La CNDH subraya que las personas privadas de su libertad no están privadas de su dignidad

CIUDAD DE MEXICO, 26 de noviembre del 2016.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de Luis Raúl González Pérez, convocó a sumar esfuerzos para entender y atender los diversos problemas del sistema penitenciario nacional, porque la corrupción, la violencia y la impunidad no pueden seguir siendo elementos que definan a las cárceles de nuestro país.

El organismo nacional aseguró que la debida y oportuna aplicación y observancia de la ley, así como el acceso efectivo a la justicia, no son ajenas a la actividad penitenciaria, como tampoco puede asumirse como una premisa que las personas internas no tengan ningún tipo de derechos y deban soportar cualquier clase de abusos.

En el mensaje trasmitido en la ceremonia inaugural del XI Congreso Nacional “Derechos Humanos, Sistema Penitenciario y Combate a la Corrupción: Desafíos Contemporáneos”, donde participó Antonio Luigi Mazziteli, representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el presidente de la CNDH sostuvo la importancia de atender todas las clases de violaciones de derechos humanos.

Se requiere, dijo, trabajar para lograr un sistema penitenciario eficaz y eficiente, que cumpla debidamente con los propósitos que persigue, respetando los derechos humanos, al margen de prácticas de violencia, corrupción y abusos contra las personas.

Afirmó que si una persona se encuentra privada de su libertad no implica que también se le prive de su dignidad.

Destacó la importancia de este Congreso Nacional, cuya realización se plantea en un momento complejo y de grandes desafíos para nuestro país en el ámbito penitenciario, dentro de un contexto de desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades e instituciones, debido, en gran parte, a la corrupción e impunidad que se advierte de manera cotidiana.

Con la presencia de Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, y Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, González Pérez indicó que desde hace varios años, tanto la CNDH como otros actores han evidenciado y reclamado la atención de las situaciones problemáticas del sistema penitenciario, que van desde sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno, hasta falta de una infraestructura adecuada y convivencia entre población procesada y sentenciada, así como deficiencia en los servicios de salud, condiciones mínimas de seguridad y necesidad de capacitación del personal, entre otras.

Aseveró que la corrupción incide en que se presenten esos problemas: “la corrupción inhibe o debilita las capacidades institucionales y humanas; ataca los cimientos de nuestro Estado de derecho y fortalece la impunidad. La corrupción propicia que se violen derechos humanos y que se vulnere la dignidad de las personas”.

Ante legisladores, investigadores, expertos, representantes del Poder Judicial, funcionarios de diferentes entidades federativas, representantes de la sociedad civil, académicos e interesados en la materia, que participaron en el Congreso, organizado por la CNDH y miembros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, dijo que el sistema penitenciario es un entorno donde se reflejan y potencializan los problemas existentes en nuestro país en materia de derechos humanos.

La desigualdad, la exclusión, la falta de un acceso real y debido a la justicia, del respeto y aplicación de la ley, así como la impunidad y la corrupción –explicó—, adquieren en nuestras cárceles algunas de sus formas de expresión más acabadas, ocasionando a sus víctimas afectaciones más grandes y duraderas que aquellas que sufriría quien no se encuentra privado de la libertad.

Enfatizó el tema de las mujeres en prisión y destacó el apoyo que da la Comisión Nacional a la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género”, la cual ha sido promovida por ONU Mujeres, y se llevará a cabo desde el viernes 25 de noviembre hasta el próximo 10 de diciembre.

Con esta actividad, la CNDH también se sumó a la jornada de los “16 días de activismo por la no violencia hacia las mujeres”, incorporando el tema específico de la mujer en prisión y sus derechos humanos, al análisis de las Reglas de Bangkok de la ONU, y reflexionando sobre las problemáticas específicas de las mujeres privadas de la libertad, así como la condición de la mujer dentro del sistema de justicia penal.

Ruth Villanueva Castilleja dijo que México vive situaciones especiales que demandan multiplicar esfuerzos para atender temas como los sistemas penitenciarios y anticorrupción. Asimismo, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos es la base para asegurar un sistema penitenciario ya que ha sido fundamento para la legislación específica.

Señaló que en materia de reinserción social se privilegia la capacitación del trabajo, con perspectiva de derechos humanos, y puntualizó que todo ello será abordado en las distintas mesas del Congreso, de donde se obtendrán resultados concretos.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Elías Huerta Psihas, apuntó que la corrupción es el origen de fenómenos como inseguridad, impunidad y un limitado e insuficiente acceso a la justicia. Dijo que estas conductas son herencia negativa que ha florecido con gobiernos autoritarios locales que sofistican actos inmorales para enriquecerse a costa de la pobreza, el atraso y la marginación de la mayoría de los mexicanos.

Tras detallar que, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, relativo al sector público, de 175 países evaluados, México está en el lugar 105, dijo que algunas regiones del país atraviesan por una situación de violaciones de derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Quizá la parte más crítica, en la que concluyen la corrupción y la violación de derechos humanos es el sistema penitenciario nacional, sector en donde los esfuerzos que los gobiernos hacen por mejorar las cárceles y tratar de solucionar su compleja problemática fracasan una y otra vez, a pesar de cuantiosas inversiones”, indicó.

Llamó a sociedad y autoridades a intensificar trabajos tendentes a la prevención del delito y régimen penitenciario, para que en el futuro próximo se alcancen niveles como los que se viven en países desarrollados, como Holanda, donde se han cerrado 19 cárceles por falta de delincuentes.

Se pronunció por instrumentar mecanismos para el combate a la corrupción y reforzar las políticas públicas para la prevención y respeto de los derechos humanos de todos los mexicanos.