Artículo 19 exige a CNDH que intervenga y pide a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión a que acelere investigaciones de ataque contra estación de radio. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 18 de agosto de 2015.- La organización civil Artículo 19 dio a conocer que el equipo de trabajo de la radio comunitaria Caletana 98.1 de FM fue confiscado la tarde del 15 de octubre, durante un operativo coordinado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Secretaría de Marina y la Policía Federal (PF) en la localidad de Luvianos, Estado de México, a pesar de que se encontraba en trámite el permiso para el funcionamiento de dicha estación. Indalecio Benítez Mondragón, director de Caletana 98.1 FM, comentó a Artículo 19 que el operativo integrado por funcionarios del IFT y elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando se encontraba en las instalaciones únicamente el locutor del programa con horario de 12 a 14 horas. Los elementos cerraron la cuadra completa donde se localiza la estación para llevar a cabo el operativo. El locutor, una persona invidente, recibió una llamada servidores del IFT, entraron a la cabina, cortaron la antena, se llevaron un radio transmisor de menos de 20 watts, una laptop utilizada para las transmisiones por internet, un CPU con el que se transmite a la frecuencia FM y una consola. Los funcionarios se comunicaron vía telefónica con el director para hacerle saber que iban a decomisar el equipo de trabajo y que eran órdenes del IFT; dejaron un oficio con número IFT/225/UC/DG-VER/4194/2015. La Caletana 98.1 FM solicitó al IFT el acceso a la concesión para la radio comunitaria en Luvianos hace aproximadamente un año. De acuerdo a lo comentado por su director, el medio fue notificado que en noviembre de este año que el permiso sería formalizado y ellos podrían comenzar a usar la frecuencia 96.5 de FM para continuar las trasmisiones de la radio. El comunicador comentó que durante este año, él ha acudido a las reuniones, foros y talleres el organismo y comenzó la constitución de la estación a una asociación civil, como parte de lo solicitado por el IFT. “Ellos sabían que seguíamos utilizando la frecuencia 98.1 en lo que podíamos comenzar a usar a la 96.5. Ellos se adelantaron y nos hicieron esto. Nunca me notificaron ni pidieron que la apagara para no tener problemas hasta que me otorgaran la frecuencia 96.5”, indicó. Indalecio Benítez fue las instalaciones del IFT en la Ciudad de México, desde las 2:30 horas del viernes. El comunicador comentó a Artículo 19 que ellos no se van a retirar del lugar e incluso plantea la posibilidad de comenzar una huelga de hambre, hasta no ser recibido por los comisionados del IFT. Como antecedente a este caso, el uno de agosto de 2014, un grupo armado atacó las instalaciones de la Calentana 98.1 FM, disparando directamente contra el fundador de la radio y su familia. Juan Diego Benítez, de 12 años, fue asesinado durante el ataque. Tras lo ocurrido, Benítez Mondragón y su familia se desplazaron al Distrito Federal. A pesar de que las investigaciones por estos hechos se encuentran en la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), el día de hoy no hay avances tangibles. Artículo 19 ha documentado diversos casos de violencia institucional contra radios comunitarias. En mayo de este año se registraron agresiones a radios comunitarias en Oaxaca. Los comunicadores Edwin Meneses y Samuel López de La Joya del Istmo 107.5 FM y de La Joya 106.1 FM, respectivamente, fueron detenidos por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de un operativo en el cual también confiscaron el equipo de trabajo de las dos radios y de las radios La Explosiva 93.7 F.M y Stéreo 99.9F.M de Salina Cruz. Anteriormente en agosto de 2014, las estaciones de radio comunitarias Zacatepec Radio y Radio Axocotzin, que se trasmiten en los municipios de Juan C. Bonilla, Morelos, y San Andrés Cholula, Puebla, respectivamente, fueron suspendidas el 4 de agosto por personal del IFT y la Policía Federal, quienes les incautaron el equipo de transmisión. Artículo 19 recordó a las autoridades que el artículo 7 Constitucional señala: “en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas”, por lo que exigió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigue esta violación a los derechos humanos y empuje las investigaciones ministeriales correspondientes. También demandó a los comisionados del IFT a dar claridad sobre lo ocurrido y a seguir el proceso acordado con respecto a la otorgación de las concesiones a las radios comunitarias que presentaron la solicitud en 2014, incluyendo la Caletana 981.FM. “El uso de elementos de la Secretaría de la Marina para decomisar el equipo de radios comunitarias es desproporcional, y no corresponde a las funciones legales de dicha institución. Asimismo, el uso de elementos fuertemente armados para llevar a cabo el decomiso en tanto el personal de la radio no representa una amenaza de violencia. Los principios internacionales en la mataría señalan que el uso de la fuerza, por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debe actuar en proporción con el delito”, indicó. Finalmente, Artículo 19 exigió a la FEADLE celeridad en las investigaciones en relación al ataque contra las instalaciones de la radio comunitaria y por el asesinato de Juan Diego Benítez en agosto de 2014.