La Auditoría Superior de la Federación descubre que Fernando Caballero y Atilano Mosqueda mal ejercieron 54.3 millones (el 73% del total), y Candelario Salomón -actual director del IET de “Alito- y Salvador Farías, 22.1 millones (el 27.7%) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 27 de febrero del 2017.- Los 11 municipios de Campeche registraron desvíos en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF), pero destaca Escárcega, gobernado en 2015 por los priístas Fernando Caballero Buenfil y Atilano Mosqueda Aguayo, con 54 millones 336 mil pesos, el 73 por ciento del total.

De acuerdo con revisiones financieras con enfoque de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), también resalta el municipio de Candelaria, gobernado en 2015 por el priísta Candelario Salomón Cruz, actual director del Instituto Estatal del Transporte (IET), y el panista Salvador Farías González, con irregularidades en la aplicación de 22 millones 148 mil 800 pesos del FISMDF, el 27.7 por ciento del total ejercido.

El organismo fiscalizador federal determinó en el caso de Escárcega que son “44 millones 278 mil 900 pesos por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; seis millones 927 mil 900, de obras que no están terminadas; un millón 263 mil 300, de una obra terminada que no opera; un millón 669 mil 200, de conceptos que no corresponden a Gastos Indirectos. Adicionalmente están pendientes de ejercer 196 mil 700 pesos”.

“Se determinaron 29 observaciones, de las cuales 21 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las ocho restantes generaron una promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y seis pliegos de observaciones”, expresó.

En su dictamen, la ASF, en coordinación con la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), informó que “revisó una muestra de 73 millones 779 mil 700 pesos, que representó el 99.7 por ciento de los 73 millones 983 mil 100 pesos transferidos al municipio de Escárcega, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.

“Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 99.7 por ciento de los recursos transferidos, y al 30 de junio de 2016, gastó el 99.7 por ciento”, indicó.

“En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 54 millones 139 mil 300 pesos, el cual representa el 73.4 por ciento de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo, al no ejercer recursos por 196 mil 700 pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, expuso.

El organismo fiscalizador también detectó que el municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

“Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que la información reportada a la SHCP en el Sistema de Formato Único, mediante el Formato Avance Financiero, no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio; además, no se contó con el Programa Anual de Evaluaciones así como tampoco se realizaron evaluaciones al fondo, lo que limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora”, agregó.

“Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron satisfactoriamente en virtud de que existen obras que a la fecha no están concluidas, por lo que no están brindando el beneficio programado, aunado a que se efectuaron pagos improcedentes por seis millones 927 mil 900 pesos y no se definió la aplicación de recursos por 16 millones 632 mil 500 pesos, que forman parte del pago del crédito, ni se cumplió con el porcentaje mínimo destinado a proyectos de contribución directa”, abundó.

“Aunado a lo anterior, no se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 36.5 por ciento de lo asignado cuando el porcentaje mínimo por invertir era del 46.8 por ciento; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 35.5 por ciento, cuando lo mínimo requerido en la normativa era del 70 por ciento de los recursos transferidos; cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 24.2 por ciento de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación y mejoramiento de vivienda)”, aseveró.

“En conclusión, el municipio de Escárcega, Campeche, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, puntualizó.

El caso de Candelaria

En el caso de Candelaria, la ASF detalló que hubo irregularidades en 11 millones 867 mil 300 pesos, por falta de documentación comprobatoria y justificativa; 132 mil 400, por pagar conceptos que no fueron ejecutados; 137 mil 700, por no aplicar penas convencionales en una obra; nueve millones 728 mil 500, por ejecutar obras que no se encuentran dentro de los rubros que establece la normativa; 200 mil, por aplicar recursos en conceptos que no corresponden con la naturaleza de Gastos Indirectos y 87 mil 900 pesos, por transferencias a otras cuentas bancarias.

“Se determinaron 20 observaciones, de las cuales 12 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las ocho restantes generaron dos recomendaciones y seis pliegos de observaciones”, expuso.

En este caso, la auditoría abarcó el 70,3 por ciento de los 80 millones 29 mil 100 pesos transferidos al municipio de Candelaria, mediante el FISMDF, y al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 95.8 por ciento de los recursos transferidos, y al 30 de abril de 2016, gastó el 100 por ciento.

Dictaminó que “en el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 22 millones 148 mil 800 pesos, el cual representa el 39.4 por ciento de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

También halló que “el municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno, que incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, y que los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó nueve millones 728 mil 500 pesos en nueve obras y 200 mil en conceptos del rubro de gastos indirectos, que no están considerados en el Catálogo establecido en la normativa; y 11 millones 862 mil 300 pesos no disponen de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto”.

“Aunado a lo anterior, se comenta que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se destinó para estas áreas el 12.7 por ciento; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 27.3 por ciento, cuando el porcentaje mínimo es del 70 por ciento. Cabe mencionar que, en conjunto, el municipio destinó el 27.9 por ciento de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y vivienda)”, añadió.

