En un marco de creciente inseguridad, la ASF descubre que en 2015, Alejandro Moreno no ejerció 49.9 millones de pesos (el 35.6%) de los 140.2 millones entregados por la Federación para seguridad pública, e incluso, a septiembre del 2016, aún no había gastado 31.4 millones (el 22.4%).

El organismo fiscalizador, a través de la Asecam, también halla desvío de 34.3 millones de pesos, al pagar evaluaciones de control de confianza extemporáneos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Jorge Argáez Uribe.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 18 de febrero del 2017.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el año 2015, al final de Fernando Ortega Bernés y el principio de Alejandro Moreno Cárdenas, el gobierno de Campeche no ejerció el total de los 140.2 millones de pesos que le aportó el gobierno federal para seguridad pública, además de que causó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 34 millones 281 mil 900 pesos.

“Las principales irregularidades son las siguientes: falta del ejercicio de los recursos del fondo, ejercicio de recursos sin contar con la opinión favorable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el pago de evaluaciones de control de confianza que no   corresponden con las fechas de las actas entrega recepción de los contratos celebrados para su aplicación”, concluyó el organismo fiscalizador.

En el año 2015, una vez que tomó posesión Alejandro Moreno, el 15 de septiembre, la inseguridad se disparó e hizo crisis en el año 2016, cuando se incrementaron los índices de asesinatos, secuestros, robos y delitos sexuales contra las mujeres campechanas, por encima de la media nacional. Mientras, “Alito” insistió todo el tiempo en su discurso de que Campeche es el “estado más seguro”.

En auxilio de la ASF, la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) revisó una muestra de 102 millones 558 mil 200 pesos, que representó el 73.1 por ciento de los 140 millones 218 mil 900 pesos transferidos al gobierno del Estado de Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

“Al 31 de diciembre de 2015, el estado de Campeche no había ejercido el 35.6 por ciento (49 millones 917 mil 928 pesos) de los recursos transferidos y al corte de la auditoría, el 30 de septiembre de 2016, aún no se ejercía el 22.4 por ciento (31 millones 409 mil 33 pesos); ello género un impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y propició retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional”, expresó.

“En el ejercicio de los recursos, el estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 34 millones 281 mil 900 pesos, que representa el 33.3 por ciento de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, apuntó.

También señaló que “el estado de Campeche no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”.

Aseguró que “las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente al “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa”, se logró una meta del 100 por ciento; en el correspondiente al “Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP” se logró una meta del 77 por ciento; el referente al “Ejercicio de recursos del FASP”, se alcanzó una meta, aun cuando la entidad reportó 117 por ciento, se verificó que fue de 64.4 por ciento y el correspondiente a la “Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes”, se logró una meta del 86 por ciento”.

“Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2015 se alcanzó el 89.7 por ciento del total de las metas programadas y se cometieron 1.9 delitos por cada 1,000 habitantes”, agregó.

Por todo ello, “se determinaron ocho observaciones, de las cuales cinco fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las tres restantes generaron dos recomendaciones y un pliego de observaciones”.