El senador David Monreal Avila sugiere que se incluyan figuras como cualquier infracción a la Carta Magna o a las leyes federales, delitos graves, violaciones a los derechos humanos y por cohecho. El legislador también plantea que el titular del Ejecutivo acuda cada año al Congreso y presente un informe del estado general que guarda la administración pública del país. CIUDAD DE MEXICO, D.F. 8 de septiembre del 2015.- El senador del PT-Morena, David Monreal Avila, presentó una iniciativa que reforma la Constitución Política, para que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, pueda ser acusado por cualquier infracción a la Carta Magna o a las leyes federales, delitos graves, violaciones a los derechos humanos, y por cohecho. Asimismo, el legislador pide establecer que podrán ser sujetos de juicio político el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el fiscal General de la República, el procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito. El documento plantea que en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República acudirá a presentar y rendir un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. El titular del Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra y deberá escuchar y responder las preguntas que le realicen los legisladores de cada grupo parlamentario e independientes. Se debe entender que quien ejerza el cargo de presidente de la República, no recibe un cheque en blanco, si no por el contrario, debe ser el ejemplo a seguir por todos los servidores públicos del país, manifestó el legislador. Señaló que la responsabilidad que tiene el presidente de la República implica un estricto apego a la Ley y a las instituciones del país, por lo cual deben existir mecanismos para sancionar conductas contrarias a estos principios, ese es el objetivo de un juicio político, el buscar sancionar conductas tan graves Por ello, la propuesta busca funcionar como un mecanismo de rendición de cuentas, que se lleve a cabo en un ambiente de respeto, donde se preserve la autonomía que debe existir entre los poderes. Esto contribuirá en la discusión y análisis de los temas de trascendencia nacional y fortalecerá el intercambio de ideas, concluyó. El documento se envió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

A continuación, la propuesta completa del senador del PT-Morena: Presento ante esta soberanía, una reforma constitucional, que tiene como objeto reconfigurar e iniciar el debate sobre el fortalecimiento del Sistema de Frenos y Contrapeso entre los Poderes Ejecutivo  y Legislativo. La rendición de cuentas debe ser considerada  como un pilar central de las democracias representativas contemporáneas. La actualización de este principio permite controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por la ciudadanía. México exige, en plena madurez política, información fidedigna y comprobable de la administración pública, exposición precisa de la toma de decisiones y de los  resultados alcanzados en el encargo gubernamental. El país requiere instrumentos de control y vigilancia, que brinden  certeza y transparencia  sobre el actuar de los representantes y funcionarios, en un Estado de derecho democrático, controlar y auditar las acciones del gobierno, debe ser entendido como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para sus representantes. El esquema de división de poderes contemplado en la Constitución Política Federal, propone un sistema de pesos y contrapesos  que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable  del Poder Público, por cualquiera de los poderes estipulados en el artículo 49 de la Constitución Federal. Por tal razón, el ejercicio del poder público, debe ser un poder limitado, controlado, que rinda cuentas a la población. Cabe recordar que la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. De ahí que en la Constitución Federal, tengan que existir una gran cantidad de controles de diferentes especies: jurisdiccionales, políticas  y sociales, siendo el control parlamentario uno de ellos. Ahora bien, con base en la normatividad vigente, el titular del Ejecutivo Federal, no está obligado a informar personal y directamente al Congreso de la Unión, la situación que guarda la administración pública, solamente  debe presentar un informe por escrito, no de manera personal, es decir, no existe algún tipo de instrumento parlamentario que cuestione personalmente al titular del Jefe del Estado sobre su actuar. Los ciudadanos, a través de sus legisladores, merecen explicaciones claras acerca del quehacer y funcionamiento de la Administración Pública Federal. De igual manera, el Poder Ejecutivo, necesita de la crítica que coadyuve a conocer los beneficios que se han presentado durante todo un año de gobierno. En este sentido, la presente Iniciativa plantea modificar el artículo 69 de la Constitución Federal, a fin de contar con la presencia del titular del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, y rinda cuentas sobre el estado general que