El último ejidatario con tierras en Lerma y uno de los primeros presos políticos de “Alito”, Pedro Celestino May Can, revela que el senador Jorge Luis Lavalle Maury y el ex diputado local, Juan Carlos Lavalle Pinzón -los dos vinculados a la familia Mouriño-, organizaron reuniones en el edificio municipal del PAN con líderes ejidales.
Por Ronny Aguilar
LERMA, CAMPECHE, Cam. 26 de abril del 2017.- Panistas de primer nivel del estado de Campeche estuvieron involucrados en la compra-venta de las tierras ejidales de Lerma a prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Las reuniones de los fraudulentos empresarios se realizaban en el edificio del PAN municipal.
Políticos del PAN, entre los que figuran el senador Jorge Luis Lavalle Maury y el ex coordinador de la fracción panista en el Congreso local en el 2012, Juan Carlos Lavalle Pinzón, estaban al tanto de todo lo que se llevó a cabo desde el inicio. Es de señalar la cercanía de estos políticos con la familia del fallecido ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que fue de las más beneficiadas con la venta de las tierras cercanas a su complejo turístico Campeche Country Club.
Pedro Celestino May, el último ejidatario con tierras en Lerma, concedió una entrevista a Paginabierta.mx, en la que señala que toda la venta y la planeación de lo que sucedió en Lerma, así como la presentación de los prestanombres de Duarte con los ejidatarios, se dieron por primera vez en las instalaciones municipales del Partido Acción Nacional.
Y es que si alguien en Campeche documentó y dijo todas las anomalías de la venta del ejido de Lerma, es sin duda don Pedro Celestino, quien en múltiples ocasiones, dio nombres y detalles de las ilegalidades de estos sujetos, que hoy se sabe eran prestanombres del ex mandatario veracruzano.
El líder campesino señaló que en el 2008, inició todo en las instalaciones del PAN municipal: “Nos mandan a llamar a 20 líderes y nos convocan a una junta en el PAN municipal, y sale a atendernos Silosky Mata, quien era el secretario de Acuerdos del Tribunal Agrario de Campeche y quien ahora es magistrado en Chetumal”.
Don Pedro contó que en aquellas juntas, se decía que Lerma sería el nuevo Campeche, con calles altas y anchas, mencionó que el apoyo que se pidió en la junta a los ejidatarios fue “simple”, que se haga la propuesta de vender mil hectáreas y que una vez que se accediera, que pidieran la venta de las 10 mil hectáreas que constituían el ejido.
“Como regalo, nos dijeron que nos iban a dar una camioneta Tornado y empezaron a tirar las llaves, pero yo les digo que no lo voy aceptar, porque no sé a dónde nos iba a llevar y este Silosky Mata me dice que es el secretario de Acuerdos y el que está al frente es Juan José Pérez Palma, el magistrado, así que no hay escapatoria, así que se va hacer la junta y la venta de mil hectáreas, pero de esas mil, otro grupo va decir “que sea todo” y es que se iba a hacer el nuevo Campeche, les vamos a dar sus lavadoras, televisión, todo lo que no sirva de su casa lo ponen en la calle y todo nuevo”, recordó.
Y es así que “el 20 enero de 2008, se hace la primera asamblea a de parcelamiento y Antonino Almazán Arteaga, a través de Miguel Velázquez Nieva, propone parcelar todo el ejido hasta llevarlo al dominio pleno, pero dicen ellos: Como no tienen dinero para pagar el parcelamiento, yo me voy a quedar con tierras, y me voy a quedar con Xpicob-, que es una tierra que está a la orilla de la playa, con el pretexto de que daría certeza jurídica, y se aprueba el cambio de destino de las tierras”, indicó.
“Le dieron a cada gente 44 hectáreas y a ellos les quedan dos mil 300 hectáreas de las mejores tierras del ejido, a cambio del parcelamiento, que es donde está ahora el Campeche Country Club, de la familia Mouriño”, reveló.
“Una vez con título parcelario, se procedió a la cesión del título por la cantidad de 230 mil pesos, el notario público, Enrique Castilla Magaña, hace un contrato de cesión de derechos, en donde los ejidatarios ceden a los 14 empresarios, entre ellos Moisés Mansur Cysneiros, Miguel Velázquez Nieva, Cruz García Ramírez, Abel Muñoz Lagunes y Alfonso Ortega López”, asentó.
Manifestó que ellos no se presentaron a la junta, sólo llegaron los nombres en que se los reconoce como posesionarios, y es Nelia del Pilar Pérez, notaria pública, con cargo en ese momento como titular de la delegación del Instituto Nacional de Migración en Campeche, quien certifico esa asamblea, misma en la que se opusieron ocho personas, entre ellas él.
