y políticos para beneficiarse de una procuración y administración de justicia a modo”. “Esta es una realidad que se presenta en el ámbito de los derechos civiles y políticos; así como en los derechos de carácter social, económico y cultural”, expresó. “El derecho a la vivienda -Artículo 4º Constitucional y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)- como otros derechos indispensables para la vida digna del pueblo, se supedita a la lógica mercantilista del capital financiero, por medio de la especulación inmobiliaria, dotando de libertad absoluta a empresas privadas, que en su mayoría son recuperadoras de cartera vencida, que compran cientos de juicios por una cantidad mínima, para después venderlos por arriba del 500 por ciento, elevando el costo de las casas de interés social despojadas a un precio de casa residencial”, agregó. “Esto se da en una relación de desventaja económica y parcialidad legal entre familias víctimas de tecnicismos legales y las cesionarias en los Tribunales, mismos que legitiman la obtención por medio de un acto ilegal, como es el lucro indebido, concretando lo que se denomina acumulación de riqueza por despojo”, apuntó.
A continuación el comunicado de la RNDEHH:
A los medios de comunicación nacionales e internacionales A los organismos de defensa de los derechos humanos A las organizaciones en defensa de la vivienda Al pueblo de México
En México, se promueve un discurso jurídico de mayor protección a derechos humanos, no obstante al encontrarnos en un Estado de Derecho burgués, la realidad institucional se contrapone a la materialización de los mismos, en que el acceso a la justicia se ve menguado por formalismos y tecnicismos, que son en la mayoría de los casos favorables a quienes cuentan con los recursos económicos y políticos para beneficiarse de una procuración y administración de justicia a modo. Esta es una realidad que se presenta en el ámbito de los derechos civiles y políticos; así como en los derechos de carácter social, económico y cultural. El derecho a la vivienda -Artículo 4º Constitucional y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)- como otros derechos indispensables para la vida digna del pueblo, se supedita a la lógica mercantilista del capital financiero, por medio de la especulación inmobiliaria, dotando de libertad absoluta a empresas privadas, que en su mayoría son recuperadoras de cartera vencida que compran cientos de juicios por una cantidad mínima, para después venderlos por arriba del 500%, elevando el costo de las casas de interés social despojadas a un precio de casa residencial. Esto se da en una relación de desventaja económica y parcialidad legal entre familias víctimas de tecnicismos legales y las cesionarias en los Tribunales, mismos que legitiman la obtención por medio de un acto ilegal, como es el lucro indebido, concretando lo que se denomina acumulación de riqueza por despojo. Tal es el caso de nuestra compañera GUADALUPE MARIEL BONILLA DUMIT, integrante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos y representante legal de organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y populares en varios estados del País, a quien se le ha negado el derecho de defensa ante los tribunales de justicia, al ponderar causales de improcedencia del juicio de amparo (garante constitucional de derechos humanos en México) para evitar pronunciarse respecto al juicio viciado y fraudulento del que es víctima y el cual ha concluido sin darle oportunidad de defensa, ante la determinación parcial y por tanto injusta del Juez Décimo Segundo Especializado en Materia Fiscal, de despojarla de su vivienda para entregársela a la empresa “Zendere”, encargada de recuperar cartera vencida hipotecaria. Las circunstancias en que se desarrolló el juicio resultan material y legalmente absurdas, debido a que por prestación laboral de su padre JORGE BONILLA SÁNCHEZ obtuvo de Banco Internacional Mexicano (hoy HSBC) en 1990 el inmueble materia de la litis, hipotecando su casa al banco mencionado, como garantía de pago, del cual cubrió más de la mitad del costo, debido a que se le realizaban descuentos nominales hasta 1995, fecha en que fue despedido de manera injustificada y en la que el banco impone trasladar la hipoteca al sistema de UDIS sin su autorización; motivo por el cual se le dejan de recibir los subsecuentes pagos. Es importante mencionar que la señora MARIA ELVIRA DUMIT GARZÓN, esposa del señor Jorge y madre de nuestra compañera, muere en 1992, suceso del cual el banco tuvo conocimiento, ya que como prestación laboral, fue esta institución la que le prestó el servicio médico. Aunado a que de manera oficial se presentó a la instancia correspondiente el acta de defunción. Este dato se destaca, porque la hipoteca fue firmada como sociedad conyugal. Fue hasta el año 2003 que se inscribió la hipoteca del inmueble; iniciando en ese mismo año la empresa SCLQ Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, cesionaria de Banco Internacional (BITAL), juicio ordinario mercantil para cobrar la hipoteca en su totalidad, emplazando a los señores JORGE BONILLA SÁNCHEZ y MARIA ELVIRA DUMIT GARZÓN, quien para esta fecha tenía 11 años de fallecida. Por lo que resulta material y legalmente imposible dicho emplazamiento. Sin embargo, el juicio continuó en beneficio de la cesionaria, dictando sentencia condenatoria en el 2004 y fue hasta el 2010 que la nueva cesionaria inició ejecución de sentencia. Aprovechándose de la violación al derecho de audiencia, que dejó en estado de indefensión a la sucesión de MARIA ELVIRA DUMIT GARZÓN y los vicios procesales subsecuentes, se adjudicó el inmueble por menos de la mitad de su valor, aplicando interés ordinario y moratorio, es decir, interés sobre interés, lo cual también es sancionado por la ley. Tras la denuncia de estos hechos ante el Poder judicial de la Federación, el 10 de septiembre del 2014 el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Puebla concedió el amparo y protección a GUADALUPE MARIEL BONILLA DUMIT, en su carácter