Coordenada
Por Lupita Ramos
Recién se presentó en la capital del país el informe que documenta el espionaje gubernamental a defensoras, activistas y periodistas en México.
El reporte elaborado por Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, revela la manera en que se espió o se intentó espiar a 12 personas, una de ellas menor de edad, hijo de la periodista Carmen Aristegui, durante el periodo que va de enero de 2015 a julio de 2016.
Señala el reporte que en México tenemos un Gobierno espía, que utiliza el software malicioso desarrollado por la firma israelí NSO Group 1, que es comercializado únicamente a gobiernos.
En el informe se señala que se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Esas prácticas de espionaje son totalmente violatorias a los derechos humanos y por tanto, son prácticas ilegales que de ninguna manera constituyen un trabajo de inteligencia para abatir la delincuencia o para preservar la seguridad nacional.
Toda práctica de espionaje pretende amedrentar, intimidar, acosar, hostigar, obstaculizar y finalmente impedir el trabajo de informar de las y los periodistas y la labor de quien desde el activismo social hace defensa de los derechos humanos.
La tecnología y los recursos públicos al servicio de la ilegalidad y utilizada para el espionaje con fines políticos por los gobiernos en turno, constituye un gran retroceso en el respeto a las libertades y a la consolidación de un Estado Democrático.
Es un abuso de poder y nos sitúa en los niveles de los Estados dictatoriales. Los medios de comunicación deben solidarizarse con sus periodistas; la sociedad en general debe solidarizarse con quien les defiende y todas y todos debemos exigir transparencia en el uso de esos recursos de alta tecnología.
Tenemos derecho a la privacidad y ahora es posible que de manera remota el gobierno tenga acceso a nuestros mensajes, contactos, correos electrónicos, fotografías, videos, a la cámara y el micrófono del teléfono y de nuestra computadora.
Pegasus funciona con el envío de enlaces por medio de mensajes SMS. Busca infiltrarse en los teléfonos inteligentes y extrae toda la información posible.
De acuerdo con las leyes en nuestro país, solo un juez federal puede autorizar la vigilancia de las comunicaciones privadas, sin embargo, de acuerdo al informe, el espionaje realizado a esas 15 personas en el periodo documentado,no tiene ningún fundamento legal.
No podemos permitir que se acreciente esta crisis en Derechos Humanos en nuestro país.
No podemos permitir que ante los casos de asesinatos y persecución de periodistas y defensores prive la impunidad; no podemos permitir que se normalice y justifique el acoso, hostigamiento y pérdida de privacidad e intimidad de las y los defensores y de las y los periodistas; como tampoco podemos permitir y resulta totalmente inadmisible el espionaje a un menor de edad solo por sus vínculos familiares con quien ha sabido desde el periodismo ser una voz crítica y reconocida.
Finalmente, no podemos permitir el ejercicio de gobierno a partir de las violaciones a los derechos humanos. No podemos permitir un Gobierno Espía.
[email protected] @lupitaramosponce
