La denuncia es por el desalojo violento del asentamiento irregular, la destrucción de domicilios y la pérdida de pertenencias de los afectados.
Por Ronny Aguilar
CAMPECHE, Cam. 1 de abril del 2017.- Pobladores afectados presentaron una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC), por el desalojo violento en un asentamiento irregular de la colonia Jardines.
La denuncia se presentó contra la Policía Estatal Preventiva y contra la Dirección de Protección Civil Municipal, y en los próximos días, la Comisión Estatal correrá traslado a las autoridades implicadas para que expresen lo que a su derecho convenga.
Alejandro Medina Piña, Primer Visitador de la CDHEC, manifestó que ya fue interpuesta una queja ante la institución defensora de los derechos por el desalojo, razón por la cual están investigando las posibles violaciones a derechos humanos.
“Fue presentada y admitida el día 28, como presuntas violaciones a derechos humanos y lo que sigue es correr traslado a las autoridades señaladas como responsables, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su personal de Policía Estatal Preventiva, y al Ayuntamiento de Campeche, a través de su Dirección de Protección Civil.
En este sentido, se le preguntó si no necesario que se aplique un protozoo de actuación en los desalojos, puesto que sin presentar una orden, no solo desalojaron, sino que destruyeron las viviendas los elementos de Protección Civil, y luego dejaron en estado de vulnerabilidad a los habitantes, que no tenían a donde ir.
“Desconozco si hay un protocolo en el Ayuntamiento para el caso de desalojos, todos nos debemos regir bajo un marco jurídico, las mismas autoridades en este caso debe observar ciertos lineamientos, la Ley de Protección Civil contempla algunas formalidades”, indicó.
“Al tener conocimiento de un hecho que pudiera ser una violación a derechos humanos, me encuentro impedido a darte una opinión respecto a si en estos hechos se están violentando derechos humanos, me tendría que reservar el derecho a contestar si se está violentando un derecho o no”, apuntó.
Sin embargo, se le cuestionó si en un caso cualquiera, existe un desalojo por zona de riesgo, las personas deberían ser reubicadas, brindares alojamiento temporal, para no quedar en desprotección de parte del Estado, a lo que el abogado declaró:
“El marco jurídico establece, si, toda autoridad tiene la obligación en base al artículo primero constitucional de proteger y defender los derechos humanos, la autoridad debe proteger y defender, pero tendríamos que analizar el caso y en este momento no ha llegado ese tiempo”, mencionó.
“Desde luego tendría que, pero siempre y cuando las políticas públicas estén destinadas a que en base a una afectación, corresponda un nivel en donde puedan obtener el mismo derecho en que estaban… hay una queja presentada aquí y tendríamos que entrar a ver quien detenta la propiedad, por la zona y debe haber un dictamen de riesgo”, comentó.
En este sentido, hay que señalar que en caso de no se haya entregado una orden, se estaría en una omisión y un delito y la desprotección de los ciudadanos implica otra posible omisión, la queja presentada aún no ha sido acreditada, puesto que se presentó el martes pasado, asimismo, fue interpuesta en el sentido no solo del desalojo, sino de la pérdida de las pertenencias que se encontraban en el interior del domicilio desalojado y posteriormente derribado.
