158 mil 889 actos u omisiones de autoridades en 2015

Por Redacción/SemMéxico

AGUASCALIENTES, Ags. 10 de diciembre del 2016.- Las quejas interpuestas por la población y los procedimientos iniciados de oficio, aumentaron en 2015 con respecto al año anterior, revela en su comunicado a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Señala que los organismos públicos de Derechos Humanos (OPDH) conocieron de 158 mil 889 actos u omisiones de autoridades de los tres órdenes de gobierno que atentaron contra los derechos humanos de al menos 177 mil 60 personas (66 mil 53 mujeres y 81 mil 328 hombres) y de nueve mil 130 colectivos que se registraron como tales.

Si se compara esta información con la reportada por los OPDH un año antes, encontramos que el número de violaciones denunciadas aumentó, ya que durante 2014 se registraron 131 mil 632, afectando los derechos de al menos 100 mil 932 personas.

El Inegi agrega que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los OPDH de Jalisco, Ciudad de México y Estado de México, concentran 59 por ciento del total de violaciones registradas en 2015.

En 2014 esta situación era similar, sólo que estos cuatro organismos concentraron menos violaciones denunciadas (53 %).

Revela, además que un indicador que podría ser de mayor utilidad para conocer la magnitud del número de violaciones presentadas en cada entidad, es la tasa de violaciones denunciadas, de este modo, tenemos que a nivel nacional en 2015 se presentó una tasa de 137 violaciones por cada cien mil habitantes, mientras que en 2014 alcanzó un valor de 115.

Las entidades con mayores tasas en 2015 son: Jalisco (479), Tabasco (313) y Ciudad de México (253). En contraparte, las entidades que presentaron las más bajas tasas fueron Veracruz con 16 hechos por cada cien mil y Querétaro con 13.

Los datos de 2014 indican que Jalisco y Ciudad de México se mantuvieron dentro de las tres entidades con mayor tasa de violaciones denunciadas, mientras que Veracruz también fue la que menor tasa de violaciones denunciadas presentó ese año.

Aunque de forma general el número y tasa de violaciones aumentó entre 2014 y 2015, esta situación difiere cuando se observan los datos por entidad federativa: en 16 entidades la tasa aumentó (en distintos grados) y en 14 disminuyó.

Entre las entidades en las que aumentó la tasa de violaciones denunciadas sobresalen los casos de Tabasco, Jalisco, Quintana Roo y Chiapas, en los que el valor de dicho indicador creció considerablemente: en Tabasco pasó de 87 a 313, en Jalisco de 255 a 479, en Quintana Roo de 116 a 158 y en Chiapas de 22 a 55.

Por su parte, de las entidades en las que disminuyó la tasa, destacan los casos de cuatro en las que el descenso fue importante: Baja California Sur pasó de 253 a 109, Baja California de 142 a 55, Colima de 143 a 118 y Querétaro de 41 a 16.

Los derechos humanos más vulnerados

En 2015, casi dos tercios del total de violaciones denunciadas se refirieron a actos u omisiones que atentaron contra el Derecho a la seguridad jurídica y libertad personal (56 mil 364 – 36% –), Derecho a la integridad y seguridad personales (24 mil 348 – 15% –) y Derecho a la protección de la salud (16 mil 185 – 10% –).

Se identificaron 64 mil 139 víctimas de violaciones al Derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, 21 mil 789 fueron mujeres (34%) y 38 mil 833 hombres (61%), de 3 mil 517 (5%) no se contó con información sobre su sexo.

El derecho a la integridad y seguridad personales implica el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano y, por lo tanto, que las autoridades respeten y protejan su integridad física, psíquica y moral.

Durante 2015, los OPDH recibieron denuncias por 11 mil 504 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y mil 985 de tortura, representando en conjunto poco más del 55 % del total de hechos violatorios de este derecho. También registraron 727 hechos de omisión para brindar medidas efectivas de protección y 16 hechos por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales.