guarda la administración pública del país. Se propone, entonces, que en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada año de Ejercicio del Congreso, el presidente de la República acudirá a presentar y rendir un informe por escrito; deberá hacer uso de la palabra, escuchar y responder las preguntas que le realicen los legisladores de cada grupo parlamentario e independientes, esto contribuirá en la discusión y análisis de los temas trascendentales o de trascendencia nacional y fortalecerá el intercambio de ideas. El informe de gobierno por parte del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión se debe observar como un acto institucional, democrático, fundamental y que dé vida a un régimen republicano, representativo y democrático. Por otro lado, pero continuado de manera paralela con los principios de rendición de cuentas, pesos y contrapesos, es pertinente que quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, se haga saber que existen mecanismos o instrumentos de control para su actuar; esto es, que no recibe un cheque en blanco, sino por el contrario, debe actuar con estricta diligencia y ser ejemplo a seguir por todos los servidores públicos del país. Hay que recordar que la Constitución Política de 1824, en su artículo 38, establecía: “Que el Presidente de la Federación podía ser acusado por delitos de traición contra la independencia nacional o a la forma establecida de gobierno, por cohecho o soborno cometidos durante el tiempo de su empleo”. Es decir, la idea de un control jurisdiccional para quien detecte el cargo de presidente de la República, tiene un antecedente en la historia del país, situación, que hoy más que nunca, parece pertinente retomar y consagrar en el máximo ordenamiento jurídico de México. Un supuesto normativo que permita poder acusar al Ejecutivo Federal por delitos que vayan más allá de traición a la patria y delitos del orden común. Por tal motivo, el presente proyecto de decreto propone que el Titular del Ejecutivo Federal pueda ser acusado por traición a la patria, por cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, delitos graves, violación a los derechos humanos y por cohecho. El caso de Guatemala debe ser una lección para todos los funcionarios del país, desde el más alto nivel hasta el más humilde servidor público. Si bien, el caso guatemalteco implicó la renuncia del cargo de presidente, a fin de mantener institucionalidad del Ejecutivo para el contexto nacional, las hipótesis normativas propuestas abre la posibilidad para que dado un caso extremo puedan ser actualizadas. Ningún servidor público, y mucho menos, ningún representante de elección popular debe quedar exento ante el abuso de facultades y funciones, motivo por el cual, quien ejerza el honorable cargo de presidente de la República deberá ser sujeto a la responsabilidad administrativa y judicial como cualquier otro funcionario. Finalmente, se propone que el titular del Ejecutivo Federal pueda también ser sometido a juicio político, procedimiento que deriva de una resolución administrativa que conduce a una sanción política en contra de los funcionarios contemplados en el artículo 110 de la constitución federal, disposición en la que se es omisa en cuanto al Ejecutivo Federal. Es importante mencionar que el juicio político en contra del Ejecutivo Federal ya se encuentra establecido en el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución Federal. Efectivamente, el presidente de la República podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores, en términos del artículo 110, que regula el juicio político; se le faculta a la Cámara alta para que resuelva con base en la legislación penal aplicable. En conclusión, se debe de cambiar el formato de la presentación del Informe Presidencial, adecuándolo a las nuevas condiciones de la nación. Es indispensable que el Ejecutivo escuche los planteamientos e interpelaciones que los legisladores le formulen, y pueda dar respuesta a ellos. Es preciso ampliar el catálogo de supuestos normativos, a través de los cuales se pueda acusar al Ejecutivo Federal, a fin de que para un caso extremo se desincentive la realización de una conducta contraria a derecho, y finalmente quede comprendida la figura del Presidente de la República dentro de los supuestos de quienes pueden ser sujetos de juicio político. La transparencia, la rendición de cuentas y el sistema de pesos y contrapesos, deben de ser elementos esenciales en todo Estado de derecho. El Ejecutivo Federal tiene la obligación de informar a todo el país a través de mecanismos que permitan una verdadera discusión y análisis de los temas más relevantes suscitados en un año de gobierno. El recinto del Congreso de la Unión debe ser, por antonomasia, el lugar de los Poderes Ejecutivo y Legislativo; debatan y aborden el tema del estado que guarda la nación; el sitio donde la pluralidad, las ideas, visiones y corrientes converjan en un punto en común la efectiva rendición de cuentas. Es cuanto, señor Presidente.