Preocupa a sociedad civil la opacidad en su gobernanza/Enorme dificultad para acceder a información pública

Por Gloria Analco/SemMéxico

CIUDAD DE MEXICO, 28 de junio del 2017.- Hay una importante derrama de dinero del petróleo y la minería que no beneficia a los habitantes de México, frente a un manejo de gobernanza de esos sectores con “discrecionalidad y opacidad”.

El crimen organizado, la corrupción y la violación de los derechos humanos continúan representando un serio desafío que afecta a casi 130 millones de personas, entre indígenas, mujeres, hombres, niñas y niños cuya opacidad compromete su futuro.

Así lo expusieron representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), del Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas y de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quienes coincidieron en que la gestión gubernamental del petróleo y minería en México es manejada con discrecionalidad y opacidad.

Al presentar el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales, elaborado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés), el cual se realiza a nivel mundial, los participantes expusieron el caso específico de México, que “es uno de los que registra mayor opacidad”.

Entre las mayores debilidades señalaron la enorme dificultad para acceder a información pública sobre infraestructura del sector hidrocarburos, así como su volumen y ubicación de derrames, fugas y evaluaciones de impacto ambiental y social, estas últimas sólo disponibles para las empresas participantes.

Agregaron que en ese sector el Índice muestra el rezago de México para conocer a los dueños y accionistas de las empresas de hidrocarburos y los posibles conflictos de interés.

Eso quedó demostrado, dijeron, en el reciente informe de Fundar en el cual, Omar Escamilla, uno de sus integrantes, señala que algunas de las empresas que ganaron licitaciones “cuentan con historiales de corrupción, violaciones a derechos humanos, degradación ambiental y tienen vínculos con ex funcionarios del gobierno mexicano”.

En el evento, Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, externó su preocupación por el Artículo 23 de la Ley para Prevenir y Sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, porque “podría implicar que el acceso público a cualquier información relacionada con asignatarios y contratistas sea negado de manera discrecional por cuestiones de seguridad nacional”.

En su intervención, Fermin Ledesma Domínguez, del Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas, manifestó que es de suma importancia que el Estado mexicano garantice a las poblaciones indígenas el acceso a la información suficiente y en la propia lengua materna sobre los proyectos de empresas internacionales que pretenden operar en sus territorios.

En cuanto a la minería, el mencionado Índice muestra a un sector rezagado en materia de transparencia y acceso a la información, debido a la falta de detalles en los informes sobre los ingresos por empresa y sus tipos de pago, así como en el proceso de otorgamiento de licencias, concesiones y en la recaudación de ingresos públicos.

“Es incongruente que por tratarse de actividades de utilidad pública, prioritarias para el Estado, la opacidad en ese sector sea tan amplia. Urgimos a la Secretaría de Economía considere las diferentes recomendaciones que hacemos en esta materia y presente en datos abiertos y accesibles esa información”, señaló Beatriz Olivera, de Fundar.

A su vez, Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, expresó que lo más preocupante del Índice de Gobernanza es el desempeño débil en impactos ambientales ocasionados por la industria petrolera y minera.

“Periódicamente tenemos noticias de derrames, incidentes e impactos ambientales por parte de la industria petrolera y minera, que afectan los recursos naturales y a las comunidades aledañas, sin que el Estado mexicano logre garantizar el respeto de la normativa ambiental y de los derechos humanos”, subrayó.

En el lanzamiento del Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales 2017, que incluye evaluaciones sobre el petróleo, el gas y la minería en 81 países, participaron también, como invitados del gobierno, Pablo Anzorena Lozoya, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Juan Carlos Quiroz, de la Secretaría de Energía.

En sus breves intervenciones expresaron su optimismo sobre el trabajo que en materia legislativa y de gobernanza viene desarrollando el actual gobierno para depurar las prácticas relativas a las industrias extractivas en cuanto al cuidado del medio ambiente y sus efectos nocivos locales para ser superados.