Con argumentos falsos y convenios engañosos, el gobierno federal intenta apropiarse de 950 hectáreas para el proyecto de infraestructura hidráulica de la nueva terminal aérea. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 11 de mayo del 2016.- Dirigentes de la CODUC denunciaron el intento de despojo de tierras que están consideradas dentro del proyecto de infraestructura hidráulica para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, conocido como Los Tlateles o El Moño, de aproximadamente 950 hectáreas. Aseguraron que a mediados de 2014, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encabezados por Mario Vázquez y Lorena Roa López, acudieron a Chimalhuacán de manera encubierta, primero, y después abiertamente, a ofrecer “gratificaciones por cuidar los terrenos del gobierno”, de 10 a 65 pesos por metro cuadrado, mediante un convenio de “no ocupar o desocupar”, en el que los dueños aceptan que no son los dueños y que hicieron firmar a cada uno de los propietarios, a cambio de recibir la gratificación. “Los funcionarios de Gobernación amenazaron a los dueños de que en caso de no aceptar el acuerdo, entraría el gobierno con la policía y el Ejército”, indicaron. Detallaron los argumentos falsos del gobierno federal  para apropiarse de las tierras de Chimalhuacán y dieron a conocer que interpusieron amparos y nulidad de documentación, y que ya comenzaron a tener los primeros dictámenes a favor.

Aquí, el PRONUNCIAMIENTO completo: Los que suscribimos, dirigentes de la CODUC, nacionales, del Estado de México y de Chimalhuacán, nos permitimos poner a su consideración un grave problema originado por el intento de despojo de tierras que están consideradas dentro del proyecto de infraestructura hidráulica para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conocido como Los Tlateles o El Moño, de aproximadamente 950 hectáreas. Señalamos como domicilio para cualquier notificación la calle número 123, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, solicitando respetuosamente su intervención para su inmediata resolución. ANTECEDENTES Iniciando el año 2014 el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anuncia obras en terrenos que supuestamente son del gobierno federal, para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A mediados de 2014, funcionarios de la Segob, encabezados por el licenciado Mario Vázquez y la licenciada Lorena Roa López, acuden a Chimalhuacán de manera encubierta, primero, y después abiertamente, a ofrecer “gratificaciones por cuidar los terrenos del gobierno”, de 10 a 65 pesos por metro cuadrado, mediante un convenio de “no ocupar o desocupar”, en los que los dueños aceptan que no son los dueños y que hicieron firmar a cada uno de los propietarios a cambio de recibir la gratificación. Los funcionarios de Gobernación amenazaron a los dueños de que en caso de no aceptar el acuerdo, entraría el gobierno con la policía y el Ejército. Al firmar los convenios, Lorena Roa y Mario Vázquez solicitaron documentos originales a los propietarios consistentes en contratos de compraventa firmados por presidentes de la República, inmatriculaciones, escrituras públicas, títulos primordiales de 1895, traslados de dominio, recibos de impuesto predial, contratos privados, etc. Postura oficial de gobierno federal. La licenciada Irma Lorena Roa López, con cargo de JEFE de Departamento de Control y Validación Documental de La Segob, en un escrito de fecha 23 de febrero de 2015, que contesta a los dueños de Los Tlateles por instrucciones y a nombre de la Presidencia de la República, para alegar la propiedad del gobierno sobre los predios del polígono conocido como Los Tlateles o El Moño, con argumentos evidentemente falsos. ARGUMENTOS FALSOS Primer argumento falso, es que un decreto del Presidente Lázaro Cárdenas de fecha 28 de marzo de 1936, anula los contratos de compra venta que había celebrado el gobierno federal años antes con los pobladores de Chimalhuacán, producto de otro decreto de 1932 y que por lo tanto el gobierno federal seguía siendo el dueño. Segundo argumento falso es que la escritura pública 5042 fija los límites del ex lago de Texcoco y que el gobierno federal cede a título gratuito al gobierno del Estado éste polígono conocido como Los Tlateles o El Moño, que se encuentra en el ex vaso de Texcoco, con una superficie cercana a las 1000 hectáreas y que con ese derecho el gobierno del Estado de México lo desincorpora en 2014 para cederlo al gobierno federal para construir infraestructura hidráulica que