Los senadores del PRI y el PAN intentan argumentar lo contrario.

CIUDAD DE MEXICO, 30 de noviembre del 2016.- En la sesión de este día, el Senado de la República aprobó con 62 votos a favor y 13 en contra, el dictamen por el que se reforman las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, con lo que consumó la militarización de los puertos mexicanos.

Oficialmente, el propósito del dictamen, que se remitió a la Cámara de Diputados, es reorganizar las funciones y facultades de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Marina (Semar), para cumplir compromisos a nivel nacional e internacional, con las leyes de puertos, navegación y comercio marítimo, y para reforzar la seguridad en los puertos y costas del país.

La reforma pretende actualizar diversos ordenamientos jurídicos para dar cumplimiento a los objetivos y metas que se han planteado la Semar y la SCT, a fin de que cuenten con instrumentos que les otorguen certeza jurídica para desempeñar de mejor manera sus atribuciones, facultades y obligaciones encomendadas en el rubro marítimo y portuario.

En el texto del dictamen, se precisa que, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Semar es una dependencia de la Administración Pública Federal y, por lo tanto, en el ámbito administrativo le corresponde ejercer la soberanía en el mar territorial, espacio aéreo y costas del territorio; la vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, y las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales de los que México sea parte, en la Zona Contigua y en la Zona Económica Exclusiva.

Además, le corresponde ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas en materia de cumplimento del orden jurídico nacional; búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en la mar; vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales, y protección marítima y portuaria, en coordinación con la SCT, en los términos que fijan los tratados internacionales y las leyes de la materia.

Agrega que la Semar y la Armada de México son entes diferentes y que la organización, administración y preparación del instituto armado constituye una de las diversas atribuciones con que cuenta la Semar en el rubro marítimo; por lo que la transferencia de las atribuciones en materia de marina mercante, se harían a la Semar como dependencia de naturaleza administrativa y por lo tanto, civil, y no a la Armada de México, institución de naturaleza militar.

En el texto del dictamen además se expone que debido a las modificaciones constantes a los instrumentos emitidos por la Organización Marítima Internacional, como las reformas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS/74) y al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL73/78), entre otros, es necesario que el Estado mexicano armonice su legislación en materia marítima.

Justifican PRI y PAN militarización

Al presentar el dictamen, el senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, precisó que el corazón de la reforma es transferir la operación de las 110 capitanías de puerto que hay en el país, de la SCT a la Secretaría de Marina.

“No se militarizan los puertos del país, ni se transfiere la operación de capitanías de puerto, es sólo en términos de seguridad; no implica presupuesto adicional alguno, ni los trabajadores perderán su empleo o derechos laborales y demás prestaciones, y no afecta el comercio y actividades portuarias, marina mercante ni operación de las administraciones portuarias integrales (APIS)”, intentó explicar el panista.

El titular de la Comisión de Marina, Ricardo Barroso Agramont, destacó con este dictamen se beneficia al Estado mexicano, se fortalece el Estado de Derecho, el cumplimiento de los instrumentos internacionales, acuerdos regionales y de la legislación nacional en concordancia con la política gubernamental para mostrar a México como actor con responsabilidad global.

Además, dijo, se evitarán confusiones y vacíos de autoridad ante la comunidad marítimo nacional, pues a través de estos, se sirve la delincuencia y el crimen organizado para hacer y vulnerar el Estado mexicano.

El legislador campechano, Raúl Aarón Pozos Lanz, destacó que es a través de los puertos que se generan empleos, una gran actividad turística, riqueza de ecosistemas, por lo que subrayó que la propuesta del Ejecutivo está encaminada a proteger el funcionamiento de este importante sector.

Indicó que la iniciativa busca proteger y hacer eficiente el funcionamiento del sector y dijo que con este proceso se cumplen con los estándares establecidos a nivel internacional y con los lineamientos que establece la Organización Marítima Internacional, además, abundó, no habrá afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la Secretaría de Marina, pero lo más importante, subrayó, es que se va a estar en mejores posibilidades de proteger nuestra nación y preservar la soberanía nacional.

Dictamen viola Constitución

En contra del dictamen, el senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca afirmó que el dictamen viola la Constitución, genera dos autoridades responsables en la misma materia y deteriora la estructura jurídica del país, al regular a través de una ley y no, a nivel constitucional.

Manifestó que el dictamen parte de premisas falsas, porque plantea una indebida estructura del gasto y desconoce las actividades de las más de 15 organizaciones que se han encargado de la seguridad y protección marítima, y “que no han dado tantos problemas”.

El dictamen corresponde a una propuesta enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República, en marzo de este año.