Tras el comunicado, allanan oficina de Álvarez Icaza/El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst. CIMACFoto: César Martínez López.

Por la Redacción/Cimacnoticias

CIUDAD DE MEXICO, 10 de febrero del 2017.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, y la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas condenaron cualquier amenaza o agresión a activistas en nuestro país.

Después de la primera visita oficial que hizo el Relator Especial a México, del 16 al 24 de enero, ambas instancias emitieron un boletín para reconocer ampliamente la importante y legítima labor que realizan las personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.

Rechazaron cualquier acto de amenaza o agresión que busque limitar sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la vida, la integridad, de libertad de expresión, asociación o reunión, o que pretenda menoscabar su labor, directa o indirectamente.

Sin embargo, a menos de un mes de la visita, ayer en la Ciudad de México, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, sufrió el allanamiento de sus oficinas en la colonia San Pedro de los Pinos, lo que calificó como un “acto intimidatorio e inaceptable”.

El también ex Ombudsman de la Ciudad de México, denunció la agresión ante la Procuraduría capitalina (PGJ) y publicó un video en redes sociales en donde explica que quienes allanaron no se robaron nada, hecho que se dio horas antes de que la PGJ informó que la Secretaría de la Función Pública investiga a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, por presuntamente alterar pruebas en el caso Ayotzinapa, que fue atraído por la CIDH, cuando Álvarez Icaza era secretario.

Activismo, protegido por la Constitución

La Relatoría y el Mecanismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, recordaron en su comunicado que la Constitución Política federal reconoce el derecho a defender DH y la responsabilidad del Estado de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Ante ello, hicieron un llamado para que las autoridades, a todos los niveles y órdenes de gobierno, rechacen categóricamente cualquier acto de criminalización, estigmatización o intimidación de las personas defensoras y que atiendan a grupos en situación de riesgo específico.

Entre estas personas están las que defienden los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los migrantes y personas de la comunidad LGBTI, así como las personas defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, la tierra y el medio ambiente y los familiares que buscan verdad y justicia para las víctimas.

Sobre el trabajo del Mecanismo de Protección, señalaron que debe contar con recursos financieros y se debe fortalecer la cooperación entre autoridades federales y estatales para implementar medidas de protección como alertas tempranas y planes de contingencia.

También llamaron a las autoridades de procuración y de administración de justicia a garantizar que los crímenes contra personas defensoras y periodistas sean debidamente investigados y sancionados.

Condena CNDH allanamiento a oficina de Alvarez Icaza

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo conocimiento del allanamiento cometido en las oficinas del defensor de derechos humanos Emilio Álvarez Icaza, ubicadas en la Ciudad de México. De conformidad con la información, el día de ayer algunas personas forzaron las puertas de acceso y se introdujeron a las oficinas donde rompieron algunos cajones, aunque no se robaron el equipo de cómputo ni otros aparatos eléctricos que ahí se encontraban, hechos que ya fueron denunciados ante las autoridades de procuración de justicia.

Personal de la CNDH sostuvo comunicación con el agraviado, a quien ofreció la asesoría y el acompañamiento correspondiente. Asimismo, solicitó a la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México medidas cautelares para resguardar la seguridad, tanto del defensor, como de sus oficinas, mismas que deberán implementarse en coordinación con el beneficiario, así como para que se realice una investigación exhaustiva a fin de determinar el origen de la agresión y sancionar a los responsables, para que no haya impunidad.

Respecto a las medidas de protección, el día de hoy se recibió respuesta en la que se mencionó que el defensor se había acogido al Mecanismo federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que las autoridades de la Ciudad de México colaborarán con el mismo para dar seguimiento puntual a la implementación de las medidas de protección que correspondan.

Como señaló la CNDH en la Recomendación General 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, las personas y organizaciones que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos deben poder desarrollar su trabajo de manera libre y sin ser víctimas de agresiones, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben garantizar su seguridad y generar políticas públicas que incidan en un contexto libre de violencia para las y los defensores de derechos humanos.