de Albacea Definitiva, tras la notoria violación al derecho humano de audiencia que la dejó en estado de indefensión en el juicio ordinario mercantil anteriormente referido. No obstante, la empresa ZENDERE, a través de su representante legal MARIA LEVINIA CABRERA ARELLANO, con la finalidad de legitimar su actuar fraudulento, puesto que conocía que el juicio estaba viciado de origen, mediante la impugnación del amparo otorgado, alega que por causales de improcedencia del Juicio de Garantía, éste no debe de resolverse de fondo, pretendiendo así soslayar la violación a derechos humanos para que de esta manera no se afecte su interés económico. Es decir, que quiere evitar que el Juez estudie de fondo el caso, porque de hacerlo se anularía todo lo actuado. Actualmente, el juicio se encuentra en revisión de amparo ante el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del sexto Circuito, bajo la ponencia del magistrado Enrique Zayas Roldan, mismo que favorece a la empresa ZENDERE, puesto que revoca el amparo concedido tras una posible causal de improcedencia, ponderando criterios que limitan la protección de los derechos humanos para encuadrar un formalismo legal, que a criterio de este Tribunal Colegiado, coincide con el razonamiento de la empresa, obstaculizando el estudio de fondo en el Juicio de Amparo. Interpretación que de confirmarse, dejaría a nuestra compañera en total estado de indefensión y legitimaría la consumación de un acto ilegal y lo que es peor consentiría la violación a derechos humanos, como lo son el derecho de audiencia, el acceso a la justicia y el derecho a la vivienda. Este hecho es grave, no sólo en la particularidad del caso, sino en la trascendencia que tiene al asentar precedentes en el sistema de justicia en nuestro país; en el que un acto ilegal y violatorio de garantías, puede ser consumado, aun siendo del conocimiento del órgano de control de constitucionalidad y legalidad, como lo es el Tribunal Colegiado. Provocando así ilegitimidad y falta de credibilidad en el actuar del poder judicial local y federal. Esta situación en los tribunales tiene que pasar por el escrutinio del pueblo mexicano. La descomposición por la que atraviesan las instituciones del Estado es total; empezando por funcionarios de primer nivel del ejecutivo federal, asociados a conflictos de interés, nepotismo, tráfico de influencias, corrupción, crímenes de lesa humanidad; hasta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos integrantes ganan poco más de 18 mil pesos diarios, mientras el salario mínimo promedio en el país no pasa de los 70 pesos. Exhortamos a los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, particularmente el magistrado ponente, Enrique Zayas Roldán, garantizar la protección a los derechos humanos y no legitimar la violación de los mismos. Es indispensable señalar que la compañera Guadalupe Mariel Bonilla Dumit es esposa del compañero Israel Sampedro Morales, Coordinador General de la Red de Defensa de los Derechos Humanos y Vicepresidente de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, organismos no gubernamentales que representa, son parte activa en la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel local y nacional, brindando la solidaridad y el acompañamiento a organizaciones populares independientes; por lo cual no dudamos que la resolución emitida por dicho órgano Colegiado pueda estar motivada por causas políticas, Hacemos un llamado a las víctimas del despojo legalizado de la vivienda a sumarse a la defensa organizada de su patrimonio, así como a la solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales para cumplimentar las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema del derecho humano a la vivienda.
¡Todos a luchar contra el despojo legalizado de la vivienda! ¡Organizados a defender el patrimonio familiar! ¡Presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos del País! ¡Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del País! ¡Exigimos desmilitarización y desparamilitarización del País!
Atentamente Red de Defensa de los Derechos Humanos (RedDh), Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH), Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH), Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua- Región Malinche, Frente de Colonos Urbano Popular, Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi “Unidos Todos Como Pueblo” de Olintla, Puebla, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida “Atcolhua” de Ixtacamaxtitlan, Puebla, Comité en Defensa del Territorio de Tepango de Rodríguez, Puebla, Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco, Colectivo Defensa Verde Naturaleza Para Siempre, Veracruz, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS): Unión Por la Organización Estudiantil-Puebla, Bajío: Organización Campesina, Indígena y Popular “Ricardo Flores Magón”, Casa Comunal “Ricardo Flores Magón”, Organización Indígena y Popular “Emiliano Zapata”, Organización Campesina Independiente “Mariano Matamoros”, Organización de Mujeres Contra la Pobreza “Digna Ochoa”, Colectivo Magisterial “Leonel Calderón Villegas”; Huastecas: Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata”, Organización de Pueblos Étnicos “José Maria Morelos y Pavón”, Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas, Unión de Mujeres de las Huastecas “Humberta Hernández Tovar”, Campesinos Unidos de la Sierra Oriental. Golfo de México: Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme “Unión de Todos los Pueblos Pobres”, Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango, Zapoapan, Ixtaczoquitlan, Organización Popular de Veracruz “Tierra y Libertad” 11 de Mayo, Consejo Agrario del Norte de Veracruz “Emiliano Zapata”, Movimiento Democrático de la Huasteca Veracruzana, Comité Acción Colectiva, Sur-Sureste: Organización Campesina “Emiliano Zapata”, Movimiento de Resistencia Popular del Sureste, Organización Magisterial 29 de Junio, Unión de Transportistas “Los Quetzales”, Colectivo “Rosa Luxemburgo”, Colectivo Tsoblej.