“En conclusión, el municipio de Candelaria, Campeche, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, concluyó.

Irregularidades también en Calakmul, Calkiní y Campeche

En los otros municipios, como Calakmul -gobernado en 2015 por el priísta Baltazar González Zapata, y el panista Juan González Chan-, las irregularidades fueron en cuatro millones 149 mil 300 pesos, de los cuales dos millones 786 mil 100, por tres obras que no se encuentran concluidas por no contar con la disponibilidad presupuestal, y un millón 338 mil 800, por falta de documentación; adicionalmente, se tienen 24 mil 400 pesos que corresponden a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo.

En Calkiní, gobernado en 2015 por el priísta Víctor Hugo Baltazar Rodríguez y el ex morenista Emiliano Canul Aké, se detectaron irregularidades en el ejercicio de dos millones 227 mil 500 pesos, y se determinaron 15 observaciones, de las cuales 10 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las cinco restantes generaron seis pliegos de observaciones.

En Campeche, gobernado en 2015 por los priístas Ana Martha Escalante Castillo y Edgar Hernández Hernández, “la cuantificación monetaria de las observaciones por un millón 318 mil pesos corresponden a 300, que corresponden a rendimientos financieros por reintegros de transferencias realizadas y un millón 317 mil 700 de recuperaciones probables, de los cuales 402 mil 100 corresponden a conceptos pagados que no fueron ejecutados; 201 mil 100, por no aplicar penas convencionales; 246 mil, de conceptos de gastos indirectos que no corresponden con la naturaleza de este rubro, y 452 mil 900, por falta de documentación justificativa de una obra; adicionalmente, se tienen 15 mil 600, que corresponden a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo”.

En Carmen, anomalías en 5.1 millones

En Carmen, gobernado en 2015 por el priísta Enrique Iván González López -actualmente preso por presuntos desvíos- y el panista Pablo Gutiérrez Lazarus, las observaciones fueron por cinco millones 120 mil 800 pesos, “que corresponden a un millón 281 mil 700 pesos, por bienes que no se encuentran en operación; 155 mil 400, por conceptos de obra que no se encuentran en operación; 102 mil 400, por conceptos de obra que no se ejecutaron, y 723 mil 800, recursos aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de gastos indirectos; adicionalmente, se tienen dos millones 857 mil 500 pesos, que corresponden a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo”.

En Champotón, gobernado en 2015 por los priístas José Luis Arjona Rosado y Raúl Uribe Haydar, “la cuantificación monetaria de las observaciones por 13 mil 400 pesos corresponde a recursos no ejercidos en los objetivos del fondo”, por lo que recibió 12 observaciones, de las cuales 12 fueron solventadas y la restante generó un pliego de observaciones

En Hecelchakán, gobernador en 2015 por el priísta Fernando Sleme Lavadores y el panista Modesto Pech Uitz, fueron detectadas irregularidades en 629 mil 600 pesos, que corresponden a recuperaciones probables, y se integran por 575 mil 400 de una obra que no opera. Adicionalmente, están pendientes de ejercer 54 mil 500 pesos, y tuvo 12 observaciones, de las cuales nueve ya fueron solventadas, y las otras tres generaron una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos pliegos de observaciones.

En Hopelchén, no aparece una laptop

En Hopelchén, gobernado en 2015 por los priístas Alonso Pacheco Ucán y Ignacio España Novelo, se encontraron anomalías en 262 mil 200 pesos, que corresponden a recuperaciones probables y se integran por 13 mil 400, por una laptop que no fue localizada en el lugar asignado, ni en el almacén, y 142 mil 700, por dos acciones que no se encuentran en el Catálogo de acciones de los Lineamientos del fondo. Adicionalmente, están pendientes de ejercer 106 mil 100 pesos. Se determinaron 11 observaciones, ocho fueron solventadas ya y tres generaron tres pliegos de observaciones.

En Palizada, gobernado por el priísta Raúl del Rivero Quintero y el panista Pedro Ayala Cámara, se halló irregularidades por un millón 174 mil 500 pesos, que corresponden a recuperaciones probables y se integran por 224 mil 600, por la falta de documentación que justifique el gasto correspondiente al mantenimiento de vehículos pagado con gastos indirectos, y 949 mil 900, por una acción que no se encuentra en el Catálogo de acciones de los Lineamientos del fondo. Se determinaron 16 observaciones, de las cuales dos fueron solventadas y por las 14 restantes, se generaron una recomendación, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.

Finalmente, en Tenabo, gobernado en 2015 por los priístas Daniel Canul Calán -actualmente preso por desvío de recursos- y José Francisco López Ku, se hicieron observaciones por ocho mil 400 pesos, pendientes de aplicación en los objetivos del fondo, ya se recuperaron, pero de todas maneras recibió seis observaciones, de las cuales cinco fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La restante generó un pliego de observaciones.