“Nuestros derechos quedan a salvo en esa asamblea y no se nos adjudica parcela, ni nada, porque no entramos, nos hacen a un lado y se apoderan y cuando llega la aprobación, hacen lo que habían dicho, pagan a peso el metro, dicen que quieren mil hectáreas y dice la gente mejor todo y a 230 mil por ejidatario y a 50 mil por cabeza en ese momento y en efectivo a los 164 ejidatarios”, mencionó.
Fue hasta el 21 de agosto del 2011, cuando llegan por primera vez Moisés Mansur, Apolinar Huesca Damián, Pablo Gómez Rico, Santa Bartola Acuña, que era contadora de Antonino Almazán; Rafael Gerardo Rosas Bocardo, varios de estos accionistas de la empresa Terra Urbanizaciones S.A. de C.V., empresa de Moisés Manzur y que fue usada para la triangulación de los recursos para la compra de los terrenos donde está el complejo de los Mouriño (http://www.proceso.com.mx/459604/los-mourino-involucrados-en-las-transas-javier-duarte)
En esta asamblea se los intentó reconocer como ejidatarios, pero Don Pedro Celestino se opone y la Procuraduría Agraria disuelve la asamblea, en ese momento, ellos enseñan una carta de residencia de Lerma expedida por el comisario municipal, a quien visitaron y confesó haber recibido 100 mil pesos por cada carta de residencia.
“Pero la sorpresa fue que aunque no se aceptó y la asamblea se disolvió, en el Registro Agrario Nacional, esa acta ya estaba inscrita y por eso acudimos a la Procuraduría Agraria a demandar, porque se habían falsificado las firmas, incluso de personas muertas, vimos firmas de compañeros que habían fallecido y que dieron voto a Moisés Mansur para que entre como ejidatario y de los 172 que somos, sólo había 25 firmas y los llevamos al Tribunal Agrario y perdí, porque según el Tribunal, no me afecta a mí en nada, que mis derechos están a salvo y que los ejidatarios afectados que demanden”, informó.
“Me voy a amparo y la Procuraduría Agraria mete el amparo dos días después, la Procuraduría Agraria protegía a esta gente”, lamentó.
Sobre la reunión, en la que los panistas Lavalle Maury y Lavalle Pinzón hacen acto de presencia, May Can dijo que nuevamente fue para alentar la venta del ejido, como sabiendo que en algún momento la familia de su líder Juan Camilo Mouriño compraría estas tierras.
En el 2014, Moisés Mansur intenta adquirir el resto de tierras del ejido, sin embargo, esa acta está siendo impugnada en el expediente 15/15 ante el Tribunal Agrario, mismo proceso en el que se llevó a cabo una inspección judicial el pasado dos de marzo, en donde se pide la nulidad de esta acta de asamblea, porque la Procuraduría Agraria no quiso impugnar.
“Ahora voy a presentar la demanda de nulidad de ejidatarios de estas 14 personas, porque me regresaron los derechos, además de muchas cosas, me quemaron el rancho, me detuvieron, me metieron presos, me llevaron ante los empresarios, ante Juan Carlos Lavalle, Juan Carlos Pinzón, ellos están muy metidos en esto”, insistió.
Hace unos días, la Secretaria de Hacienda de Querétaro llegó a Lerma a tomar la declaración de todo lo sucedido, pues el viejo líder campesino ha documentado todo el caso desde el inicio y ha sido el único que resistió el embate del sistema y ahora es una pieza clave en este caso, ante lo que comentó que tiene cáncer y que ya no es una preocupación lo que pueda sucederle.
Puntualizó que los siete compañeros que con él estaban en este proceso, desistieron por el pago de un millón de pesos a cada uno y él se quedó solo en el proceso, ganando por medio del Tribunal Agrario 360 hectáreas.
“Me encerraron en prisión el primero de octubre del 2015 (por orden de Alejandro Moreno Cárdenas y fue uno de sus primeros “presos políticos”), acusado por delito de despojo de mi propia tierra, me hicieron un bien encerrándome, porque más me encerraron por el caso de Duarte, porque era mucho lo que había sacado ya, era mucho lo que había publicado, porque hace cuatro años dije todos los nombres que están ahorita con Duarte y ahora van a agarrar a los demás”, puntualizó.
Es claro que los políticos del partido blanquiazul sabían muy bien hacia donde se dirigía la venta del ejido de Lerma, sin embargo, es necesario que se investigue a fondo qué tan implicados estuvieron en el caso y qué tanto sabían de la procedencia de los “empresarios”, a los que le compran los Mouriño las tierras para su Campeche Country Club.