Organizaciones recomiendan mediante Amicus Curiae a la SCJN, que reconozca la facultad que tiene el INAI para pronunciarse prima facie sobre el interés público de la información relativa a violaciones graves a derechos humanos, sin que exista pronunciamiento de autoridad previa. Conocer la información alrededor de las investigaciones en los casos en donde se presume la comisión de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, juega un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 14 de noviembre de 2015.- Organizaciones civiles presentaron dos Amicci Curiae ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del derecho a la información y a la verdad en el caso de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El 19 de octubre, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA)[1], la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (TDT)[2] y el Colectivo por la Transparencia[3], presentaron dos Amicci Curiae[4] en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dos amparos en revisión, que radican en las ponencias ser discutidos. “La disputa de litigio judicial, radica sobre el acceso a la información relativa a violaciones graves a derechos humanos y el reconocimiento a la facultad del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de pronunciarse a primera vista (prima facie) sobre el interés público de la información relativa a violaciones graves a derechos humanos, sin que requiera el pronunciamiento previo de otra autoridad que determine la existencia de violaciones graves”, explicaron. “Los Amicci fueron integrados a los expedientes de revisión de los amparos 661/2014, presentado por la Fundación para la Justicia y Estado de Derecho Democrático (FJEED), y al 453/2015 que presentó Articulo 19, ambos por la negativa de acceso a la información de PGR y posterior confirmación del INAI, de las versiones públicas de los expedientes e investigaciones judiciales relacionado con la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, en la que 72 migrantes de diversos países que viajaban por México rumbo a Estados Unidos, fueron secuestrados y asesinados de manera simultánea, el posterior hallazgo de fosas clandestinas en 2011 también en San Fernando y el hallazgo de otras fosas en 2012 en Cadereyta, Nuevo León”, indicaron. Manifestaron que su intervención en el presente caso, versa sobre el ejercicio ciudadano de impulsar que el Estado mexicano, a través de su estructura institucional, cumpla con sus obligaciones de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos y vuelva realmente efectivo el derecho de acceso a la información, cuya titularidad pertenece a todos los ciudadanos. “Conocer la información alrededor de las investigaciones en los casos en donde se presume la comisión de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, juega un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, como la exigibilidad del derecho a saber, del derecho a la justicia, la garantías de no repetición, y contribuye a la construcción de la memoria colectiva”, agregó. “El proyecto de resolución a cargo de la Ministra Olga Sánchez que corresponde al caso de la FJEED está enlistado para que se discuta el próximo miércoles 18 de noviembre. De cara a este fallo, las organizaciones que firman estos Amicci solicitan a la SCJN que decida a favor de la garantía del derecho a la información, porque la decisión que tomarán sentarán precedentes importantes que no sólo afectará a las pretensiones de las partes en estos asuntos, sino el grado en que quedará asegurado el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad para la sociedad”, puntualizaron.