En los dos años de su administración ha dejado más de 30 presos políticos; decenas de personas golpeadas en múltiples represiones; familias enteras sin derecho al trabajo y recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos, las cuales han sido ignoradas e incumplidas.

Por: Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. a 7 de Agosto del 2017.- Violaciones a los derechos humanos, represión y presos políticos, han sido la constante en los dos años de Alejandro Moreno Cárdenas como titular del Ejecutivo Estatal, desde el primer día de su administración hasta la fecha, y que no ha parado de someter los reclamos sociales con el encarcelamiento y el uso desmedido de la fuerza policiaca, ignorando por completo la ley y los derechos humanos.

El recuento de estos dos años de la dictadura estatal de “Alito” ha dejado más de 30  presos políticos, decenas de personas golpeadas en las múltiples represiones, familias enteras sin derecho al trabajo y recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos, las cuales han sido ignoradas e incumplidas.

Y es que desde el día uno de su administración, Moreno Cárdenas se estrenó como represor al mandar a elementos de la Policía Estatal a disolver la protesta de los trabajadores de Oceanografía en Ciudad del Carmen, mismos que exigían que la empresa les liquidara los años de servicio que, dicho sea de paso, hasta hoy no se les ha pagado a muchos de esos empleados.

Las represiones contra las protestas de la sociedad se han realizado a diestra y siniestra y, sólo por mencionar algunas, podemos señalar Aguacatal, donde seis personas resultaron detenidas el 24 de febrero del 2016 pues protestaban contra el comisario municipal, Rodrigo López Guzmán, por actos de corrupción.

Otro ejemplo claro es el caso de Hobomó, donde pobladores que tenían muchos años asentados fueron despojados de sus pertenencias, sus casas fueron destruidas e incendiadas a manos de la Policía Estatal, todo en favor de un particular con intereses en los pozos de agua que se encuentran en el terreno en disputa, pozos de los que se piensa traer agua al municipio de Campeche. Hubo 17 detenidos que posteriormente fueron liberados para llevar sus investigaciones en libertad.

Otro caso donde se dejó sentir la represión de “Alito” ocurrió en Champotón, el 01 de Noviembre del 2016, donde siete pescadores fueron privados de su libertad por protestar. Sabancuy, Isla Aguada, Atasta y Nuevo Progreso, también han sufrido la represión en estos dos años, cada uno con diferentes números de presos.

Ha habido casos realmente emblemáticos en este primer tercio de la administración de Moreno Cárdenas, como el de Xbacab, en donde se llevó a juicio y estuvieron en prisión preventiva cinco personas, una de ellas por el intento de homicidio de tres oficiales, mientras que las otras tres personas fueron arrestadas por motín cuando protestaron por la detención de los dos primeros, ya que uno de los detenidos fue gravemente herido de bala.

Un ejemplo más ocurrió tanto en Cantemó como en Lerma. En el primero, la brutalidad policíaca no perdonó mujeres, niños y ancianos, quienes se manifestaron en defensa de un maestro que fue injustamente suspendido por la Secretaría de Educación Estatal. Por otra parte, en el ejido de Lerma, los antimotines también hicieron acto de presencia cuando se manifestó la población debido a que el municipio otorgó la propiedad un ex Centro de Salud a un priísta y donde también un líder de Morena fue arrestado en este hecho.

Una de las represiones más recientes y violentas en extremo ocurrió San Francisco Suc-Tuc; en este hecho hubo una decena de lesionados, nuevamente no se respetaron edades ni géneros, los policías golpearon todo lo que encontraron a su paso, entraron a las casas sin órdenes, arrestando a tres personas que identificaron como líderes.

En estos dos años de represión de “Alito” también fueron apresados los líderes campesinos, entre ellos Luis Antonio Che Cu y Pedro Celestino May Can, este último por contravenir intereses de la familia Mouriño.

Paginabierta.mx también sufrió en más de una ocasión la represión, esto con el intento de censura y amenazas, al igual que un par de reporteros de la entidad que han sufrido el acoso y la difamación de los textoservidores del Gobierno del Estado.

Pero el abuso no termina en represiones y presos políticos. La violación al derecho al trabajo y la discriminación ha sido una constante. Después de varios meses, en la capital campechana, la plataforma de servicio de transporte Uber tuvo que abandonar el estado porque “Alito” les impidió laborar en la ciudad, reteniendo a más de 70 vehículos que colaboraban con la empresa trasnacional, alegando que no permitirían que una empresa extranjera le quite el trabajo a los mexicanos o campechanos.

Sin embargo, esto era una cuestión de falso nacionalismo ya que también se les privó del derecho al trabajo a los vendedores fijos y semifijos del Centro Histórico, mismos a los que hostigó y presionó durante varias semanas hasta que realizaron un plantón en el Palacio Municipal para su reubicación.

Lo anterior no ha sido lo único sino que desde hace un año ha emprendido una cruzada racial en contra de las artesanas indígenas que comercializan artesanías en el Centro Histórico de la ciudad. Las mujeres, algunas menores de edad, han sido golpeadas, humilladas, insultadas, injuriadas e incluso despojadas de sus productos con el afán de que no se queden más en el estado.

Por si todo lo anterior fuera poco, las Comisiones Nacional y Local de Derechos Humanos han mantenido una actitud relajada ante los casos arriba señalados, aunque hay excepciones, tal es el caso de la recomendación 63/2016 de la Comisión Nacional, en donde se hacen recomendaciones a Moreno Cárdenas y al Poder Legislativo, así como al alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Juan Manuel Herrera Campos, por la retención ilegal de empleados en el Palacio Municipal de Carmen en octubre de 2015. Salvo el alcalde de Carmen, ninguno de los anteriormente señalados ha cumplido una sola de las recomendaciones de la dependencia nacional.

Incluso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha sido ignorada por el propio fiscal Juan Manuel Herrera Campos, en lo que va del 2017, se han emitido de parte de la defensoría local tres recomendaciones contra la Fiscalía por casos de tortura de agentes del Ministerio Público contra ciudadanos, agentes que cuentan con una lista enorme de violaciones a derechos y delitos pero que siguen laborando impunemente.

En resumen, lo antes expuesto tiene como efecto hacer notar parte de las violaciones a derechos humanos que el Gobierno del Estado ha realizado en dos años, los cuales van desde la agresión a periodistas, a los derechos de la mujer, a la libre expresión, a la protesta, a los derechos del menor, a los derechos indígenas y  los derechos de las víctimas, entre muchos otros. Está claro que las violaciones en la dictadura de Moreno Cárdenas no cesarán aquí y seguramente hay muchas más que no se han documentado.

Que este escrito quede como precedente, pues aunque el trabajo del reportero es ser narrador y no profeta, no se ve en el futuro otra cosa que no sea tragedia de seguir avanzando la impunidad en Campeche con los pasos con los que va.

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