haría posible el proyecto de Nuevo Aeropuerto. Tercer argumento falso. Este argumento es particularmente grotesco porque la licenciada Lorena Roa, usurpando funciones que sólo le corresponden al poder judicial decreta que los legítimos dueños ya no lo son y en lugar de acudir a los tribunales los suplanta acordado que el gobierno federal es el dueño y no los particulares, a pesar de lo insostenible de sus argumentaciones. POR QUE SON FALSOS ESTOS ARGUMENTOS Primer argumento falso de Lorena Roa. Lo que no aclara la funcionaria federal en su escrito, a nombre de la Presidencia de la República, es que hay varias pequeñas propiedades que integran este polígono que sus orígenes son de un decreto de Benito Juárez en 1862 y que recibieron los títulos correspondientes en 1895, y por lo tanto el Presidente Cárdenas no pudo haberlos anulado, porque el objetivo de su decreto del 28 de marzo 1936 fue anular contratos de compra venta derivados del decreto presidencial del 23 de mayo 1932 y no el decreto de Benito Juárez del 14 de octubre de 1862. No aclara dolosamente la funcionaria Lorena Roa que en el mismo decreto de 1936 el presidente Cárdenas señala excepciones cuando los terrenos se hayan dedicado a la agricultura, como era el caso de todos los propietarios en esa época y que el presidente Cárdenas se compromete en el mismo decreto a expedir nuevos títulos, cosa que nunca ocurre, en caso de dedicarse a la agricultura. Tampoco aclara Lorena Roa, que el decreto del Presidente Cárdenas legalmente fue anulado por varios amparos que perdió el gobierno federal, como lo reconoce en otro decreto el presidente José López Portillo de fecha 5 de abril de 1977. En este decreto que resuelve una controversia con los bienes comunales de Chimalhuacán, se reconoce la validez de la propiedad privada de los dueños de los Tlateles y también reconoce la invalidez del decreto de Cárdenas en el que anula los contratos privados firmados por el ejecutivo federal, al haber perdido los amparos interpuestos por vecinos de Chimalhuacán. Segundo argumento falso de Lorena Roa a nombre de la presidencia de EPN. Tampoco aclara dolosamente, que la cesión a título gratuito del gobierno federal al gobierno del Estado es por decreto presidencial de José López Portillo de fecha 8 de noviembre de 1982, y no se deriva de una escritura pública, sino del decreto presidencial, por tratarse de un bien público federal, que se detalla y formaliza en una escritura pública, indebida por cierto porque el mismo Presidente López Portillo ya había reconocido la legítima propiedad privada de sus dueños el 5 de abril de 1977. Además el decreto presidencial de 1982 es con el único objetivo de regularizar la tenencia de la tierra y que en caso de no cumplirse este objetivo, según la escritura pública firmada por el Gobierno Federal y del Estado, revertiría la cesión para ejecutar la regularización de estas tierras, el Gobierno Federal. Para mayor abundamiento esta cesión a título gratuito además fue ilegal, ya que el mismo presidente López Portillo había reconocido la legítima propiedad privada de sus propietarios en el decreto del 5 de abril de 1977, reconociendo que el Poder Judicial Federal había dado la razón a los propietarios en varios amparos perdidos por el gobierno federal por sus acciones de haber anulado los contratos de compraventa que el gobierno federal celebró. Con estos supuestos “derechos”, el gobierno federal comienza el despojo al inicio del año 2015, ejecutando obras y dañando propiedades de personas que nunca firmaron ningún convenio, que no recibieron ninguna gratificación y que tienen sus documentos de propiedad correspondientes y de propiedades de personas que firmaron los convenios de no ocupar a cambio de una gratificación, pero que no firmaron contratos de compra venta, por lo que siguen siendo los propietarios. Tercer argumento falso de Lorena Roa a nombre de la presidencia de EPN. Manifiesta que con estos argumentos de los puntos anteriores el dueño es el gobierno y ella lo decreta, resuelve o sentencia, sustituyendo al poder judicial y negando a los verdaderos dueños su derecho a ser vencidos en un juicio y no por decretazos y mucho menos con simples oficios, como lo hace esta funcionaria en su oficio no. UEFCEF/CGD/214/009/2015, con fecha 23 de febrero de 2015. Lorena Roa actúa en contra y por encima de las sentencias del Poder Judicial Federal al incumplir el mandato de los amparos que perdió el gobierno Federal, como lo reconoce López Portillo el 5 de abril de 