Grupos de mujeres exigen mesa de diálogo CNTE-gobierno/Aspecto de la protesta afuera de la Representación del Gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México | Foto: Twitter @masde131 Por la Redacción Cimacnoticias CIUDAD DE MEXICO, D.F. 21 de junio del 2016.- Grupos civiles y centros de Derechos Humanos (DH) integrados en el “Espacio Civil de Oaxaca” llamaron al fin de la represión que desde ayer ejerce la policía contra el magisterio disidente oaxaqueño, en los municipios de Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y Telixtlahuaca; la localidad de Hacienda Blanca; la región del Istmo de Tehuantepec, y en la ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre. En un comunicado, agrupaciones como el Centro para los Derechos de la Mujer Naaxwiin, el Grupo de Mujeres 8 de Marzo, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, exigieron una mesa de diálogo entre el magisterio y el gobierno estatal y federal. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la mañana de este domingo 19 de junio implementó un operativo con 800 elementos de la SS, la Policía Federal y la División de la Gendarmería, para retirar los bloqueos carreteros que mantenían los maestros a la altura de Nochixtlán, municipio ubicado en la sierra mixteca. Según la dependencia, el operativo se realizó tras siete días de bloqueos carreteros en 37 puntos estratégicos que comunican a Oaxaca con la Ciudad de México; los cierres los realizaba el magisterio en rechazo a la reforma educativa promulgada en febrero de 2013. Como resultado de los enfrentamientos en Nochixtlán, se reportaron seis personas muertas, y 53 civiles y 41 policías heridos. Ante estos acontecimientos, las organizaciones ciudadanas emitieron una alerta humanitaria por el “ataque armado del Estado a la población civil”, y pidieron una mesa de diálogo con los manifestantes y atención médica inmediata a todas las personas heridas. También exigieron la cancelación de las órdenes de aprehensión contra integrantes del magisterio oaxaqueño, y la liberación inmediata de las y los maestros detenidos, así como el castigo a los responsables de las detenciones arbitrarias, tortura y otras violaciones a los DH. Las organizaciones locales informaron que en Oaxaca se vive un contexto de violencia generalizada, en el que la represión y criminalización del movimiento social y en particular del personal docente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se ha agudizado. Desde 2013, los grupos civiles han contabilizado al menos 75 personas defensoras de los DH encarceladas por motivos políticos, y además aseguraron que las órdenes de aprehensión contra las y los maestros que coordinan el movimiento magisterial buscan la desarticulación. De acuerdo con las organizaciones, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha reconocido el carácter arbitrario de los arrestos, y diversos relatores de la ONU han emitido llamados urgentes ante las violaciones denunciadas. “El uso de las detenciones, campañas de difamación y represión contra la Sección 22 tiene el claro objetivo de mermar el movimiento magisterial, el que históricamente ha tenido un papel fundamental en el movimiento social oaxaqueño”, sostuvieron. Por separado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) manifestó su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública, y por atentar contra el derecho a la salud porque se dificultó e impidió la atención médica a los manifestantes heridos. La Red TDT aseguró que la CNTE ha buscado establecer por distintos canales un diálogo con la autoridad para tratar de llegar a un acuerdo, pero el gobierno federal se ha negado y ha afirmado que sólo lo hará cuando las y los maestros renuncien a sus principales reivindicaciones. En el mismo tenor, Amnistía Internacional (AI) pidió que las investigaciones sobre la violencia en Oaxaca sean independientes, oportunas y transparentes y, en su caso, se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas involucradas. Según AI, las declaraciones de las autoridades estatales y federales para deslindarse de los hechos no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación. Demandó que se respete la integridad física y mental de las y los docentes, así como los derechos a un juicio justo y al debido proceso. Gobierno capitalino criminaliza a jóvenes por manifestarse Trece personas, 11 mujeres y dos hombres, fueron detenidos por la policía capitalina por manifestarse frente a la representación del gobierno de Oaxaca, en protesta por la represión ayer contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el municipio de Nochixtlán. Este mediodía un grupo de manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, se reunieron afuera de la representación, en la céntrica colonia Anzures en esta capital, para repudiar el operativo de 800 policías estatales y federales desplegado ayer contra las y los maestros en Oaxaca, quienes realizaban bloqueos carreteros en rechazo a la reforma educativa. Antes de la manifestación de las y los jóvenes, programada para la 1 de la tarde, la policía capitalina retuvo a 13 personas para impedir que se manifestaran, entre ellas 11 mujeres, quienes fueron amenazadas con ser violadas sexualmente, e incluso algunas dijeron que fueron abusadas al ser víctimas de tocamientos por parte de los policías. Las detenidas fueron Itandehui del Rosario Ramírez, Mara Itzel Hernández Chávez, Ivonne Avelino Sánchez, Jessica Martínez Recillas, Karina Rosas Díaz, María Fernanda Ramírez Hernández, María Jimena Cortés Flores, Susana Sánchez Flores, Tonantzin Lozada Cortes, Amaranta Viridiana Vallagón Salazar, y una joven identificada como Lili. Las mujeres fueron llevadas a la agencia del Ministerio Público (MP) de la delegación Cuauhtémoc; mientras que Aubin Sánchez y Diego Armando Sánchez Mejorada fueron llevados a otra agencia del MP en la delegación Miguel Hidalgo. Según testimonios, este último fue golpeado y presenta una lesión en el brazo. Cerca de las 3:30 de la tarde, las personas detenidas fueron liberadas gracias a la presión de manifestantes y la movilización de activistas, quienes pidieron la intervención de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Los policías acusaron a los detenidos de una falta administrativa: detonación de explosivos, pero estas faltas se dirimen en juzgados cívicos y no en un MP, además en vez de cárcel ameritan sólo multa económica, en este caso 2 mil 600 pesos por persona. Al menos otras 15 personas manifestantes fueron llevadas ante juzgados cívicos, informaron activistas, aunque no precisaron sus nombres. De acuerdo con el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, que acompañó a las personas detenidas, se trató de un caso de criminalización de la protesta social y es que al parecer también se detuvo a dos menores de edad, pero no se registró su aprehensión porque de inmediato fueron liberados. A decir de esa organización de litigantes, no había argumentos para detener a las y los jóvenes, y es que apenas iban a manifestarse. Además de las 13 personas arrestadas, Rafael Camacho, reportero del portal Subversiones, también fue detenido. Al final, los agentes decidieron no declarar y por tanto las y los manifestantes fueron liberados, mientras que las jóvenes evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.