La organización civil manifiesta que la disculpa pública de la Sedena deber ser el primer paso de un cambio de política y aclara que no se trata de “hechos aislados”. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 19 de abril del 2016.- La organización Amnistía Internacional señaló que la disculpa pública del secretario de la Defensa Nacional por la conducta de miembros de la fuerzas armadas, que habrían torturado a una mujer hace 14 meses en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, constituye un primer paso, que debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en México. “Esta declaración se inserta en un contexto en el que Amnistía Internacional, al lado de organizaciones nacionales de derechos humanos, ha documentado casos desde hace 20 años en los que las fuerzas armadas han participado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, entre otras”, expresó. Amnistía Internacional condenó que la construcción del discurso del gobierno mexicano, se articulara nuevamente en torno a la calificación de los hechos como “hechos aislados” cometidos por personas que actuaban por su cuenta. “Es necesario que el gobierno y particularmente las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para cambiar esta tendencia”, indicó. “Es notable que esta sea la primera vez que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pide disculpas públicas por un caso de tortura, esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado mexicano en su conjunto por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las cuales el personal militar tenga que responder”, afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. “La condena pública es un paso importante, pero no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a los abusos, sino se acompaña de un ejercicio de rendición de cuentas que garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas. De lo contrario, México parecería no estar dispuesto o no ser capaz de llevar a cabo investigaciones y procesamientos contra miembros del ejército”, advirtió. “Es muy cuestionable que existan casos en donde se ha corroborado la participación de personal militar, y a más de seis años de los hechos, las familias sigan esperando ese reconocimiento de responsabilidad y justicia, como el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos alumnos de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que murieron a manos de integrantes del Ejército. Se necesita que el Estado mexicano tomen acciones reales frente a la impunidad existente”, señaló Perseo Quiroz. Amnistía internacional hizo un llamado al gobierno de México para poner fin de inmediato al desempeño de funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar por parte de las fuerzas armadas. Si bien la organización reconoce las dificultades de seguridad pública a las que se enfrenta el gobierno mexicano y su responsabilidad de proteger a la población, recordó al Estado que la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos abusos. El delito no se combate con más delito. Amnistía Internacional ha documentado casos desde hace varios años, en los que las fuerzas armadas de México han participado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, delitos de violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos y delitos de derecho internacional, en los siguientes informes: Fuera de control: La tortura y otros malos tratos en México (AMR41/020/2014); México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército (AMR41/058/2009); Leyes sin justicia: violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública (AMR 41/002/2007); Mujeres indígenas e injusticia militar (AMR 41/033/2004); Juicios injustos: tortura en la administración de justicia (AI index: AMR 41/007/2003); La “desaparición”: un delito permanente (AMR 41/020/2002); Justicia traicionada – la tortura en el sistema judicial (AMR41/021/2001); Bajo la sombra de la impunidad (AMR 41/002/1999);  Las “desapariciones”: un agujero negro en la protección de los derechos humanos (AMR 41/005/1998); La disidencia silenciada – El encarcelamiento del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez (AMR 41/031/1997); Miembros del ejército mexicano violan a tres mujeres tzeltal (AMR 41/012/1994).