El abogado del ramo Laboral, Jorge Rodríguez Vargas, indicó que se ha generado impunidad y un acceso pírrico a la justicia laboral en el estado debido a la configuración de la ley, pues permite un blindaje a los gobiernos estatal y municipal ante los pagos de los laudos de trabajadores agraviados.
Por: Ronny Aguilar
CAMPECHE, Cam., a 11 de octubre de 2017.- El reconocido abogado especialista en el ramo Laboral, Jorge Rodríguez Vargas, ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la cual dio a conocer que existe un blindaje del estado para con los trabajadores que reclaman despidos injustificados, denegando un acceso a la justicia y la opacidad de las autoridades estatales y municipales, sabiendo que gozan de impunidad.
El fundador de la Firma de Abogados “Jorge Rodríguez Vargas y Asociados”, indicó que se ha generado impunidad y un acceso pírrico a la justicia laboral en el estado y los municipios debido a la configuración de la ley, permitiendo que el estado y los municipios queden blindado ante los pagos de los laudos a los trabajadores agraviados.
“Hay actos de injusticia que prevalecen en nuestra entidad, pero no sólo son las instancias estatales sino que trasciende a las autoridades federales, me refiero a los Tribunales Colegiados y de Distrito; sé lo que esto representa, este asunto de las personas que me acompañan, la justicia determinó que les asistía la verdad en lo que justamente reclamaron en su momento, hay una desigualdad existente entre el gobernado y las instancias de gobierno”, calificó.
Explicó que es debido a esta desigualdad que existe que las autoridades no deben ser sujetas a una ejecución forzosa, es decir, que se debe evitar el embargo de bienes; sin embargo, las autoridades de Distrito y Colegiados no aplican el Artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles, dejando al trabajador en la imposibilidad de tener acceso a la justicia que se busca ya que el estado de Campeche tiene una ley que no permite el embargo de bienes del mismo estado.
“Luego entonces, después de tres años en los que ellos han insistido que se debe llevar bajo este esquema, no ha sido posible lograr que cumplan; esto ha permitido un triunfo pírrico de la justicia. Sí, existe un laudo a favor, pero no habrá solución y no habrá forma de que se pueda llegar al extremo de la justicia que buscan los gobernados y, en este caso, nuestros clientes”, apuntó.
Es decir que aun cuando después de ser despedido injustificadamente como trabajador del estado o municipios, y se gane un juicio laboral, las autoridades se pueden negar a pagar y no cumplir, orillando al embargo, pero que será improcedente por la misma ley, dejando al trabajador en la injusticia total.
Hay que hacer un paréntesis y señalar que se han presentado casaos en el estado de embargos a los municipios, pero el experto en Derecho indicó que esta ley impide que estas entidades sean embargadas y, a través de un recurso, evitarán el embargo, es decir, que el estado se blinda ante las injusticias que pudieran cometer hacia los trabajadores.
“Ellos tiene la obligación de cumplir, no es necesario que se les pida o exija o que se embarguen bienes, por eso los bienes no son propiedad de ellos como representantes sociales, sin bienes del estado, son bienes de la gente que contribuimos para tener mejores servicios públicos, y a nada de estos se les ha dado cumplimiento”, precisó.
Dijo que esta situación de comodidad e impunidad de los municipios les permite la indiferencia y que permitan que se alarguen los plazos de la demanda y los salarios caídos, generando un quebranto al erario municipal y estatal.
Advirtió que de nueva cuenta se vienen reformas en el ámbito laboral, las cuales se dice que viene con muchos beneficios pero que se espera que sea como las anteriores reformas, en perjuicio de la clase obrera trabajadora, engañando a la ciudadanía.
“Los años me hacen ver las cosas con mayor transparencia y claridad, consciente de lo que estoy diciendo y no es más que una advertencia pública de lo que viene a la ciudadanía”, puntualizó.
Mediante boletín de prensa, se dio a conocer que el pasado 16 de junio de 2011, se presentó una demanda laboral contra el Ayuntamiento de Escárcega en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, número de expediente 046/11. De dicha demanda, se obtiene laudo favorable con fecha 9 de junio de 2014, ordenando la reinstalación y pago de salarios caídos y prestaciones legales a la demandante, Juana de la Cruz Garcia Sanchez.