En las violaciones a este derecho se identificaron 54 mil 705 víctimas, cifra significativamente mayor al total de violaciones registradas (24 mil 348), lo que parece indicar que los actos que lo vulneran afecten en promedio entre dos y tres personas cada uno.

La desagregación por sexo de las víctimas violentadas en este derecho indica que poco más de la mitad de las personas afectadas son hombres (28 mil 165 – 51 % –) y 42 % son mujeres (22 mil 861), para el siete por ciento restante no fue posible especificar el sexo. En este derecho se observa un incremento de la proporción de mujeres respecto de los otros derechos principalmente violentados (en aquellos el porcentaje de mujeres es menor de 25).

En la distribución por sexo de cada una de las violaciones específicas del derecho a la integridad y seguridad personales, encontramos que casi dos terceras partes de las mujeres víctimas (63 %) lo fueron por la omisión de brindar medidas efectivas de protección, dos por ciento fueron víctimas de tortura y 15 % (3 mil 500) de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Mientras que en los hombres se observa un mayor porcentaje de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (6 % y 31 %, respectivamente).

Derecho a la salud

De entre las principales violaciones al derecho a la salud destacan: la omisión de la prestación de atención médica (4 mil 23 hechos – 46% –), negligencia médica (1044 hechos – 12% –) y obstaculización, restricción o negativa al acceso a los servicios de salud (964 hechos – 11% –).

Por lo que se refiere a las víctimas afectadas en su derecho a la protección de la salud, se registraron 17 mil 128 personas, 6 mil 479 hombres y 3 mil 783 mujeres. Del restante, no se especificó su sexo.

La desagregación por sexo de las violaciones específicas que atentan contra este derecho muestra algunas diferencias entre mujeres y hombres: más mujeres son afectadas por abandono del paciente (65 %) y por negligencia médica (54 %). En las demás violaciones la mayoría de las personas afectadas son hombres, destacando la omisión de la prestación de atención médica (72 %) y la obstaculización, restricción o negativa al acceso a los servicios de salud (66 %).

Principales violaciones al derecho a la vida

El derecho a la vida es un derecho fundamental que protege a la persona de ser privada de la vida por terceros y obliga al Estado a respetarla en el ejercicio de sus funciones.

Entre otras violaciones a este derecho destacan la desaparición forzada con 111 casos (14 %), la omisión en la investigación de actos que atentan contra el derecho a la vida (97 hechos – 12 % –) y la ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria (42 hechos – 5 % –).

Las violaciones al derecho a la vida afectaron a 837 personas, de las cuales 56% fueron hombres y 24% mujeres. Del restante, no se contó con información de su sexo. Por violación específica se tiene que hubo 128 víctimas de desaparición forzada, entre ellas 30 mujeres (23%) y 91 hombres (71%); 62 personas relacionadas con ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria (76% hombres y 18% mujeres) y 58 personas afectadas por omisión en la investigación de actos que atentan contra el derecho a la vida (76% hombres y 19% mujeres).

Los principales responsables

Las servidoras y servidores públicos señalados por las personas quejosas como responsables de las violaciones denunciadas, pertenecían en su mayoría a instituciones estatales con 82 mil 220 presuntas violaciones (51%), seguidos por las instituciones municipales (56 mil 302 – 35% –) y por último las federales (22 mil 185 – 14% –). Esta situación era similar en 2014, cuando 60% pertenecía al orden estatal, 27% al municipal y 17% al federal.

En 2015, respecto de las autoridades federales, las principales instituciones señaladas fueron: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de

Migración, Policía Federal, Procuraduría General de la República, Sistema Penitenciario Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

En el ámbito estatal: las procuradurías o fiscalías generales de justicia de las entidades federativas, Secretarías de Seguridad Pública estatales y Secretarías de Educación Pública estatales.

Mientras que en el orden municipal, la mayoría de las violaciones se atribuyeron a los Ayuntamientos (presidencias municipales, sindicaturas, regidurías) y a las Secretarías o Direcciones de Seguridad Pública municipales.