1977. EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO FEDERAL COMENZÓ EL DESPOJO CON LAS OBRAS A PRINCIPIOS DE 2015, DECIDIMOS COMENZAR UNA BATALLA LEGAL: DENUNCIA ANTE EL MP FEDERAL. Averiguación Previa PGR/025/2015: Se está integrando una averiguación en el MP federal del municipio de Nezahualcotl, Estado de México, por la denuncia de 140 personas, de un total de 160, que representan aproximadamente 400 hectáreas, por los delitos de despojo, abuso de autoridad y los que resulten, en contra de funcionarios del gobierno federal. Este grupo de 140 denunciantes, ya ratificaron su denuncia y cotejaron los documentos que acreditan sus derechos de posesión y propiedad; y sólo se encuentra pendiente una inspección de los peritos del MP FEDERAL. Destacamos que después de una entrevista en las oficinas de la procuradora General de la República, Arely Gómez, recibimos las facilidades que se habían negado antes para integrar la denuncia. Están pendientes la presentación de las personas denunciadas y terminar los peritajes correspondientes, entre lo más relevante. AMPAROS Se encuentran en trámite un total de 20 amparos, en diferentes etapas. Algunos ya tienen o están próximos a un peritaje de la PGR. 7 amparos se encuentran en el juzgado V, 5 amparos en el VI juzgado, 3 amparos en el IX juzgado y 5 amparos en el XII juzgado. Destacan 15 inspecciones judiciales en las que todos los juzgados reconocen la correcta identificación de las propiedades por parte de sus dueños. De los 20 amparos sólo en el último que se presentó varios meses después, se otorgó la suspensión provisional. Se han presentado 8 informes de la PGR como tercero en discordia, en los juicios de amparo, acreditando un valor de peritaje por $754.00, por metro cuadrado. EL PASADO VIERNES 8 DE ABRIL SE RESOLVIÓ LA PRIMERA APELACIÓN DE 20 AMPAROS SOBRESEIDOS, CONCEDIENDONOS EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL DE MANERA DEFINITIVA, EN UNO DE LOS TRÁMITES DE LA FAMILIA JIMÉNEZ TENORIO, EXPEDIENTE NO. 318/2015. SE RESOLVIÓ UN SEGUNDO AMPARO CON NÚMERO 327/2015/MESA 2 A NOMBRE ROSARIO CEDILLO MÉNDEZ, QUE ORDENA DEVOLVER LA TIERRA A LA PROPIETARIA. DEMANDAS DE NULIDAD Se han presentado 17 demandas de nulidad de los convenios “para no ocupar o desocupar”, en tribunales federales, que avanzan lentamente, en virtud de que el gobierno federal, la SEDATU, no han contestado a varias solicitudes de información, consistente en las copias certificadas de los convenios para no ocupar o desocupar y de los documentos originales que prueban la propiedad, confiscados indebidamente por Irma Lorena Roa López. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN TRANSPARENCIA Se presentaron 130 solicitudes de información a través del sistema de transparencia. La información se ha negado con argumentos absurdos, señalando que la divulgación de esta información, nuestra documentación de propiedad pone en riesgo la construcción del aeropuerto. Iniciamos varios juicios de revisión ante el INAI, Que aún no se resuelven. QUEJAS ANTE LA CNDH Se presentaron 180 quejas ante la CNDH. A pesar de que se presentaron desde 6 de enero de 2015 aún no hay resolución. Tampoco han contestado a la petición de medidas cautelares, en la que solicitamos la suspensión de la obra, después de varios meses. AYER MIÉRCOLES 13 DE ABRIL FUIMOS RECIBIDOS POR EL SEGUNDO VISITADOR GENERAL, QUIEN SE COMPROMOTIÓ A BUSCAR UNA CONCILIACIÓN Y A RESOLVER PRONTO LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. ANEXO DE OHL El gobierno del Estado de México, los dueños de Los Tlateles, OHL y representantes del Autopistas del Estado de México celebraron varios convenios, pero destacan los de fecha 28 de noviembre de 2007 y 28 de abril de 2011, para construir cuatro puentes vehiculares para cruzar la autopista que se le concesionó a OHL, como parte de la indemnización por el cruce de la autopista en estos terrenos privados, pero OHL no construyó ninguno, a pesar de que uno de los convenios ponen fecha para depositar 250 millones de pesos para iniciar las obras. También se comprometió el gobierno del estado a iniciar los trámites del cambio de uso de suelo a uso comercial y habitacional, cosa que no ha ocurrido. Estos convenios fueron firmados como parte de la indemnización por las afectaciones de OHL. A T E N T A M E N T E MARCO ANTONIO ORTIZ SALAS DIRIGENTE NACIONAL DE CODUC JUAN LORETO GONZÁLEZ ARRIETA REPRESENTANTE DE LOS PROPIETARIOS Y DE CODUC CHIMALHUACÁN. Celular 5542671950 TOMÁS CRUZ MARTÍNEZ ASESOR E INTEGRANTE DE CODUC ESTADO DE MÉXICO